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06/05/2025

El gobierno logró el dictamen en comisión de la baja de edad de imputabilidad

Con apoyo de sectores dialoguistas, se firmó dictamen para modificar el Régimen Penal Juvenil. La propuesta contempla penas para delitos graves y busca implementar un nuevo enfoque con justicia restaurativa.

La Cámara de Diputados dio hoy un paso clave hacia la modificación del Régimen Penal Juvenil al firmar un dictamen que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto fue respaldado por el oficialismo y por bloques dialoguistas, como parte de una estrategia del Gobierno para endurecer las políticas de seguridad.

La iniciativa, impulsada por Patricia Bullrich, establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados únicamente en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas. La reforma contempla también un abordaje progresivo, con instancias de mediación, trabajo comunitario y programas de justicia restaurativa antes de llegar a una condena efectiva.

La pena máxima que se aplicaría a los menores bajo este nuevo régimen sería de 15 años de prisión. El proyecto prevé que la reforma entre en vigencia en un plazo de 180 días desde su aprobación definitiva en ambas cámaras.

La propuesta es, además, impulsada desde el Ministerio de Justicia y responde a una línea política más amplia del Gobierno nacional, que apunta a una mayor firmeza frente al delito. El presidente ha planteado incluso posiciones más radicales, como la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad aún más, lo que alimentó el debate.

Sin embargo, la iniciativa no está exenta de polémicas. Sectores de la oposición, organizaciones sociales, referentes de derechos humanos y representantes religiosos han expresado su rechazo, señalando que la criminalización de los jóvenes no resuelve los problemas estructurales que originan la violencia.

El debate sobre la edad de imputabilidad no es nuevo en la Argentina y suele resurgir tras hechos delictivos que conmueven a la opinión pública. El régimen actual, que data de 1980, considera inimputables a los menores de 16 años, lo que, según el oficialismo, requiere una urgente actualización. Con el dictamen ya firmado, se espera que el proyecto llegue pronto al recinto para su votación. El debate legislativo promete ser intenso y reflejará la creciente tensión entre las demandas de seguridad y la protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.

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