Crece una toma de tierras en La Plata y podría ser la mayor de la Provincia
Es en un predio de 155 hectáreas en Los Hornos. Preocupan los riesgos sanitarios y de seguridad.
Parados en el punto donde termina el asfalto, en la esquina platense de 143 y 76, asoma un crucigrama delineado con sogas, alambres, palos y varillas. Algunas cuadrículas están identificadas con carteles escritos con tiza o fibrón: "Flia. González"; "Yiyo"; "Augusto y Pepi". En otras, la propiedad se defiende con presencia.
En esa misma esquina, Gendarmería hace una custodia testimonial del predio de 155 hectáreas que se cumple el décimo día de usurpación. Por la dimensión, la que sería la ocupación más grande de la Provincia.
Los terrenos que hasta 2014 administró el Club de Planeadores La Plata, a 20 minutos del centro, ahora están fraccionados en centenares, a los que se aferran más de 500 personas. Un número variable: cada hora, entran familia.
El campo está delimitado por las calles 90,155, 76 y 141. Pertenece a la localidad de Los Hornos y está sobre el límite entre el entramado urbano y el sector semirrural.
En 1959 allí comenzó a funcionar la escuela de aviación del club. La entidad tenía un convenio con la Agencia Nacional de Aviación Civil y con el Estado nacional para usar el terreno. Se hacía cargo del mantenimiento y los impuestos.
En 2014, entusiasmadas por una política que planteaba nuevas urbanizaciones para beneficiarios de planes de vivienda, las autoridades municipales (el intendente era Pablo Bruera) decidieron terminar el contrato con el club. Hubo planteos ante la Justicia y denuncias porque algunos militantes que acompañaron la iniciativa oficial se habrían quedado con algunos objetos que estaban en el inventario de la asociación.
El proyecto para promover el plan habitacional no prosperó. El lugar quedó abandonado. En paralelo, crecieron las necesidades de las familias sin techo, en una región donde -según el Indec- el 31% de la población es pobre y el 7,7%, indigente. Estimuladas por el efecto contagio y por alguna persuasión de punteros o referentes políticos no identificados, el 17 de febrero comenzaron las intrusiones.
Desde los barrios "la 96", "Puente de Hierro" y "Esmeralda" llegaron personas con alambres y cintas para el loteo improvisado.
"Se armó un grupo de WhatsApp y nos enteramos. No puedo seguir pagando el alquiler. Me quedé sin trabajo y nos turnamos con amigos para custodiar", contó a Clarín Sebastián López (21), en pareja, papá de una beba.
La usurpación pasó por dos etapas. La primera abarcó del 17 hasta el 20 de febrero, cuando un operativo de la Policía bonaerense dispuso un desalojo. Hubo algunos intentos de agresión, pero tras varias horas, las familias se retiraron. La decisión fue por la intervención de la Agencia de Bienes del Estado (ABES), propietaria del predio, que denunció ante la Justicia provincial. Intervino la fiscal Ana Medina, quien dispuso la actuación policial. Pero el expediente pasó al Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Adolfo Ziulu, se retiró a la Bonaerense y se instaló un puesto de gendarmes. El fin de semana largo se reanudó el ingreso de familias.
En el cuadriculado imperfecto ya asoman las primeras construcciones de chapa y cartón. "A medida que pasan los días, se hace más difícil la posibilidad de desalojo. No hay organizaciones sociales con quienes negociar", dicen autoridades. Sí asoman asociaciones informales que comercializan fragmentos de tierra por redes sociales. Piden entre 10 mil y 50 mil pesos. Lejos, muy lejos de los valores de mercado. Una estimación que realizó para Clarín un agente inmobiliario indica que se pueden disponer entre 5.000 y 7.000 terrenos, con espacios verdes y calles. Y se obtendrían US$ 120 millones. Un escenario irreal, si se observa la situación hoy.
"Antes de permitir la entrada de miles de personas es necesario contar con condiciones de habitabilidad", dijo el subsecretario de Tierra, Hábitat y Vivienda de La Plata, Augusto Sciaretta. Según explicó, el municipio "no avala" las usurpaciones y pretende avanzar con "una urbanización, la entrega de lotes sociales y la instalación de servicios". ¿Quién haría las obras? El Gobierno provincial anticipó que no hay recursos. Las autoridades formaron un "comité" para analizar el caso. La ABES no tiene facultades para un emprendimiento así. Y la Justicia no se expidió.
Gendarmería, con unos 10 efectivos, solo tiene la orden de "impedir disturbios internos". Al anochecer, "vienen grupos organizados y se apoderan de las fracciones para revenderlas". También tienen instrucciones de evitar el traslado de materiales de construcción. Pero es imposible controlar la labor minuciosa de hombres, mujeres y hasta niños que "filtran" hacia allí chapas, ladrillos, lonas y cartones.
Fuente: La Nación
