El gobierno porteño publica el primer índice oficial de pobreza multidimensional

La Dirección de Estadística de la Ciudad presenta hoy un indicador, que se considera superador de la medición por ingresos

Por primera vez, la Argentina tendrá un índice oficial de pobreza multidimensional que buscará ofrecer una visión más allá de los precios y los ingresos, cruce a través de los que la política y la economía analizan el flagelo en el país.

La decisión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es una novedad desde el ámbito estatal, ya que en la academia o el tercer sector es una profundización que trabajan desde hace algunos años tanto la Universidad Católica Argentina (UCA) como Unicef, por citar algunos actores trascendentales a la hora de entender la pobreza en el país a través de carencias, derechos incumplidos o dimensiones vinculadas a la falta de infraestructura pública, el acceso a la educación o la asistencia sanitaria, entre otras dimensiones.

La primera versión oficial se publicará hoy y mostrará que en 2019, el 20,3% de la población de la ciudad era pobre multidimensionalmente, o sea, por un determinado porcentaje de carencias en algunas de las dimensiones relevadas. Si se suma la imposibilidad de acceder a una determinada canasta de bienes y servicios (pobreza por ingresos), la cantidad de pobres era de 11,9%.

El desarrollo metodológico del indicador porteño estuvo a cargo de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce José Donati, en conjunto con la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad de Bristol (Reino Unido).

"La pobreza es un fenómeno que no puede resumirse en la posibilidad o no de financiar una canasta", dijo Donati ayer en un encuentro con algunos periodistas para presentar la primera medición de las condiciones de vida de manera multidimensional (MDM), del que también participaron María Eugenia Lago, a cargo de la Subdirección General de Estadísticas Sociodemográficas, y la licenciada en estadística y asesora Vanesa López.

Fuente: La Nación