El futuro de los barcos casino de Puerto Madero, en manos de la Corte Suprema

La Ciudad apeló una medida cautelar que ordenó mantener vigente la concesión, vencida el mes pasado

El futuro de los barcos casino de Puerto Madero quedó en manos de la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá decidir si acepta un recurso de queja que presentó el Gobierno porteño contra una medida judicial que le permite a la empresa operadora de las salas de juego flotantes seguir explotando el negocio pese a que su contrato venció en octubre.

Según confirmaron fuentes del Gobierno porteño, la Procuración de la Ciudad y Lotería de Buenos Aires presentaron un recurso de queja, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Nación sostuviera la medida cautelar que había firmado en primera instancia el juez Pablo Cayssials, a favor de Casino de Buenos Aires.

La historia del conflicto tiene sus raíces en el momento mismo en que el primer barco casino, "Estrella de la fortuna", comenzó a operar, en 1999.

Pese a que la Constitución de la Ciudad prohíbe la explotación privada del juego en suelo porteño, el Gobierno nacional, que entonces controlaba la actividad pese a la autonomía de Buenos Aires, le otorgó igualmente la concesión. ¿Cómo sortearon el escollo legal? Con la explicación de que, como los barcos flotaban en el Río de la Plata, estaban en territorio federal y no de la Ciudad. En enero de 2006 se sumó el segundo barco, "Princess".

Esa decisión fue discutida legalmente por el Gobierno porteño, entre otras cosas porque le impedía cobrarle impuestos al juego, pero la Justicia siempre resolvió a favor del Casino con diferentes cautelares.

En 2016, tras la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia, la Nación le aumentó el canon del 20% al 30% a la empresa, y además traspasó el control del juego a la Ciudad, que empezó a cobrarles a las salas de juego el 12% de su facturación en concepto de Ingresos Brutos. El traspaso se concretó el 1° de julio de 2017.

Por este cambio, la empresa inició en 2017 un juicio contra ambos gobiernos. Su reclamo era que, dado que el Estado le había impuesto mayores gastos, la ecuación económica de su negocio había cambiado, y por lo tanto tenía derecho a que le prolongaran el contrato, por un plazo a definir.

La operadora está compuesta en un 50% por CIRSA (de capitales españoles), y el resto está dividido entre un 25% de HAPSA (la operadora del Hipódromo de Palermo) y otro 25% de Inverclub (de Ricardo Benedicto, ex socio de Cristóbal López ).

En abril último, el juez Cayssails le otorgó a Casino de Buenos Aires la medida cautelar por la cual se suspendía el final del contrato. La Ciudad apeló, pero el 18 de julio la Cámara le dio la razón al juez. Y el 24 de octubre rechazó un segundo reclamo del Gobierno porteño.
"Para nosotros, el contrato está vencido desde el 8 de octubre. Por eso ahora presentamos un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Mientras tanto, seguiremos cobrando el canon e Ingresos Brutos", confirmaron fuentes de Lotería.

El canon y los impuestos que le cobra la Ciudad a los casinos son los mismos que le caben a las salas de juego en el Hipódromo. Entre ambas actividades, el Estado porteño percibe $ 4.100 millones al año: cerca de $ 1.500 por las máquinas tragamonedas de Palermo y $ 2.600 por los barcos, según pudo averiguar el diario Clarín.

Como se sabe, la Corte Suprema no tiene plazos para resolver si acepta o no el recurso presentado por la Ciudad.

Fuente: Clarín