Panorama de la Noche
La inflación de abril se desaceleró al 2,6%, marcando un respiro para el Palacio de Hacienda, aunque el acumulado anual ya consumió la meta presupuestaria de 2026. En una jornada de alta tensión política, Javier Milei denunció un "intento de golpe de Estado" por parte de sectores económicos y mediáticos, mientras el Gobierno aceleró la agenda de privatizaciones con el lanzamiento del pliego para la venta del 90% de AySA.
El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue del 2,6%, la cifra más baja en lo que va del año, impulsada por un anclaje del tipo de cambio y el congelamiento temporal de combustibles. No obstante, el dato agridulce es que la inflación acumulada en el primer cuatrimestre ya superó la pauta del 30% fijada originalmente para todo el año 2026. En sintonía con el frente financiero, el Banco Central extendió su racha positiva a 87 jornadas consecutivas de compras, sumando USD 140 millones y superando los USD 8.000 millones de acumulación anual.
En el plano político, el presidente Javier Milei brindó una entrevista al canal Neura donde denunció una conspiración para desestabilizar su gestión tras el triunfo legislativo en la Ciudad. Según el mandatario, existió un "intento de golpe" coordinado entre empresarios y medios de comunicación que buscaron generar una corrida cambiaria. Mientras tanto, en las calles de la Ciudad y el Conurbano, 1.500 efectivos desplegaron el operativo "Tormenta Negra" con allanamientos simultáneos en barrios vulnerables para desarticular bunkers de narcotráfico.
La agenda de reformas estructurales sumó capítulos clave: el ministro Luis Caputo confirmó que mañana se publicarán los pliegos para privatizar AySA, buscando un operador estratégico para el 90% de sus acciones. En infraestructura, la belga Jan de Nul se impuso en la licitación para el dragado del Puerto de Buenos Aires con una oferta de USD 4,9 millones, un 35% por debajo del presupuesto oficial. Finalmente, en el ámbito judicial, la Corte Suprema fortaleció la autonomía porteña al permitir que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA revise fallos de la justicia nacional, un movimiento que redefine el mapa jurisdiccional de la Capital.
