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Tras la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se espera el impacto en la economía real

Clarín: Por la emergencia, el ajuste rondará los US$ 6.000 millones 

Según estiman los especialistas, es la cifra que recaudará el Gobierno con los impuestos incluidos en la ley que ayer sancionó el Senado. Habrá suba de retenciones al agro, del impuesto a los Bienes Personales, a la compra de dólares para atesoramiento y a los gastos en dólares en el exterior. Además, se ahorraría los aumentos de las jubilaciones atadas a la inflación, a excepción de las mínimas. A raíz de la polémica surgida con las jubilaciones de privilegio, el jefe de Gabinete afirmó ayer que habrá medidas para bajar el gasto político.

La Nación: El Gobierno decretará un aumento salarial para el sector privado. 

Con la emergencia económica convertida en ley en tiempo récord, el presidente Alberto Fernández hará uso casi inmediato de las facultades especiales. Dispondrá en los próximos días un aumento por decreto de entre $5000 y $8000 para los trabajadores registrados del sector privado. La suba salarial sería remunerativa a partir de enero y a cuenta de las paritarias, según confirmaron a la nación fuentes oficiales, sindicales y empresariales. Incluiría también a los trabajadores estatales. El anuncio se concretaría esta semana, después de Navidad, aunque aún hay gestiones para acelerarlo.

Popular: Impacto de la ley de emergencia económica. Todos los jubilados también cobrarán una suma fija en marzo. 

El Senado sancionó la nueva norma, Los puntos principales. Qué pasará con el dólar. El Presidente prorrogó las extraordinarias para que se quiten Jubilaciones de privilegio. ?No es ir en contra de nadie, es poner equilibrio y orden?, dijo. Prometen un ajuste del gasto político. Además de los bonos, los jubilados tendrán otro aumento en marzo por decreto.

El Poder Judicial se alinea al cambio político.

Los tribunales federales de Comodoro Py iniciaron su viraje hace meses. Fue paulatino, gradual. Se aceleró tras las PASO de agosto. Y ahora es más evidente. Las investigaciones contra exfuncionarios kirchneristas se aletargan o mueren, mientras que las denuncias contra el flamante expresidente Mauricio Macri y sus colaboradores cobran nuevos bríos, algunas tras años de hibernación, según surge de un relevamiento realizado por la nación a partir de algunos de los expedientes más incómodos para la clase política, de un lado u otro de la grieta. (La Nación)

El frío inauguró un verano prometedor.

Con el anuncio del impuesto al dólar, sobrevuela en la costa la sensación de que este será un verano prometedor. Los datos lo respaldan: en Mar del Plata, las reservas promedian por encima del 60% y crecen las consultas. Y en Cariló, desde vísperas de Año Nuevo y hasta los primeros días de febrero, la ocupación ronda el 90%. ?Estamos mucho mejor para esta época que el año pasado?, confirma Joaquín Bustillo, uno de los propietarios de la inmobiliaria Celtis, de Cariló, donde ayer, pese al frío, ya aparecían los primeros turistas. (La Nación - Popular)

Verano light para el consumo: Inyectan más de $ 100 mil millones, pero dudan del efecto.

Con bonos a jubilados y beneficiarios de planes sociales, el Gobierno intentará reactivar la economía antes de marzo. Pero por el ahogo financiero y más impuestos, el impacto en ventas sería limitado. (Perfil)

El costo de una mesa navideña subió un 38%.

(Popular)

Batán, una muestra del colapso carcelario.

Cloacas colapsadas, hacinamiento y una crisis social tras las rejas forman parte de la vida cotidiana en la Unidad Penal N° 15, la cárcel de Batán. En la periferia de Mar del Plata, a menos de 15 minutos de las playas, ese complejo penitenciario bonaerense alberga a 1378 detenidos. Allí -y en otros 31 penales- se desarrolló en los últimos días una huelga de hambre en reclamo por las condiciones de alojamiento. Por caso, los presos expulsados de pabellones son retenidos en pequeñas celdas colectivas. (La Nación)

Joaquín Morales Solá
Una exhibición de poder del peronismo

Alberto Fernández es un peronista de principio a fin. No es una frase peyorativa, sino meramente descriptiva. Un peronista de ley hace lo que hizo el Presidente: usó el poder en toda su dimensión (y más allá también) desde el momento en que accedió al poder. El mensaje de Alberto sirvió para fuera del peronismo, pero también hacia dentro de la coalición peronista gobernante. ¿Quién escuchó hablar de Cristina Kirchner desde que el nuevo presidente controla las riendas del poder?
¿Qué legislador o funcionario aclaró que consultaría con la actual vicepresidenta su voto sobre el impuestazo? Nadie, nunca. Los diputados fueron sometidos a un régimen infrahumano de casi 24 horas sin dormir ni comer para aprobar la más importante delegación de poderes desde 1983. El Senado se convirtió en una escribanía de cuarta categoría, donde el escribano ni siquiera pudo leer lo que firmaba. "Creen que han ganado con el 60% de los votos y ni siquiera llegaron al 50", estalló Mario Negri, el jefe del interbloque del viejo Cambiemos. La diferencia con los no peronistas es que estos entran al poder con una timidez de la que el peronismo carece.
Es comprensible que un presidente que llegó con la mayoría de los votos prestados por otro líder (otra líder, en este caso) intente consolidar primero su poder. Lo consiguió. No quedó ningún argumento para los que decían que sería un mero títere de la expresidenta. Los que conocen a Alberto Fernández saben que tiene un carácter fuerte y que nunca cumpliría el papel de un delegado sentado en la poltrona presidencial. De todos modos, él les hizo saber a conocidos y desconocidos que durante su mandato habrá un solo presidente. De hecho, el equipo económico, el que imaginó todas las últimas y resonantes medidas, es puramente albertista. Cristina ni siquiera conoce a muchos de ellos, aunque hay porciones de la administración (como la Cultura y Seguridad, para dar solo dos ejemplos) con una fuerte influencia de la expresidenta.
Hay dos conclusiones insoslayables del duro ajuste aprobado. La primera es que cualquier gobierno, aun el de Mauricio Macri, hubiera tenido que hacer cosas muy parecidas. La Argentina está muy endeudada; su capacidad de pago es mínima; el país lleva casi dos años de recesión con alta inflación y ambas cosas deterioraron palmariamente la calidad de vida de los argentinos; hay un sistema jubilatorio que es inviable para cualquier país, mucho más para uno en tales condiciones. La segunda conclusión es que la solución no necesitaba de superpoderes presidenciales. Eso ya es propio del peronismo: no la hubiera pedido cualquier gobierno. Llama la atención que un dirigente como Roberto Lavagna haya prestado a sus legisladores para sancionar semejante delegación de poderes al Ejecutivo. O que Graciela Camaño, legisladora lavagnista, haya votado a favor de esa iniciativa porque siempre luchó para preservar las facultades del Congreso.

Jorge Fontevecchia
¿Macri es neoliberal y Alberto, socialista?

Escribo esta columna influido por el humor político que se vive en San Pablo, donde me encuentro participando de la reunión periódica de Perfil Brasil, en contacto con periodistas locales, tratando de entender las medidas económicas que lleva adelante Paulo Guedes, el superministro de Economía y verdadero conductor del presidente Jair Bolsonaro, y explicarles, y explicarme, las medidas económicas del presidente Alberto Fernández verdadero superministro de Economía de Argentina.
Si se utilizaran las categorías populares en nuestro país, existen dos líneas económicas: el neoliberalismo y el socialismo de mercado. Desde esa perspectiva, Menem fue la continuación de Martínez de Hoz, ministro símbolo de la dictadura, y Macri, su sucesor en el siglo XXI. Paralelamente, Néstor Kirchner y ahora Alberto Fernández reinstalan una economía socialista de mercado. Continuando con la simplificación, Lula y Cristina Kirchner son lo mismo al igual que Bolsonaro y Macri por el opuesto.
El problema es que esta ontología que puede funcionar dentro de Argentina en un marco localista muestra su inadecuación no bien se cruza la frontera con Brasil. No hace falta ir a Europa, Estados Unidos o Asia para que nuestras taxonomías pampeanas sean inaplicables, ni siquiera lo son para los ?gauchos brasileños? que toman mate como nosotros desde el sur de San Pablo hasta Paso de los Libres, frente a Corrientes, zona que concentra más de la mitad del producto bruto de nuestro continental vecino.
Ejemplos: la política económica en Brasil del ultraneoliberal, escuela de Chicago puro, Paulo Guedes, quien debería ser parecido a Macri, está en contra del endeudamiento, quiere bajar el costo que tienen los intereses de la deuda en el presupuesto nacional para tener superávit fiscal, igual que Alberto Fernández. Guedes dice: ?Se acabó la ganancia fácil de la especulación financiera, ahora el capital tiene que ser de riesgo y pasar a la inversión?.
El dólar en Brasil aumentó de 4 a 4,20 reales hace un mes, pero ahora volvió a estar por debajo de 4. Los analistas explican que fue el ?efecto liberación de Lula?, pero pasadas las semanas y viendo que la amenaza de regreso del PT al gobierno por ahora (y en la medida en que la economía crezca) es más fantasmagórica que real, el dólar volvió a bajar. El lawfare no está en la agenda de discusión política y el juez Sérgio Moro, a pesar de perder virginidad al pasar a ser ministro de Justicia, continúa teniendo una aprobación mayor que la del propio presidente: ya se especula que quizá la fórmula 2023 sea Bolsonaro-Moro.
Al igual que Macri, Paulo Guedes quiere dejar de importar energía y potencia su equivalente de Vaca Muerta, el Presal, en su mar Atlántico, para independizarse y bajarle el costo al ?gas compañero?, como llama al que viene de Bolivia, equivalente a nuestros barcos de gas licuado de Venezuela. Y Guedes busca el superávit fiscal, como Alberto Fernández pero, en lugar de subiendo impuestos como hace el argentino, 

Irina Hauser
Los desafíos que le esperan a Rafecas

Revisión del uso de los ?arrepentidos?, regreso de las escuchas telefónicas al Ministerio Público fiscal, aplicación restrictiva de las prisiones preventivas, freno a la influencia de los servicios de inteligencia en las investigaciones judiciales y mejora de los concursos para ocupar fiscalías en un tiempo de posibles recambios. Esos son algunos de los objetivos que estarán en el centro de la agenda de Daniel Rafecas si logra, tal como todo parece indicar, el acuerdo del Senado para convertirse en Procurador General de la Nación, la jefatura de todos los fiscales que le ofreció el presidente Alberto Fernández. El actual juez federal planea revisar todas estas cuestiones, algunas de ellas asociadas a un megadesafío que tiene en puerta: la aplicación del llamado código ?acusatorio?, que les dará un papel protagónico en las investigaciones penales a los fiscales, modelo todavía resistido por sectores de la corporación judicial, acostumbrada a tener el dominio de los expedientes. Es una reforma que el macrismo postergó, pese a que fue aprobada en 2015, y que demandará tiempo y dinero.
Rafecas fue nombrado juez federal en 2004, pero antes había pasado por la Procuración General, donde tuvo diversas funciones: integró la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), coordinó una comisión de fiscales que investigó y denunció procedimientos fraguados por la policía, fue secretario letrado y trabajó en la fiscalía de La Boca. Fue alguien de confianza para el fallecido ex procurador Esteban Righi, uno de los nombres que evocó Alberto Fernández en su discurso al asumir la Presidencia.
Con Fernández se conocen desde hace 20 años, del Departamento de Derecho Penal de la UBA. Es un vínculo académico. Aunque Rafecas estuvo trabajó en las cátedras de Edmundo Hendler y David Baigún, y el Presidente siempre lo hizo con Righi, por quien comparte afecto y respeto.
Como juez, Rafecas tuvo causas relevantes de todo tipo: en cuanto asumió le tocó el caso de los sobornos en el Senado, que le valió el rencor del radicalismo; también estuvo a cargo de la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura en el área del Primer Cuer po de Ejército; otros expedientes conocidos fueron el del enriquecimiento ilícito de José López, ex secretario de obras públicas, y el del ex jefe del Ejército, César Milani. Además del expediente de los sobornos, otros dos que le trajeron dolores de cabeza con denuncias en el Consejo de la Magistratura, fueron el caso Ciccone y el del Memorándum con Irán basado en la denuncia que hizo Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida. Este último fue utilizado por el gobierno de Cambiemos como parte de su intento de colonizar el Poder Judicial: atacaban a Rafecas, igual que el establishment de la colectividad judía, porque sostuvo que no había delito en esa denuncia, que luego se duplicó en otro juzgado. Igual que las otras previas, la ofensiva fracasó. En menos tiempo de lo que imaginaba Rafecas se encuentra frente a una suerte de resarcimiento. En Gobierno dicen que cuentan con los dos tercios de los votos en el Senado para que su pliego como Procurador consiga acuerdo.

Eduardo Van der Kooy
Más de lo mismo, o peor

Alberto Fernández podrá estar satisfecho por haber pasado su bautismo de fuego como presidente.
Logró la aprobación de la Ley de Emergencia ?cuyo eufemismo es Ley de Solidaridad y Reactivación-- que persigue un difícil equilibrio entre la defensa de las cuentas fiscales para renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la atención de los sectores sociales postergados. Sólo la urgencia de alejarse un poco del abismo explicaría que un proyecto de semejante envergadura haya sido liquidado en apenas 48 horas por Diputados y el Senado.
Cambiemos tampoco debe recriminarse cosas en el regreso a su papel de oposición.
Forzó al Gobierno a declinar la cesión de facultades especiales que pretendían convertir al Presidente en un todopoderoso. Permitió que se habilitara el debate en ambas Cámaras, con matices, pero votó en contra del proyecto. Se colocó en defensa de los jubilados.
Variable de ajuste que propone la ley oficial. Simple devolución de favores: la coalición opositora nunca perdonó el salvaje desafío kirchnerista de diciembre del 2017 ?con batallas callejeras?cuando varió la fórmula de cálculo para el aumento a la clase pasiva. Pagó por esa aprobación un alto costo. El mismo que pretende cobrarle ahora al Gobierno por gambetear el incremento real que corresponde a los jubilados.
También la oposición le arrancó el velo a una tramoya que urdió el oficialismo. La de mantener inmune al ajuste a los regímenes de jubilaciones de privilegio. Jueces, diplomáticos y, por supuesto, los políticos. El Gobierno debió improvisar una respuesta.
Alberto dijo que se enviará un proyecto de ley para considerar aquellos privilegios. Será engorroso. Por la amenaza de una gigantesca judicialización.
Ambos bandos ocultaron las razones reales de sus decisiones. Porque oprimir a la clase pasiva resulta siempre indecoroso ante la mirada popular. Cambiemos varió en su época la fórmula de los aumentos conjeturando un importante ahorro fiscal. El desmadre de la inflación y la caída económica destruyeron esos cálculos. El kirchnerismo se amparó ahora como excusa en los dos bonos de $ 5 mil que dará a los jubilados más sumergidos. Aunque apunta, en realidad, a encoger medio punto el déficit fiscal para ensayar algún orden de la macroeconomía.
Tampoco se dejaron permear otras verdades.
El Gobierno acusó a Cambiemos de querer boicotear el debate en el Congreso por impedir, supuestamente, la jura de los diputados del oficialismo que reemplazaron a aquellos que recalaron en sillones del poder. Esos legisladores debieron haber asumido el jueves 11. Nadie entiende por qué motivo Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, canceló la sesión. El kirchnerismo, sobre todo, cargó contra la resolución opositora de no facilitar quórum. Olvidó la doctrina que, como jefe de bloque, impuso el ahora ministro de Defensa, Agustín Rossi: ese quórum en las sesiones especiales ?como fueron las de los últimos días? sería sólo responsabilidad oficialista.