Alivio para la abogada argentina en Brasil: la fiscalía no se opone a que cumpla una pena mínima en el país

Tras la audiencia clave en Río de Janeiro, la acusación solicitó que Agostina Páez sea condenada a tareas comunitarias y reparación económica, permitiendo que el proceso concluya sin prisión efectiva y con su regreso a Santiago del Estero.

El juicio contra la abogada argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial en Río de Janeiro, dio un giro favorable para la imputada este martes. Durante la audiencia, la fiscalía brasileña suavizó su postura inicial y solicitó que la joven de 29 años sea condenada a una pena mínima. La propuesta consiste en la realización de tareas comunitarias y el pago de una reparación económica a las víctimas, lo que evitaría una sentencia de prisión efectiva en el vecino país.

Uno de los puntos más relevantes del pedido fiscal es la posibilidad de que Páez cumpla dicha sanción en Argentina. La fiscal Fabiola Sousa Costa consideró que, si bien hubo un altercado con tres víctimas, los hechos pueden encuadrarse como un solo evento "en continuado". Esta interpretación legal es fundamental para la defensa, ya que reduce drásticamente la escala penal a la que se enfrentaba la letrada santiagueña, quien temía una condena de varios años de cárcel.

Por su parte, la querella, que representa a los empleados del bar de Ipanema donde ocurrió el incidente, no presentó objeciones a la solicitud de la fiscalía. Este consenso entre las partes acusadoras allana el camino para que el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, a cargo del Tribunal Penal 37, dicte una sentencia en los próximos días que permita la liberación definitiva de la joven del sistema judicial brasileño.

Tras finalizar la audiencia, Páez expresó su profundo alivio ante los medios presentes. "Fue la peor experiencia de mi vida. Me siento aliviada ahora", remarcó la joven, quien ha permanecido bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica en Brasil desde que fue detenida por el hecho. La abogada confesó que su mayor deseo es regresar a su provincia natal, Santiago del Estero, asegurando que no encontrará paz hasta que cruce la frontera y esté nuevamente con su familia.

El caso había generado una gran repercusión mediática y diplomática, llegando incluso a motivar pedidos de intervención de la Cancillería argentina y de colegios de abogados. Lo que inicialmente se perfilaba como una posible condena de hasta 15 años por múltiples cargos de racismo, se ha transformado en un proceso correccional de menor cuantía. No obstante, el fallo final sigue en manos del magistrado, quien deberá convalidar el acuerdo propuesto por la fiscalía.