Jorge Macri reforzó su perfil duro y reclamó la deuda a la Nación
Jorge Macri, encabezó ayer la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. En su discurso, buscó ratificar el rumbo que adoptó en las últimas semanas de mayor control del espacio público, alivio fiscal y orden de las cuentas públicas.
El jefe de gobierno, Jorge Macri, encabezó ayer la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña. En su discurso, buscó ratificar el rumbo que adoptó en las últimas semanas de mayor control del espacio público, alivio fiscal y orden de las cuentas públicas para resistir el avance de La Libertad Avanza (LLA).
"La ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden", arrancó el mandatario, que optó por un discurso menos hacia el oficialismo nacional, pero confrontativo con el peronismo y en particular con Axel Kicillof. "No queremos vivir como en el borde del conurbano", afirmó.
Durante la ceremonia de apertura, Macri buscó capitalizar sus últimas políticas orientadas a apuntalar una agenda de orden y control del espacio público, los ejes con los que buscará ir por la reelección en 2027. "Vine a dar las discusiones incómodas porque gobernar es decidir. Decidimos terminar con los piquetes y acampes para que los porteños y los que vienen todos los días puedan circular, ir a estudiar, trabajar o pasear libremente", aseguró. En este sentido, reivindicó el trabajo de la Policía de la Ciudad y la Justicia para avanzar con los desalojos de propiedades usurpadas y celebró los avances del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para terminar con la intermediación de la asistencia social.
"El dato es bien claro: siete de cada 10 personas que están en la calle vienen del conurbano. Por eso le pedimos al gobernador Axel Kicillof que se haga cargo. Este no es un tema para mirar para otro lado", puntualizó el alcalde, que, por otro lado, reclamó al gobierno nacional una readecuación de la ley de salud mental. Así, el jefe de gobierno ratificó el perfil de mano dura que buscó instalar a principios de año para hacer frente a los embates del oficialismo nacional, que ostenta la segunda minoría y promete presionar por derecha a Pro en su tradicional bastión.
La semana pasada, Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en el distrito, se reunió con el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, para acordar 66 propuestas que llevarán a la Legislatura. "Nadie hizo tanto por los porteños como el presidente Milei. Puso orden y terminó con los piquetes, le dio verdadera autonomía a la Ciudad con el traspaso de la Justicia Laboral, derogó la ley de alquileres y empezó a normalizarse el mercado inmobiliario", aseguró la legisladora libertaria. Entre otras iniciativas, LLA busca avanzar con la eliminación de la pauta oficial en el distrito, la simplificación de trámites y el endurecimiento de las penas contra trapitos. El jefe de gobierno volvió sobre esa misma agenda.
La semana pasada, el dirigente de Pro había anunciado una baja de alrededor del 30% en el nivel de delito de la ciudad, una cifra que no dejan de matizar en la oposición. "Los homicidios solo bajaron en los barrios populares, pero el narcomenudeo que es el problema más grande ni siquiera mide el mapa del delito", planteó Claudia Neira, presidenta de bloque peronista.
"En seguridad se optó por un perfil de falso Bukele que no alcanza para resolver los problemas", continuó.
En su discurso, Macri también se refirió a la deuda que el gobierno nacional mantiene con la ciudad. Aunque no apuntó directamente contra Milei, confirmó que, pese a las sucesivas negociaciones, todavía no se han normalizado los pagos.
El foco de sus críticas, en cambio, fue contra Alberto Fernández dado que fue bajo su gobierno que se recortó el porcentaje de coparticipación que le correspondía a la capital. "Con la deuda que dejó Alberto Fernández, podríamos hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambús, la refacción integral de 800 escuelas", aseguró Macri. La deuda que reclama Macri en concepto de coparticipación sería de unos 6000 millones de dólares, según los cálculos de la gestión porteña.
Fuente: La Nación






