La Ciudad licita la construcción de una "mini cárcel" en Villa Soldati para liberar de presos las comisarías
Será una alcaidía para 720 detenidos, que luego irían a los penales federales. El predio elegido está junto al Riachuelo y la autopista Cámpora. Las seccionales de los barrios están colapsadas.
Una de las consecuencias que le dejó a la Ciudad la pandemia y su enfrentamiento político con el Gobierno de Alberto Fernández fue la crítica situación de los presos en las comisarías porteñas. Para compensar este problema, el Gobierno porteño concretó ahora algo que ya había anunciado Jorge Macri: llamó a licitación para construir una mega alcaidía en Villa Soldati.
Sería la primera de ese tamaño en la Ciudad y permitiría alojar a 720 presos, lo que significaría vaciar los calabozos de las comisarías y evitar así fugas o motines.
El llamado a licitación se concretó con la publicación en el Boletín Oficial del jueves. Allí, se convoca a los interesados a participar del proceso, cuya apertura de sobres será el viernes 8 de noviembre.
El lugar elegido es un predio de 40.000 m2, que la Ciudad hoy tiene semi abandonado, ya que lo usa como depósito. Queda en la avenida 27 de Febrero, la que bordea al Riachuelo rectificado, en el cruce con la autopista Cámpora. Está detrás del parque Roca y cerca del centro logístico de camiones.
Se lo eligió además porque, explicaron en el Gobierno porteño, "los vecinos más cercanos viven a 600 metros". Del lado porteño sí, porque cruzando el Riachuelo, del lado de Lanús, la alcaidía les quedará justo enfrente.
La obra significará una inversión de más de 43 mil millones de pesos.
Comenzaría en el primer trimestre del año con el objetivo de terminarla a fin de 2026.
Construirá 5 módulos para 720 hombres (las mujeres van a otras dependencias). Y quedaría lugar para otros tres módulos, de manera tal que en un futuro se podría ampliar la alcaidía para darle una capacidad de unos 1.170 reclusos.
¿Por qué es una alcaidía y no una cárcel? Porque, se supone, que en las primeras (al igual que en las comisarías) deberían alojarse presos de manera momentánea, hasta que son trasladados al penal donde sí cumplirían su condena. De hecho, a la alcaidía no la controla un servicio penitenciario sino la policía.
Claro que con las demoras de todo tipo del sistema judicial argentino, esto no siempre se cumple. Por eso los detenidos se quedan mucho en las comisarías, se acumulan y terminan viviendo en condiciones pésimas, con alto riesgo de motines o fugas, como se vio en la Ciudad en los últimos meses.
Este fue el problema con el Gobierno nacional en los últimos años. Con la pandemia, y amparándose en la crisis sanitaria, el Servicio Penitenciario Federal frenó la recepción de detenidos de las comisarías porteñas, como se venía haciendo históricamente mediante varios convenios judiciales.
Es que la Ciudad de Buenos Aires, pese a ser autónoma, nunca recibió el control de la Justicia en su totalidad. Sólo maneja algunos fueros (contencioso, contravencional) y apenas algunos delitos penales de los menos importantes.
Como no tiene juzgados penales plenos, la Ciudad tampoco tiene cárceles ni servicio penitenciario.
Con la llegada de Milei a la presidencia y Patricia Bullrich al ministerio de Seguridad nacional, los traslados de detenidos se retomaron.
"El problema es que se llevan 90 por semana, pero en ese plazo ingresan 130", explicó una fuente del Gobierno porteño.
Así, hoy la Ciudad aloja a 2.237 detenidos, el doble de lo que debería y por más tiempo de lo que correspondería.
Los reparte en 59 dependencias, entre 39 comisarías y 20 alcaidías mucho más pequeñas que la que habrá en Soldati.
Además, en los últimos meses la Ciudad avanzó en una solución provisoria que le valió varias quejas vecinales. Instaló 19 módulos de calabozos en estructuras metálicas tipo contenedores, en 4 de las alcaidías donde ya alojaba presos: Barracas, Soldati, Chacarita y Saavedra.
A esos módulos llevó 254 presos, lo que le permitió descomprimir un poco a las comisarías.
La otra solución también se va moviendo de a poco, aunque se trata de un proyecto más ambicioso y en asociación con el Gobierno nacional.
La Ciudad ya llamó a licitación para retomar la ampliación del penal de Marcos Paz, que depende del Servicio Penitenciario Federal. Se trata de una obra que demoraría al menos un año, consumiría una inversión de 70 millones de dólares y permitiría alojar a 2.240 presos.
Fuente: Clarín
