Revisarán la nueva concesión del ex Paseo de la Infanta otorgada a fin de año
La Sindicatura General pidió la revisión del contrato que obtuvo un empresario cercano al ex presidente Macri.
El 9 de diciembre faltaba un día para que asumiera la presidencia Alberto Fernández y los funcionarios macristas estaban de salida. Uno de ellos era el titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús. Pero ese día, el último en su cargo, firmó un contrato con Estación Rosedal S.A, una empresa vinculada a un empresario cercano al ex presidente Mauricio Macri, otorgándole la concesión del ex Paseo de la Infanta por diez años. Ese contrato es uno de los que ahora cuestiona la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), donde afirman que Lanús tenía un conflicto de intereses que lo inhabilitaba para rubricarlo.
En la licitación para volver a concesionar el Paseo, Estación Rosedal había ofrecido la mejor oferta: $ 435 millones, lo que equivale a pagar un canon de $ 3.625.000 por mes. Muy por detrás quedó Enersite Argentina, que propuso pagar $ 143 millones, una cifra igual a la base de la licitación.
Y mucho más atrás aún queda- ron los $ 55.000 que pagaba por mes la empresa Panter SRL, que tuvo la concesión del predio de 36.000 metros cuadrados desde 1993 hasta abril de 2018 y después siguió con el contrato vencido. Hasta que la AABE recuperó el espacio, en agosto de 2019, y llamó a una licitación.
La ganadora, Estación Rosedal, es una firma conformada por los empresarios que subalquilaban los espacios del Paseo. Uno de ellos es Alejandro ?Petti? Peltenburg, socio de Crobar y cercano al macrismo.
En enero, la SIGEN envió a la Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete un informe cuestionando la adjudicación del Paseo de la Infanta y solicitando su revisión. Denunció un conflicto de intereses que ya había sido reconocido por la misma Sindicatura durante la gestión anterior, el 2 de diciembre, cuando el síndico era el macrista Alberto Gowland.
Aquel dictamen surgió a partir de un pedido del propio Lanús, porque en el marco del proceso licitatorio un oferente informó que había mantenido una disputa judicial con él.
A raíz de esa consulta, la SIGEN realizó una investigación y ratificó la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno. Allí señaló que Lanús no estaba habilitado para firmar la adjudicación. Sin embargo, el ex titular de la AABE lo hizo. En declaraciones publicadas en el sitio oficial argentina.gob.ar, el Síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero, asegura: ?El ex titular de AABE no estaba en condiciones normales de poder dictar el acto, incluso había solicitado un dictamen a la SIGEN y sin esperar su despacho firmó la adjudicación. Pero más allá de esto, y en forma paralela al conflicto de intereses, se incumplieron otras cuestiones de la norma regulatoria?.
En la SIGEN señalan que tampoco se respetó el decreto 202/2017, que establece que toda persona que compita en un procedimiento de contratación o de otorgamiento de un derecho sobre un bien del Estado, debe presentar una declaración jurada en la que tiene que indicar si tiene parentesco, sociedad, amistad o relación con el presidente, el vice, el jefe de Gabinete o los ministros.
El predio del ex Paseo de la Infanta está ubicado debajo del puente ferroviario entre la Avenida del Libertador y Freyre, a pocos metros del Rosedal.
Tiene 15 locales comerciales y se convirtió en un polo gastronómico de moda.
El 26 de febrero de 1993, en tiempos del menemismo, fue otorgado en concesión a la empresa Panter SRL, mediante un contrato con Ferrocarriles Metropolitanos S.A. En esos años tuvo su apogeo, hasta que el 5 de febrero de 1996 ocurrió una tragedia.
Una nena de seis años murió aplastada por una escultura de 270 kilos de peso expuesta por la galería Der Brücke que se cayó por el viento.
En su recuerdo, el paseo fue rebauti zado como Marcela Brenda Iglesias.
A partir de aquel episodio, y sumada la mala situación económica de finales de los 90, el Paseo de la Infanta cayó en la decadencia. Hasta que en los últimos años resurgió como polo gastronómico.
El 29 de diciembre de 2010, la entonces Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF S.E.) le prorrogó hasta abril de 2018 la explotación a Panter, vinculada a Ernesto Clarens, el financista que admitió que recaudaba dinero para Néstor y Cristina Kirchner.
Desde entonces, el contrato se encontraba vencido. En agosto del año pasado, el Estado nacional recuperó el predio y comenzó a cobrar los alquileres mientras se resolvía la licitación ahora cuestionada.
Fuente: Clarín
