Agroquímicos: un fallo obliga a un municipio a proveer agua potable

Contaminación en Lobos. Un grupo de vecinos presentó un recurso de amparo. Un estudio halló una concentración de herbicida 45 veces mayor a la norma europea.

Damián y Paula cierran las ventanas al advertir que fumigan en un campo cercano. Nicolás nota cambios en las hojas de los árboles de su patio. 
María Florencia siente mal gusto en el agua de pozo y hace meses que solo toma agua envasada. Tras comprobar que las napas, el suelo y hasta la lluvia tienen pesticidas, presentaron un recurso de amparo y la Justicia ordenó a la Municipalidad de Lobos a proveerles agua potable. 
La medida cautelar, a la que accedió Clarín, responde a preservar "el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad" en una zona productora de maíz y soja, a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En principio, la Municipalidad de Lobos deberá proveer con bidones de agua "sin arsénico ni agrotóxicos" a clubes, escuelas y centros de salud y a los vecinos que presentaron en junio un estudio ambiental realizado en forma independiente con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Balcarce. 
El análisis de químicos, financiado por casi 370 vecinos, encontró 11 plaguicidas distintos en aguas subterráneas a diferentes profundidades, de donde se extrae agua de pozo para consumo familiar, y 10 plaguicidas en el agua de lluvia, a partir de una muestra tomada el 9 de abril. 
En la red de agua corriente del municipio también se detectó la presencia de químicos. Por ejemplo, el herbicida 2-4-D tenía una concentración en el agua 45 veces superior a lo aceptado por la Unión Europea. 
Los resultados son "escalofriantes", define por teléfono María Florencia Polimeni. La mujer vive desde el 2013 en Lobos y fue una de las impulsoras del estudio, tras observaciones de vecinos sobre las fumigaciones. "Me dio mucho miedo. Yo les doy agua todos los días a mis hijas de 15 y 11 años. Es difícil aceptar que uno vive en un ambiente que te pone en peligro", cuenta a Clarín. Tras escucharla en una radio, una señora del barrio se comunicó con ella. "Me llamó llorando. Estaba preocupada, porque tenía manchas en la piel y hace tiempo que le sentía sabor raro al agua. Me dijo: ?No sé qué hacer porque no tengo plata para comprar agua envasada". 
Además de disponer la entrega de agua potable para las instituciones, el municipio deberá entregar agua a los diez vecinos que presentaron el amparo. Los bidones deberán alcanzar para el consumo, la higiene y la cocción de alimentos de todos los integrantes de la familia. Se debería am pliar la demanda para otros vecinos. 
Por otra parte, la Justicia ordenó la realización de nuevos estudios periódicos. 
El primero estará a cargo de la Municipalidad que deberá informar los resultados cada dos meses. 
También deberá intervenir el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) con un Plan de Vigilancia Epidemiológica durante seis meses. 
Deberá estudiar aguas subterráneas e informar sobre el supuesto uso indebido de agrotóxicos. 
Pablo Fazio, otro de los amparistas, está preocupado por "el grado de negacionismo" que nota en funcionarios y en algunos productores. "En pueblos rurales estudiar los efectos de los pesticidas implica abrir un debate sobre la política agropecuaria y eso genera tensión". 
"Muchos temen denunciar o perder el trabajo. O dicen: ?Si impiden el uso de pesticidas, el rendimiento no alcanzará?. Pero es suicida, porque sus familias también toman el agua y están expuestas a enfermedades. Y hay prácticas de agricultura sustentables", señala. 
La decisión de pedir un amparo en la Justicia surgió tras presentar los análisis al municipio. "Pusieron en duda los resultados y dijeron que no era tan grave. Se viola algo básico que es el derecho al agua", alertó. 
Clarín consultó a la Municipalidad de Lobos si acatará el amparo, pero desde el área legal contestaron que aún no tienen "notificación por parte de ningún órgano de la justicia" en relación al "supuesto amparo", lo que se podría resolver esta semana cuando finalice la feria judicial invernal. 
Damián Lencina (35) y Paula Rabinovich (33) son biólogos y llegaron hace 8 años desde la Ciudad de Buenos Aires para dedicarse a la producción agroecológica. Viven en una zona rural, a 8 kilómetros del centro de Lobos. Al principio cosecharon para auto sustentarse y con el tiempo comenzaron a dar talleres y producir para abastecer a otros vecinos. 
"Nos mudamos acá porque queríamos rescatar las prácticas sustentables, pero cada vez que fumigan en campos cercanos nos tenemos que meter adentro de la casa o nos vamos", cuenta Paula, que está embarazada. 
A veces, sienten el olor y les hace doler la cabeza. "Pero el problema real es a largo plazo con la aparición de enfermedades crónicas", señala Damián y asegura que no hay información sobre la toxicidad de los pesticidas: "Esperábamos que el estudio ambiental mostrara algo más leve". 
Es un "cóctel de toxicidad", define Paula. "Con este amparo nos vamos a dormir con la conciencia tranquila. Yo curso mi primer embarazo y enterarse de estas cosas es duro". 
Nicolás Olalla (43) es de Lobos. Estudió biología en La Plata y volvió en 2014 junto a su familia. En 2020, participaba como asesor en el Concejo Deliberante para la regulación del uso de fitosanitarios cuando notó que las hojas de los árboles de su casa, en la zona de quintas, tenían un aspecto extraño. Y halló que vecinos de Trenque Lauquen habían reportado casi las mismas anomalías: "Se ven deformaciones de las hojas y ramas en las que se detiene el crecimiento. Todo era producto de la deriva de plaguicidas de los campos de soja". 
Lo segundo que lo "alarmó" fue que varios estudios relacionaban el consumo de pesticidas, como el 2-4-D, la atrazina y el glifosato con la aparición de enfermedades endocrinológicas: "Yo me crié acá y mi mujer en Chivilcoy. 
Ambos consumimos agua de pozo desde chicos y de adultos desarrollamos problemas de tiroides". 
El estudio detectó la presencia de 6 plaguicidas, 2 herbicidas y 2 fungicidas en vegetación de la ciudad. "Los plaguicidas no se quedan en los cultivos como afirma el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos, porque se aplican en cantidades que superan en 5 veces lo que se admite en Europa y porque su propia química molecular los vuelve incontrolables", señaló Olalla, que también presentó un amparo. "Algunos plaguicidas son disruptores endocrinos además de cancerígenos", detalló. 
El municipio también deberá proveerle agua. "Nos sumamos como amparistas porque no queremos que nuestras hijas estén expuestas a los agrotóxicos. Ya compramos agua para beber, pero soy docente y no me alcanza el sueldo. Por ahora debemos usar el agua de pozo para cocinar".  
 

Fuente: Clarín