Agenda porteña

04/02/2021

La Ciudad recusó al juez que amenazaba con frenar las clases

El gobierno de Rodríguez Larreta acusó de "manifiesta falta de imparcialidad" al magistrado Roberto Gallardo; intervendrá ahora en el caso Paola Cabezas Cescato

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires recusó ayer al juez Roberto Gallardo, el magistrado que interviene en el amparo colectivo presentado por un gremialista para frenar el regreso de las clases presenciales en territorio porteño. Como consecuencia de esta presentación, Gallardo dejó la causa hasta que se resuelva la recusación. 

"Así lo establece el procedimiento. Es automático. Cuando recusan al juez, el expediente se va", dijo a la nacion una fuente judicial, que informó que, por sorteo, se resolvió que intervenga mientras tanto la jueza Paola Cabezas Cescato. Ella deberá decidir si sigue en pie la audiencia prevista para la semana próxima. 

Gallardo había citado anteayer a los ministros porteños Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud) a una audiencia para tratar los cuestionamientos presentados contra el plan de Horacio Rodríguez Larreta para volver a las aulas el 17 de febrero. Dispuso que la audiencia fuera el 10 del mes en curso y ordenó que los dos ministros asistieran "en forma personal e indelegable". Además, les pidió información sobre protocolos y planes de testeos a personal docente y no docente. 

En su recusación, el gobierno porteño acusó a Gallardo de una "manifiesta falta de imparcialidad" y de un "encono" para con el gobierno porteño, "puesto de manifiesto en innumerables precedentes y esbozado ya, tempranamente, en este caso", según dijeron los promotores de la presentación para correr al juez. 

Entre los argumentos para la recusación, la Ciudad afirmó que Gallardo "confunde su rol de director del proceso con el de parte, resolviendo por fuera de lo requerido, y en clara contraposición con las reglas procesales a las que debiera atenerse, vulnerando las garantías constitucionales del gobierno de la ciudad". 

Lo acusan, puntualmente, de haber ordenado medidas, "como convocar discriminadamente a algunos representantes gremiales" al caso (dicen que invitó a sumarse a cuatro de los 17 gremios docentes), algo que "excede absolutamente su competencia y su actuación en el proceso".  Además, el gobierno de la ciudad se quejó de que lo hubiera intimado a "brindar información que excede la solicitada por el actor". 

"Las decisiones implican un claro exceso de las funciones del Dr. Gallardo, quien directamente está seleccionando los sujetos en autos, y ordena prueba no solicitada, tal como si fuera parte actora, con lo cual demuestra la clara intención del magistrado de utilizar un proceso judicial para convertirse en el ejecutor de una política pública", afirmó el gobierno porteño. 

Y sostuvo: "El juez ha demostrado un apartamiento manifiesto de las reglas del debido proceso, ya que amplía a discreción el objeto del proceso, cita a funcionarios de áreas esenciales a comparecer a una audiencia con carácter personal e indelegable y de acuerdo con trascendidos periodísticos acaecidos al tiempo de presentación de la presente recusación, ya tendría decidido suspender el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires". 

Esta alusión a que, según "trascendidos periodísticos", el juez ya "tendría decidido" fallar contra el regreso a las aulas no coincide con el tono, más conciliador, que mantuvo ayer Quirós, que dijo que no tenía "ningún prejuicio con lo que va a decidir el juez", y pidió nuevamente por la presencialidad. "Necesitamos la presencialidad para cuidar a nuestros niños y que tengan todas las oportunidades por igual", dijo el referente porteño en temas de salud. 

El gobierno porteño dijo además que "ha elaborado procedimientos para el testeo de docentes y no docentes" y que esa información "será puesta a disposición de la Justicia en su momento oportuno". 

La recusación La ley dice que una vez presentada la recusación, el juez recusado debe dar intervención a la Cámara de apelaciones (remitirle el escrito con un informe) y que será la Cámara la que decida si el magistrado debe ser apartado o no. Ese trámite puede llevar semanas. 

 

Fuente: La Nación

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