Acceda a las Tapas Temas del día La evolución de la pandemia en la Argentina Caída histórica del petróleo por el parate económico mundial Con el planeta paralizado por la pandemia, no hay quien consuma el stock de petróleo almacenado en las refinerías.
No queda lugar para guardar el crudo en EE.UU.. La alarma se encendió en ese mercado cuando el barril en Nueva York se vendió al valor negativo, de -37 dólares.
Esto significó una caída del 305% Los vendedores, en lugar de cobrar, aceptaron pagar para sacárselo de encima. Se trata de la peor crisis del sector desde 1973, aunque ni siquiera entonces se llegó a valores negativos.
Este nivel de derrumbe genera mucha incertidumbre acerca del futuro de la producción petrolera. Clarín: Por primera vez tuvo precio negativo. El precio de la nafta, sin cambio La Nación: Un histórico desplome del crudo agrava la incertidumbre global Página|12: El petróleo en el subsuelo El Cronista; Histórica caída del barril de crudo en EE.UU. acentúa crisis del sector petrolero Ámbito: Derrumbe Histórico El Economista: Se rompió todo: el WTI en terreno negativo Agenda económica Bonistas rechazan oferta y el Gobierno admite riesgo de default si el canje se demora El riesgo país bajó porque los inversores apuestan a que haya una negociación
El Gobierno oficial izó ayer la oferta de renegociación de la deuda ante la Securities and Echange Comission (SEC). El documento, firmado por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, reconoce un posible default de no lograr un acuerdo rápido con los acreedores. ?Si la invitación al canje no se consuma o si se consuma pero cualquier alivio de la deuda obtenido no es suficiente para recuperar la sostenibilidad de la deuda, entonces Argentina, no podrá continuar con los pagos regulares de una parte o de la totalidad de su deuda y enfrenta un riesgo significativo de incumplimiento, lo que perjudicaría aún más el valor de los títulos?,? se afirma. Más allá de la presentación, un grupo de acreedores rechazó la oferta. Mientras tanto en el mercado los bonos tuvieron un leve rebote y el riesgo país bajó. El Cronista - Ámbito -El Economista El Estado moviliza $ 850.000 millones para salarios, asistir a monotributistas y empresas Los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, precisaron la ampliación y simplificación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción que el presidente, Alberto Fernández, determinó por vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Con la nueva medida, el Estado pagará a comienzos de mayo una parte de los salarios que puede llegar hasta el 50% (con piso en $ 16.875, y techo de $ 33.750) de las empresas privadas que sufrieron menores ventas o están cerradas por la crisis. Los ministros detallaron que el costo fiscal de la medida es de $ 107.000 millones, que sumado a los anuncios de marzo y abril del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), más los refuerzos en asignaciones, la postergación de contribuciones patronales y los créditos al 24%, la ayuda estatal escala a los S 850.000 millones, que equivalen al 2,9% del Producto Bruto Interno (PBI). Página|12 - El Cronista- Ámbito - El Economista Kicillof inicia hoy puja por deuda bonaerense
Busca reestructurar los bonos en dólares bajo legislación extranjera por u$s7.148 millones. Ámbito - El Economista Temas a seguir Rechazan la llegada de médicos cubanos a Buenos Aires El Gobierno nacional admitió que vendrían, pero nadie sabe ni cuándo ni para qué. Asociaciones de médicos locales dicen que quienes vengan deben revalidar su título. El ministro de Salud, Ginés González García , confirmó anoche que se habilitará el ingreso de 200 médicos provenientes de Cuba para hacer frente al coronavirus, pese a que por la pandemia no se permite el ingreso de extranjeros. En una entrevista que brindó al canal A24, el funcionario admitió que se cursará la autorización en los próximos días, pero aclaró que los médicos no tendrán puestos de suma importancia, sino que vendrán para aliviar el trabajo de otros médicos. Clarín - La Nación - Página|12 Petroleros aceptan rebaja de salarios de hasta 50% a mayo
intentan mantener el nivel del empleo en medio de la crisis del coronavirus y la caída del precio del crudo Ámbito Analizan sesionar aun sin el fallo de la Corte CONGRESO El FdT estudia proyectos y JxC quiere sesionar, pero la Corte aun no habló: fortunas, en agenda. El Economista La Nota Chicos en cuarentena: ¿con o sin salidas? A diferencia de España, que ya anunció que desde el lunes próximo los menores de 12 años podrán salir un rato por día, en la Argentina todavía no hay cambios. Los padres entienden la necesidad del aislamiento pero piden un poco de flexibilización para que los chicos puedan tener algo de actividad al aire libre, y evitar así el impacto psicológico y físico de un encierro tan prolongado. Los infectólogos, sin embargo, dicen que aún no es momento para permitir las salidas, ya que si bien los chicos no sufren los cuadros más graves pueden contagiar. Clarín Dos datos Por primera vez Toyota no paga 100% de sueldos Es por la parálisis de producción por la pandemia. Trabajadores recibirán monto no remunerativo. Schiaretti, Calvo y legisladores se bajan un 45% el sueldo El gobernador redujo su sueldo en 45% y Larreta analiza una decisión similar El Personaje Horacio Fontova ?El Negro? se fue de gira Figura de la televisión y de la música, fue el gran compañero de ruta de Jorge Guinzburg. Tenía 73 años. La Foto Más movimiento en calles y transportes El levantamiento de la cuarentena para once actividades a partir de esta semana derivó ayer en un fuerte movimiento de personas en el área metropolitana. En la ciudad de Buenos Aires se registró un 17% más de tránsito en autopistas y un 11% más en avenidas; hubo largas filas de vehículos en los accesos e ingresos, y mayor afluencia en el transporte público. Otros temas Al final, la Ciudad dio marcha atrás con el permiso de salida para mayores de 70 El trámite dejó de ser obligatorio y se convirtió en un ?aviso? recomendándoles que no salgan y la habilitación dura 48 horas y no 24. Hubo muchas quejas de gente que no pudo comunicarse con el 147 y un total de más de 30 mil consultas. Clarín Llegan los nuevos tests El Malbrán recibió 50 mil nuevas pruebas, parte de una partida de 500 mil. También se sumaron 170 mil testeos rápidos Página|12 Columnas Pausa en la negociación del plan "suspensiones por empleo" ante nuevo DNU salarial Por Mariano Martín La decisión del Gobierno de pagar la mitad de los sueldos de los trabajadores en empresas en riesgo impactó en las discusiones de Comercio, UOM, Smata y textiles.
El decreto del Gobierno que reforzó la asistencia a las empresas para el pago de salarios puso en suspenso las negociaciones entre gremios y empleadores por suspensiones durante la vigencia de la cuarentena. En esa instancia quedaron las tratativas de mercantiles, metalúrgicos, mecánicos y textiles, entre otros sectores impactados por el parate económico. La excepción fueron los petroleros patagónicos, que alcanzaron un acuerdo con una cámara de productores de hidrocarburos de sostén del nivel de empleo hasta fin de mayo a cambio de una rebaja de sueldos mayor al 50%.
La persistencia de las medidas de aislamiento social alumbró una suerte de nueva ronda de paritarias pero orientada únicamente a pactar licenciamientos masivos. En casi todos los sectores involucrados surgió un número común: los trabajadores dispensados de acudir a sus puestos pasarían a cobrar 70% de sus salarios netos en función de las negociaciones en marcha. Incluso el grueso de las negociaciones contó hasta ahora con el aval del Gobierno al incluir pagos no remunerativos, en teoría prohibidos por la normativa vigente.
Pero el escenario varió drásticamente el domingo a la noche. Fue con la difusión del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 376 que amplió los alcances del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (el denominado ATP) al incorporar la posibilidad de que el Estado pague el 50% de los sueldos en las empresas golpeadas por la crisis, entre otras medidas. En los gremios advirtieron que esa alternativa obligó a repensar la modalidad de suspensiones planteada al amparo del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo.
Esta noche continuaban los intercambios por videoconferencia entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y cinco cámaras patronales de la actividad, así como los del sindicato de mecánicos (Smata) con las fábricas de autopartes nucleadas en AFAC. En ambos casos, con particularidades, el debate estaba centrado en reconvertir la dispensa de trabajo de la gran mayoría de los operarios en suspensiones efectivas con derecho al cobro del 70% del salario y garantía de estabilidad laboral por entre tres y seis meses.
El viernes pasado se cayó un acuerdo que la UOM tenía casi anudado por la negativa de algunas seccionales a convalidar las rebajas salariales, con el argumento de que los primeros DNU firmados por Alberto Fernández garantizan la integralidad de los sueldos y prohíben despidos y suspensiones. El DNU 376 le dio a la jefatura del gremio una razón para reanudar las conversaciones a partir de la chance de utilizarlo como refuerzo del salario de suspensión. Este martes seguirán los intercambios entre el sindicato que lidera Antonio Caló y las cámaras Adimra, Camima (pymes), Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), Caiama (aluminio) y Fedehogar (electrodomésticos). Lo mismo intentaban Smata y AFAC.
En el caso del sindicato de Comercio la reunión virtual que debía producirse este lunes con las entidades patronales pasó para el martes para generar un espacio de análisis bilateral del DNU. Después del mediodía se concretará el intercambio con la Cámara de Comercio y la Confederación de la Mediana Empresa sobre la misma base que los gremios industriales: suspensiones al 70% de los sueldos de convenio, vía pagos no remunerativos convalidados por el Ejecutivo.
Otro gremio que se incorporará al pelotón de las discusiones por licenciamientos será la Asociación Obrera Textil (AOT), que venía de una debacle profunda de la actividad durante la gestión de Mauricio Macri (redujo de 40 mil a 30 mil la cantidad de operarios en todo el país en ese lapso) y que en la actualidad atraviesa una parálisis del 90% de la actividad. Hugo Benítez, el secretario general del gremio, confirmó que la discusión con la Federación de la Industria Textil (FITA) girará en torno de la posibilidad de disponer suspensiones con pagos de entre el 67% y el 70% de los salarios de convenio
Incluso el sindicato de Pasteleros, que la semana pasada firmó con la cámara de cadenas de comida rápida (McDonald?s, Burger King, Starbucks entre otras) un mecanismo de licenciamientos al 70% del salario neto (de bolsillo los gremialistas dijeron que quedaría 85 por ciento) volverá a analizar hoy ese entendimiento bajo el prisma del nuevo decreto de asistencia a las empresas.
Más allá de la nueva medida del Gobierno, este lunes hubo un acuerdo entre los sindicatos petroleros patagónicos y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) para reducir a poco menos de la mitad los sueldos de los operarios que permanecen en sus hogares a partir de la cuarentena. Lo suscribieron los gremios de Neuquén, Río Negro y La Pampa (el mayoritario de la actividad, a cargo de Guillermo Pereyra) y el de Chubut. Entre ambos nuclean a más del 80% del total de trabajadores del rubro. Pereyra le dijo a este diario que los trabajadores licenciados, que cobraban salarios netos de 90 mil pesos, pasarán a percibir durante la vigencia de la cuarentena, entre 42 y 45 mil pesos no remunerativos. Nota
El plan de Cristina para blindar el acceso a sus datos públicos
Por Nicolás Wiñazki Contradiciendo las pautas de las organizaciones de Transparencia y Derechos Humanos más reputadas del planeta, la vicepresidenta Cristina Kirchner actuó sobre un área relevante para un país regido por el Estado de Derecho acorde al siglo XXI. La que se dedica Acceso a la Información Pública. Son normas que permiten a los ciudadanos obtener documentos estatales para conocer cómo trabaja un Gobierno. Ocurre que las políticas que impulsó Fernández (Cristina) sobre esta variable van en sentido contrario total a las que se ejecutan en países de plenas libertades cívicas. Desde que el PJ volvió al poder, la vice se ocupó de imponer, entre otros, a dos dirigentes de mayor confianza en cargos claves en el Ministerio de Justicia. Así tiene poder sobre los pedidos de acceso a la información pública de documentación que podría comprometerla en la Justicia. Esa "guardia pretoriana" de la vice está integrada por el secretario de Justicia, Juan Martin Mena, ex subjefe del espionaje nacional y por el titular del organismo encargado de regular las sociedades comerciales, la Inspección General de Justicia (IGJ), el abogado Ricardo Nissen. Este funcionario asesoró en cuestiones legales a la familia Kirchner, sobre todo, en las causas judiciales vinculadas a empresas a las que ahora él tutela desde el Estado. Ambos ya dieron muestras de sus objetivos, al menos en lo que respecta a la información pública, estatal, que podría obtener cualquier ciudadano. Entre otras medidas similares, le negaron a la abogada Silvina Martínez el acceso a los papeles del llamado Instituto Patria, la sede central del "cristinismo". LA IGJ no los divulgará. El "Patria" no es solo una oficina en la que trabaja la vice. Es un centro de formación de políticas investigado en la Justicia por posible financiamiento irregular. ¿Quién fue el ejecutor de esta negativa a dar información, que no parece ser una muestra de transparencia? Juan Martín Mena. Martínez rastrea desde hace meses pistas sobre el "Patria", y sobre muchas otras empresas vinculadas a la vice. Junto a la ex diputada Margarita Stolbizer, presentaron varias de las denuncias que terminaron en juicios orales con Cristina Fernández como principal procesada. La IGJ ya explicitó que no liberará información sobre el "Patria". Volvió el cepo a ese organismo, que ya había impuesto un bloqueo a otros documentos que son públicos. Durante la gestión de Cristina Kirchner como presidenta, tras el inicio de la causa judicial Ciccone por la que terminó preso Amado Boudou, la IGJ decidió frenar cual quier filtración de datos a los cuales desde el retorno de la democracia siempre se había podido acceder. Esa medida volvió a tomarse cuando Cristina volvió al poder. El caso de Mena es llamativo, único en su tipo. Mediante la resolución 5/2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, resolvió que ese funcionario tendría "...la facultad para emitir acto denegatorio de información en el marco del primer párrafo del artículo 13 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública". La Ley 27.754 está titulada como "Derecho de Acceso a la Información Pública". El artículo 1 tiene como objeto el de "garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública". Se funda en diversos principios. Todos aluden a la transparencia y a la metodología para ponerla en práctica. La resolución entró en vigencia el 20 de enero del 2020. La ministra de Justicia es Marcela Losardo, una funcionaria que se ganó el respeto de la mayoría del Poder Judicial desde antes de que sea nombrada en su cargo. Losardo es amiga personal del presidente de la República, Alberto Fernández. Quien impuso que sea secundada en ese organismo por Juan Martín Mena fue Cristina Fernández, según ratificaron diversas fuentes, tanto oficiales como judiciales, que tienen trato con las autoridades nacionales. La resolución 5/2020, más que darle poder a Mena, lo expone. ¿Por qué tiene la potestad solo de rechazar los pedidos de acceso a la información pública de su Ministerio? Es un poder singular: es quien solo emite el llamado "acto denegatorio" sobre esos temas. Nada más. Los pedidos de acceso a información del Estado a los que se da curso son controlados por otro funcionario. Suficiente para Mena. Y Cristina. Según documentos a los que accedió Clarín, el 2 de febrero pasado, la abogada Martínez presentó ante la IGJ un pedido de acceso a la información pública para conocer "las acciones sumarias impulsadas" por ese organismo sobre el Instituto Patria, una asociación civil. Buscaba copias de esas medidas que había tomado el organismo, y que constaban en el sistema informático interno del mismo ente. Además, y sobre todo, Martínez pedía también conocer el último balance contable del Instituto de CFK. Desde 2016, y tras una denuncia de Martínez y Stolbizer, quedó bajo sospecha judicial cómo se financiaba el "Instituto Patria". La respuesta K fue que un largo listado de socios del "Patria" pagaban 500 pesos al mes para financiarlo. Nunca se pudo probar ni quiénes eran ni tampoco cuánta plata se recaudó. El 18 de marzo de este año, Martínez recibió una rechazo a su pedido de acceso a la información pública presentado en la IGJ. Está firmado por Juan Martín Mena, como le corresponde a sus facultades. En una resolución que obtuvo este diario, Mena argumentó, entre otras cuestiones, que no existían registros de acciones sumarias de la IGJ sobre la documentación del Instituto K. Nota Massa no esperará la respuesta de la Corte para sesionar Por Laura Serra El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, no esperará a que la Corte Suprema responda al pedido de Cristina Kirchner para que se pronuncie sobre la legalidad (o no) de que se realicen sesiones virtuales en el Congreso mientras duren las restricciones por el coronavirus.
Massa insistirá en instrumentar esta modalidad en la Cámara baja para la próxima sesión. Con el aporte de quien fue su madrina política, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal), ya tiene listo un borrador de dictamen para reformar el reglamento del cuerpo, que pondrá a consideración del resto de los bloques en las próximas horas.
?El pedido de acción declarativa de certeza que presentó Cristina a la Corte está totalmente fuera de lugar.
La Corte no tiene atribuciones para pronunciarse sobre el reglamento de otro poder del Estado?, enfatizó la diputada Camaño, en sintonía con la opinión de la mayoría de los juristas y abogados constitucionalistas que se pronunciaron al respecto.
En los pasillos parlamentarios predomina la certeza de que, a la postre, el alto tribunal desestimará la presentación de Cristina Kirchner.
En principio, el pedido está ahora en manos del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a quien la Corte Suprema le solicitó una opinión. En el Congreso estiman que finalmente, toda la discusión jurídica volverá a foja cero.
Massa, si bien no objetó la jugada de la vicepresidenta de acudir a la Corte, sostiene que el propio Congreso puede resolver la cuestión con una modificación del reglamento de ambas cámaras.
Camaño, en un dictamen jurídico minucioso que le acercó a Massa en las últimas horas, argumentó que el estado de emergencia por la pandemia constituye un elemento de ?fuerza mayor? que habilitaría a la Cámara de Diputados a sesionar en forma virtual fuera de su ámbito físico, el recinto. Camaño citó el artículo 14 del reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que los diputados ?no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo los casos de fuerza mayor?.
La diputada de Consenso Federal sostuvo que este artículo fue pensado para preservar la continuidad de la labor del Congreso ante una situación de emergencia, y esta pandemia, a su juicio, lo es.
Por esa razón, la diputada sugirió que, para instrumentar las sesiones virtuales, debería reunirse a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para emitir el dictamen respectivo.
En lugar de convocar a una sesión presencial en el recinto para aprobar el dictamen, Graciela Camaño propone que sea la Comisión de Labor Parlamentaria, la más importante y representativa del cuerpo (allí están representados todos los presidentes de bloque), la que lo refrende.
Massa convocará en las próximas horas a los presidentes de los bloques para discutir el asunto. Obsesionado con la idea de retomar cuanto antes las sesiones en el cuerpo pese a las dificultades que impone la pandemia y la consiguiente cuarentena, Massa insiste en que la modalidad virtual ?vía videoconferencias? permitiría superar las dificultades logísticas y operativas que conllevaría una sesión presencial en medio de la emergencia.
Exalta que, hasta ahora, las videoconferencias realizadas en la Cámara baja fueron un éxito: en los últimos 15 días desfilaron por las distintas comisiones una decena de ministros del Poder Ejecutivo.
De hecho, ayer se sumó un nuevo funcionario a la nómina: fue el turno del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Y no se descarta que esta misma semana se reúna, también de manera virtual, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para abordar la treintena de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Alberto Fernández desde que se desató la pandemia.
La postura de la oposición Sin embargo, en la oposición persisten las dudas: el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, si bien está de acuerdo con que el Congreso vuelva a sesionar, expresó que prefiere que los debates sean presenciales.
?Podría ser en el Centro Cultural Kirchner, en el Teatro Colón, en cualquier ámbito lo suficientemente amplio para garantizar la distancia entre los diputados?, insistían los opositores las semana pasada.
El presidente de la Cámara de Diputados confía en poder disuadirlos.
El borrador para modificar el reglamento ya está listo: en los últimos días Graciela Camaño le acercó su dictamen a Massa ?en el que incluye los fundamentos de un reciente fallo de la Corte Suprema? y, juntamente con el secretario general de Presidencia, Juan Manuel Cheppi, y el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, se elaboró un predictamen.
En paralelo, Sergio Massa avanzó con dos acuerdos: uno con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), para la validación de la identidad de los legisladores, y otro con Arsat, para la incorporación de un software que se le solicitó al Parlamento de Brasil. Nota La Justicia moderniza rituales y se adapta al trabajo a distancia
Por Hernán Cappiello Por la pandemia, los tribunales nacionales y provinciales aggiornaron sus procedimientos y buscan avanzar remotamente con las causas en curso
En su casa, junto a su abogado y frente a una computadora, el coronel retirado Antonio Federico Bossie, acusado de delitos de lesa humanidad. También en sus domicilios y frente a las pantallas, dos jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider, al igual que los abogados defensores de los otros cuatro acusados. En el edificio de tribunales, el presidente del TOF N° 1 de Rosario, Ricardo Vázquez; su secretario, el fiscal Adolfo Villate, y el fiscal auxiliar Juan Murray.
Así, de manera virtual, por videoconferencia, siguió adelante el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad contra cinco exmilitares acusados de violaciones de los derechos humanos, un proceso conocido como Saint Amant III. Obligados por la pandemia del coronavirus, jueces, fiscales y abogados cambiaron el auditorio de San Nicolás, donde se hacía el juicio, por sus computadoras personales.
Lo mismo harán esta semana los jueces del TOF N° 2 de Rosario, Lilia Carnero, Eugenio Martínez Ferrero y Aníbal Pineda, para reanudar el juicio oral por violaciones de los derechos humanos conocido como Feced III. Necesitan terminar con los alegatos de las defensas de los 14 imputados: ellos y sus abogados podrán seguir el caso de manera remota desde sus computadoras.
Gradualmente y luego de desformalizar rituales del proceso, de echar mano de la tecnología y buscar consensos entre las partes para evitar nulidades, la Justicia Federal y los tribunales provinciales comenzaron a trabajar en un estado de excepción por el coronavirus en todo el país, con los plazos procesales suspendidos.
Lo que ocurre en Rosario se reproduce en Comodoro Py, en el Palacio de Tribunales y en los juzgados de todos los fueros nacionales y provinciales que cambiaron su funcionamiento para seguir tramitando causas.
Los jueces, empleados, fiscales y defensores pueden trabajar de manera remota desde sus casas y los abogados litigan con firma electrónica. Se reemplazaron por correos electrónicos los escritos dejados en mesa de entrada, se utiliza el WhatsAapp para deliberar, se hacen audiencias de conciliación en los juicios civiles por Teams (la herramienta de Microsoft para reuniones virtuales), se usa Skype para las indagatorias y las videollamadas se emplean en las audiencias.
La Cámara Civil acordó con el PAMI y con los organismos de la Ciudad encargados de Niñez y de Discapacidad seguir recibiendo trámites por vía electrónica. Los servicios psicoterapéuticos de desvinculación familiar se hacen por Zoom o WhatsApp.
La Corte Suprema cambió su reglamento para dar por válido que sus acuerdos se organicen por videoconferencia y se dio la firma digital.
La Casación hizo lo propio. La Justicia bonaerense hizo lo mismo y dinamizó el trabajo de los tribunales inferiores. Los cambios se dieron en simultáneo, con una presión desde abajo hacia arriba del Poder Judicial y desde arriba hacia abajo con los cambios normativos.
Los jueces de la Asociación de Magistrados y Funcionarios hicieron una campaña en video donde dicen que siguen trabajando en la feria y ponen como ejemplo que atienden y reciben denuncias de violencia doméstica, tramitan amparos de salud, otorgan arrestos domiciliarios a los presos o permiten que sigan en contacto con sus familias por videoconferencia y se encargan de sancionar a los que violan la cuarentena.
El gremio de los judiciales, que lidera Julio Piumato, lanzó su propia campaña, con el hashtag #LaJusticiaFunciona y #QueSeSepa, en la que cuenta que los empleados siguen tramitando los casos desde sus casas y en ocasiones van a sus oficinas para trámites puntuales.
?Esto demuestra que los sistemas de justicia disponían de los recursos para avanzar hacia la gestión digital del caso y que si no ocurrió antes fue debido a la falta de los consensos necesarios o de decisión institucional?, afirmó el think tank Unidos por la Justicia, asociado a Juntos por el Cambio, que elaboró un diagnóstico de cómo se adaptó la Justicia al coronavirus.
El trabajo, llamado ?El Covid-19 viralizó la modernización judicial?, fue realizado por Juan José Benítez, subsecretario de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri y director ejecutivo del centro de estudios.
El paper señala que las medidas dispuestas por los tribunales evidencian que la infraestructura tecnológica está y que existen recursos tecnológicos para operar con mínima presencia física en los tribunales. Pero que falta capacitación para los jueces y abogados.
El trabajo relevó los poderes judiciales de la Nación, la ciudad y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Chubut. Determinó que en todos los casos se habilitó la modalidad de trabajo remoto Nota Ejes de Comunicación
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