El ex intendente Garro, imputado por barrios privados irregulares

Un fiscal lo acusa de canjear permisos por lotes y exigir la contratación de ciertas empresas. Habría documentos alterados en expedientes municipales y sobreprecios.

La fiscalía a cargo de Juan Cruz Codomi Alcorta imputó este lunes al ex intendente de La Plata, Julio Garro, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la autorización ilegal de 400 barrios privados en la ciudad. El dictamen refiere a la posible comisión de los delitos de asociación Ilícita, Incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad Ideológica de documento público, y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. 
En el marco del expediente y tras la imputación del Ministerio Público Fiscal, se realizaron diversos allanamientos en propiedades y oficinas vinculadas a ex funcionarios municipales y empresarios del sector de la construcción. Según se informó oficialmente, entre los domicilios allanados se encuentran las sedes de las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., las cuales "habrían tenido un rol clave en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos". 
El dictamen del fiscal da por acreditado que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre de 2023, "varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios y particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización Provincial respectiva para cada emprendimiento". 
Esto, remarcó el fiscal en el dictamen al que accedió Clarín, lo habrían realizado "tanto en beneficio propio como de distintas empresas desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de 1.500.000.000 dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en 700.000 millones de pesos. Al momento de explicar los hechos, el fiscal Condomi Alcorta señaló que la colección de pruebas, le permitieron constatar "uno de los presuntos hechos ilícitos". 
Se refirió a uno de los desarrollos urbanísticos mencionados, llamado La Cañada y que se formalizó con el Expediente 4061- 1196218/2022, iniciado con fecha 7 de junio del 2022, ante la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata a cargo de la secretaria de Planeamiento Urbano María José Bota, para el pago de plusvalía en concordancia con la Ordenanza 12.031 y el Decreto 66/21 por Agrycon S.A. a través de su Presidente Cecilia Mayocchi, quien requirió el pago de la plusvalía en cuestión mediante la realización de obras de infraestructura en favor de la sociedad toda. 
De acuerdo con la investigación, se detectó un esquema en el que se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora, presuntamente propiedad de funcionarios de la gestión de Garro para urbanizar los barrios. 
Asimismo, se investiga la relación del ex intendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, que opera en City Bell y Punta del Este y está sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares. 
Entre las pruebas recabadas hay documentos alterados en expedientes municipales, sobreprecios en obras públicas y desvíos de fondos en convenios urbanísticos. 
Según el expediente, en sus 8 años de gobierno Garro autorizó "por ordenanza o decreto más de 400 barrios privado a cambio del 20% de los lotes, violando expresamente la normativa provincial". 
Acto seguido se aprobaban las obras de pavimento, agua, luz y gas "si los desarrolladores las hacían con la empresa constructora que les proponía y que era de su propiedad". 
 

Fuente: Clarín