Agenda de la mañana
Gobierno argentino en crisis: La internación de Guillermo Francos sacudió la Casa Rosada, en medio de tensiones con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo. Silencio oficial sobre coimas en YCRT, con Thierry Decoud en la mira. División en la UCR por ley jubilatoria vetada, mientras caen 136.000 empleos y 1M de hogares dependen de subsidios. Juez Rafecas libera a acusado de explosivo en SRA por error en prueba. Villarruel implementa control por huella en el Senado tras escándalo de Abdala. Bancos celebran aumento del crédito al sector privado.
El Gobierno argentino atraviesa una serie de crisis que han sacudido la Casa Rosada y el panorama político. La internación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, generó conmoción en medio de tensiones con Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo, mientras el Gobierno guarda silencio ante las acusaciones de coimas en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), con el interventor Thierry Decoud en la mira. El bloque radical de la Unión Cívica Radical (UCR) está dividido por la ley vetada que buscaba recomponer los haberes jubilatorios, y el empleo asalariado privado sigue cayendo, con la pérdida de más de 136.000 puestos desde la asunción de Milei, mientras que casi un millón de hogares se ha sumado a los subsidios de luz y gas. El juez Daniel Rafecas liberó al acusado del envío de un paquete explosivo al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, tras descubrirse un error en la prueba antropométrica, mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel implementa un sistema de control de asistencia por huella digital en el Senado tras el escándalo de Bartolomé Abdala. En medio de esta compleja situación, los bancos celebran el aumento del crédito al sector privado, que ha crecido un 46% en los últimos cuatro meses, mostrando un repunte en ese sector clave. Temas del día El jefe de Gabinete, pieza clave de la gestión libertaria, terminó hospitalizado tras un pico de estrés y recibió el alta 36 horas después. Las decisiones de Milei, los desacuerdos con Santiago Caputo y un tenso diálogo con Adorni. La exigente agenda que tiene por delante la Casa Rosada El Gobierno vivió los últimos cinco días arriba de una montaña rusa. Si bien ninguna crisis es oportuna, el sobresalto que provocó la internación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, excedió largamente las fronteras de la Casa Rosada y del oficialismo y le sumó presión a una administración que enfrenta una apretada agenda de desafíos políticos. Fueron 36 horas de incertidumbre, que terminaron después de la frase que pronunció él mismo al salir de la clínica de Belgrano: ?Sí, continúo?. Es que la inquietud por su futuro no sólo estaba en el oficialismo, sino que alcanzaba al denominado ?círculo rojo?. El comunicado que difundió la Clínica Sagrada Familia ofreció una precisión médica que había estado ausente en la previa. Los datos confirmados sirven para darle dimensión y también explicación a los hechos. El centro de salud especializado en afecciones neurológicas reveló que el ministro coordinador ingresó ?post descompensación por un cuadro sincopal y pérdida de conocimiento?. Llegó allí en la madrugada del sábado al domingo, en emergencia y proveniente del hospital de Pacheco. Más allá de que la Casa Rosada había indicado la mañana del domingo que fue por un ?cuadro gastrointestinal agudo? que derivó en una lipotimia, los últimos médicos que trataron al jefe de Gabinete evitaron esas referencias. Francos, de 74 años, terminó internado después de una acumulación de tensiones y desacuerdos con el ?triángulo de poder? que forman el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. La gota que rebalsó el vaso fue la diferencia de criterios que quedó expuesta en torno al decreto que reguló el acceso a la información pública. Pero hay una historia de desencuentros que se venían acumulando desde que el propio Francos desarticuló la maraña de funciones y atribuciones que había acopiado el antecesor, Nicolás Posse. En Casa Rosada le dijeron a Infobae: ?No es una interna. Puede haber un enojo, pero las decisiones que toman ellos tres son las decisiones del Gobierno, no hay una instancia superior?. El rigor de ese dispositivo apareció en este incidente. Al jefe de Gabinete la atmósfera tóxica que se genera en lo más alto del poder no le es extraña ni desconocida. Lo vivió en la década del 90, al lado de Domingo Cavallo, en el mundo corporativo, más tarde en el Grupo Banco Provincia, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y durante los comienzos de este mismo gobierno. ¿Pero qué pasó esta vez para que las tensiones terminaran en una crisis por estrés que tuvo en vilo al poder? La Casa Rosada dejó que el interventor Thierry Decoud, un dirigente del PRO, se defendiera solo de las acusaciones. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo convocará a Buenos Aires para que dé explicaciones.
El Gobierno buscó despegarse del escándalo por un presunto caso de corrupción en torno a una operación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó al Ejecutivo para poder privatizar. Entre la incomodidad por la seriedad de la denuncia y el desinterés por una compañía que Javier Milei marcó como prioridad para vender, tanto en la Casa Rosada como en los más encumbrados despachos oficiales optaron por el silencio a la espera de una explicación al interventor de la compañía Thierry Decoud, un dirigente del PRO que supo ocupar un cargo de alto rango durante la administración de Mauricio Macri. ?Máxima cautela, pero preocupación cero?, fue la cerrada respuesta que dieron en el Gobierno, donde puntualizaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, convocará a Decoud a una reunión en el Palacio de Hacienda para interiorizarse sobre el tema y evaluar los pasos a seguir en materia política. ?El tema lo van a analizar 'Toto', y (el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez) Chirillo, nosotros no nos vamos a meter?, indicaron a Clarín en Balcarce 50. En Economía explicaron a este diario que el ministro Caputo recién tomó conocimiento este lunes de la denuncia y que por lo tanto ?todavía no hay una definición al respecto?. ?Seguramente se analizará en profundidad qué pasó y luego hablaremos?, agregaron. Así, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, internado por un cuadro gastrointestinal, y ante la suspensión de la conferencia de prensa habitual del vocero presidencial Manuel Adorni, no hubo voces de primera línea del Gobierno que se pronunciaran por el supuesto pedido de coimas que quedó expuesto en el marco de la compra de 30 mil toneladas de carbón de baja calidad por alrededor de 2,1 millones de dólares que intentó concretar la firma de capitales israelíes TEGI Limited con YCRT. Al menos siete diputados de la UCR cambiarían su voto en favor del Gobierno y frustrarían la insistencia opositora; el rol de los gobernadores de Salta, Neuquén, Río Negro y Misiones El bloque de diputados de la UCR vuelve a perder la cohesión frente a la decisión de insistir, o no, con la ley que buscó recomponer los haberes jubilatorios, vetada por Javier Milei la semana pasada. A pesar de que fue uno de los primeros proyectos que unió al radicalismo, impulsor de la iniciativa, en este nuevo round parlamentario la incomodidad se apoderó de la bancada, cruzada por afinidades con la Casa Rosada, intereses regionales y especulaciones políticas personales. Los 33 diputados que componen el bloque liderado por el cordobés Rodrigo de Loredo discuten puertas adentro qué hacer en la sesión especial convocada para el miércoles, a las 11, donde una porción de radicales, junto a Encuentro Federal y la Coalición cívica, intentarán salvar la ley que propone una mejora en los haberes jubilatorios e incluye una nueva fórmula de movilidad. Se descuenta que se sumarán a esta cruzada los diputados de Unión por la Patria, conducidos por Germán Martínez, así como los cinco legisladores del Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Este lunes se oficializó la renuncia del entrerriano Pedro Galimberti para asumir como delegado en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a pedido del gobernador Rogelio Frigerio. Su salida deja con un integrante menos a la bancada radical dado que en su lugar asumirá Nancy Ballejos, de Pro, exaliados del frente Juntos por el Cambio. Hay al menos siete referentes de la UCR que podrían no acompañar la intención de sus colegas a pesar de haber votado a favor del proyecto en junio. Uno de los primeros en sincerar su posición fue el tucumano Mariano Campero, quien en la última reunión de bloque adelantó su voto negativo bajo el argumento de que los fundamentos del veto inclinaron su posición a favor del Gobierno. Lejos de tocar piso, el empleo privado aceleró su desplome En junio registró la décima caída consecutiva, de 0,2%, y desde diciembre ya se perdieron 136.000 puestos de calidad
Lejos de tocar piso, el empleo asalariado privado aceleró su caída durante junio, bajó un 0,2% respecto a los niveles de mayo, y cerró así un primer semestre del 2024 con seis caídas consecutivas que redundaron en la destrucción, desde la asunción del nuevo Gobierno, de 136.370 puestos de trabajo, siempre en el sector privado, y llegando a 182.547 puestos, si se suma el trabajo en el sector público y en casas particulares. Una encuesta publicada por la Secretaría de Trabajo señaló que en julio se pudo haber detenido la contracción y el Gobierno celebró. Trabajo publicó dos informes este lunes: por un lado, el de Situación y evolución del trabajo registrado según el SIPA, que mostró la dinámica efectivamente ocurrida en el total del universo del empleo registrado; y, por otro, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que es una muestra que se realiza entre 2.826 empresas con más de 10 empleados. La primera arrojó una contracción de 0,2% en el empleo en junio, lo que implicó una aceleración tras el 0,1% de baja en mayo. La segunda mostró una variación de 0%. Lejos de tocar piso, de esa manera, el empleo registrado privado continuó en baja y cerró el período noviembre-junio con una contracción acumulada del 2,1% en términos de puestos de trabajo, tal como reseñó el Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA ? Autónoma, Luis Campos, lo que implicó la destrucción de 136.370 puestos de calidad. El empleo total, incluso contando a los estatales y a los puestos en casas particulares, se contrajo un 1,8%, lo que significó la pérdida de 182.547 empleos. Se trata de datos oficiales a los que tuvo acceso Infobae y muestran el impacto de los incrementos de las tarifas en los usuarios residenciales. Las provincias en las que más crecieron los beneficiarios son aquellas en las que más subió la pobreza En lo que va del gobierno de Javier Milei hay 852.677 hogares más que reciben subsidios a la electricidad y de esos 111.114 también en gas natural por redes, en el marco de un proceso de fuertes aumentos en los servicios públicos que aplicó la gestión actual como parte de su hoja de ruta de ajuste fiscal y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. Las provincias en las que más creció la cantidad de beneficiarios son aquellas en las que más subió la pobreza: Corrientes, Formosa, Catamarca, Chaco y Córdoba. La información oficial a la que tuvo acceso Infobae surge del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) con datos correspondientes al período diciembre de 2023 y julio de 2024. Los números fueron ratificados en el informe de gestión que dio el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso. El esquema de segmentación tarifaria contempla la división de los usuarios residenciales en tres universos respecto a sus ingresos frente a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec: altos (Nivel 1), bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3). Esos dos últimos segmentos son los que reciben una bonificación en los precios de la energía que pagan en sus facturas, con topes de consumo más bajos desde junio, y representan casi 7 de cada 10 hogares. De ese total el 75% pertenece a sectores de bajos ingresos. Grave pifiada: la historia que no cerraba detrás del detenido por la Rural Alberto Santiago Soria había presentado una coartada que el juez Daniel Rafecas logró verificar. El jueves pasado a la hora del envío del paquete con el explosivo, él estaba tomando un curso de capacitación para la empresa en la que trabaja. Las fallas del estudio antropométrico de la Ciudad, el papelón de Bullrich y las verdaderas nuevas amenazas detrás de los alineamientos globales del gobierno libertario. Parecía una pifiada y fue nomás una pifiada. El juez federal Daniel Rafecas puso en libertad a la persona que había quedado detenida por el caso del paquete explosivo enviado al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Alberto Santiago Soria presentó una coartada y el magistrado la verificó: el jueves pasado, a la hora del envío del paquete, desde una librería de Barracas, Soria estaba en una capacitación en el Salguero Plaza en Barrio Norte. El estudio antropométrico que hizo el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad resultó errado: comparó la imagen de quien mandó el paquete, tomada en la librería de Barracas, con la foto del titular de la tarjeta SUBE de Soria. El diagnóstico, textual, fue el siguiente: ?A es igual a B?, o sea que el individuo de la librería era Soria, sí o sí. Pero resultó que no, que el estudio antropométrico dio un resultado equivocado y el que mandó el paquete no era Soria. Rafecas actuó de inmediato y ordenó la libertad del detenido. Sucede después de que el libertario Bartolomé Abdala reconociera que tiene asesores trabajando en San Luis en su campaña. Desde el Senado dijeron que hace meses se trabaja en la implementación del nuevo sistema.
La titular del Senado y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, firmó este lunes un decreto por el que se implementa una nueva medida en el combate contra los empleados que cobran su salario pero no concurren a su lugar de trabajo. El Decreto 004/24 dispone que desde el jueves 12 de septiembre se implementará en cada dependencia el sistema de Huella Digital para verificar la asistencia de los empleados. La decisión se conoce menos de una semana después de que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, reconociera que tiene 20 asesores en su equipo y que la enorme mayoría de ellos está en San Luis trabajando para su campaña para la gobernación de esa provincia. Pero desde la Presidencia del Senado explicaron a Clarín que hace meses se venía trabajando en la implementación del nuevo sistema y que en este período se le tomó las huellas de todos los dedos al personal. Dijeron que la implementación es apenas una coincidencia con el escándalo de Abdala. Según el artículo 1° de la norma, "el cumplimiento de la jornada laboral se acreditará y fiscalizará a través del sistema de control de presentismo por datos biométricos, mediante el cual los agentes deberán registrar su ingreso y egreso a su puesto de tareas en los correspondientes dispositivos consignados al efecto?. La decisión de implementar un control hacia el personal legislativo la viene llevando a cabo el Senado desde comienzo de año, a través de la secretaria administrativa María Laura Izzo, en acuerdo con los gremios que representan a los empleados legislativos. El decreto, en ese sentido, estaba redactado desde hace tiempo, pero su aplicación se demoró y fue recién ahora cuando se comunicó. Coincidió, así, con la polémica declaración de Abdala en TN, que le valió críticas de diferentes funcionarios, como Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Javier Milei. Bancos celebran aumento de créditos: subieron 46% en cuatro meses ADEBA destacó que agosto fue el cuarto mes consecutivo de crecimiento del crédito al sector privado. Todas las cifras del repunte. El crédito bancario al sector privado continúa creciendo. Desde mayo a agosto del presente año se otorgaron préstamos por $ 10.942 miles de millones, lo que representó un crecimiento real del 46% en solo cuatro meses. "Agosto fue el cuarto mes consecutivo de crecimiento del crédito al sector privado; eso ya es una tendencia, la recuperación del crédito está ocurriendo", expresó Javier Bolzico, presidente de ADEBA. "Siempre dijimos que cuando se den las condiciones mínimas, los bancos saldrían a dar créditos; lo estamos haciendo: 46% aumentó el crédito en pesos desde mayo", celebró. En los meses de mayo, junio, julio y agosto los créditos en pesos subieron en términos reales a tasas del 7%, 11%, 13% y 10%, respectivamente. Se mantiene así una seguidilla de cuatro meses ininterrumpidos, con un crecimiento promedio del crédito en torno al 10% mensual, luego de ajustar por inflación. Si bien el nivel de crédito es históricamente bajo, el crecimiento registrado ya supera los niveles de fines de 2023. Además, según el presidente de ADEBA, "los datos de alta frecuencia de septiembre nos permiten ser optimistas: el crédito sigue creciendo". Javier Milei, una pieza en el ajedrez de Cristina Kirchner Radiografía de un país empobrecido; la imagen del Gobierno en las encuestas; por Villarruel coinciden el Presidente y Cristina; Kicillof, en la mira; movimientos postcamporistas; la trampa Lijo Por debajo de los avatares de la política, de las discusiones y los problemas, va transcurriendo la transformación de un país que cambia de fisonomía. Lo hace, muchas veces, sin que ese cambio sea advertido por nosotros mismos. Es una mutación en cámara lenta que se consolida con el descenso de la inflación. Algunas encuestas registran los datos de esta transformación que, cuando uno la advierte, se vuelve sorprendente. Un trabajo de Hugo Haime, un encuestador prestigioso y tradicional, muestra cómo percibe la gente el nivel social al que pertenece. Observa un cambio de largo alcance. Compara el 2002, que tiene como hito la salida de la convertibilidad, con el 2024. Hace 22 años atrás, 2,4% de las personas se consideraba de nivel alto. Actualmente, menos de la mitad se ve de esa manera: el 1,1%. Con respecto al nivel medio, estaba compuesto por el 35,2% de los encuestados en 2002. Hoy representa al 24,8%. Si nos detenemos en el nivel bajo medio, conformado por un público muy ligado a Milei, estaba conformado por el 38,7% hace dos décadas. Ahora alcanza al 33,6% de las personas. Sin embargo, la gran novedad se encuentra debajo de estos niveles: ¿Quién se considera pobre? En el 2002 era el 23,6%. En el 2024 el 40,5%. Cabe destacar que ambos fueron años en los que había crisis. Otra encuesta, esta vez de Isonomía, compara los mismos datos, pero comprendidos en 2011 y 2024. En el 2011, el 70% representaba a quienes querían vivir en un país donde la mayor parte de las cosas las hace el Estado por sobre el privado. Fue el año en el que Cristina Kirchner ganó por el 54% de los votos. Hoy, en 2024, sólo el 42% quiere residir en una Argentina que sea estadocéntrica. Hay un cambio de sensibilidad respecto del Estado. ?¿Cree que el Estado es más ineficiente que el privado??, es otra de las preguntas que plantea el estudio. Para ambos casos, sí. Hace 13 años atrás, el 69% coincidía con aquella afirmación. Actualmente, solo bajó un punto y se encuentra en 68%. En relación a la percepción de la ciudadanía respecto de su nivel social, en 2011 el 70% se incluía dentro de las clase media. Ahora solo el 35%. El fenómeno inverso y llamativo, que hace juego con la labor de Hugo Haime, ocurre para con la clase baja. En 2011 representaba al 29% y hoy está conformado por el 63% de los encuestados. Un protocolo cuestionado para desatar una eventual "batalla campal" En Casa Rosada advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula varios cuestionamientos y la justicia mira para otro lado. Todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA. En la Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Patricia Bullrich se vanagloria públicamente. Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema". Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la llegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias. La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). © 2018 Ejes de Comunicación Ejes de Comunicación
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