Reclamo contra la desregulación de prestaciones para discapacidad
Usuarios de los servicios y familiares marcharon en el país para que el Gobierno no avance con ese cambio
"Las terapias, el colegio, el transporte, todo lo que hoy está cubierto por ley podría dejar de ser así. Si este proyecto prospera va a destruir el sistema de atención a la discapacidad. Genera gran incertidumbre porque va a haber muchos chicos y adultos que van a dejar de recibir atención", lamenta Vanina Seoane, madre de Juan Cruz, de 16 años, que tiene un retraso madurativo genético.
El día a día de Juan Cruz podría ser muy distinto, explica, si se firma el proyecto de decreto que evalúa el Gobierno, para desregular las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Por eso, ella, junto a otras 10.000 personas, marcharon ayer frente a la quinta de Olivos para entregarle una carta al Presidente.
Vanina viajó de Aldo Bonzi a Olivos. "Me afecta como mamá de un hijo que concurre a un colegio doble jornada, con su acompañante, y viaja en transporte especial y por las tardes asiste a sus terapias.
También como directora de un centro de día, al que asisten decenas de personas con discapacidad, que no podrían pagar el servicio de forma particular", explica.
"Hoy, la ley nacional de discapacidad establece un único valor de nomenclador, para que todas las obras sociales y prepagas, de la más cara, a PAMI o Incluir Salud, paguen el mismo valor para las misma prestaciones. El proyecto busca desregular eso: que cada obra social o prepaga pueda fijar sus tarifas. Va a haber prestadores que no van a atender por esos montos e instituciones que no van a poder sostener la atención y van a cerrar. Esta no es una de esas cosas que puede regular el mercado. Cualquier persona que conozca el sistema sabe que uno no se puede cambiar así como así de obra social y que no elige un profesional al mejor postor", apunta.
Miles de familias y prestadores marcharon también en Córdoba, Rosario, Tucumán y en otras ciudades. En Olivos, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad entregó una carta. ?El decreto tiene un dictamen firmado del 24 de mayo. Esto destruye el sistema de atención y es parte del ajuste en discapacidad?, apunta Pablo Molero, presidente del Foro. ?Es un retroceso de derechos adquiridos hace 25 años con la ley 24.901?, apunta.
La actriz Valentina Bassi lo explicó en un video: "Cuando tramité el certificado único de discapacidad (CUD) de mi hijo, hace 13 años, tenía miedo porque tenía una obra social chiquita. No sabía si iban a tener la estructura de terapeutas que iba a necesitar. Me explicaron lo del nomenclador único. Si vos tenés el CUD y la prescripción, elegís el terapeuta, siempre que esté inscripto en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Es lo que ahora podría desaparecer", explica la artista.
"Es ridículo que se le otorgue la potestad de definir los aranceles a la misma entidad que los va a abonar", suma Molero. Afirma que la medida afectaría a unas 200.000 personas con discapacidad y a más de 150.000 prestadores.
Yanina Casanova es parte de las familias que decidieron hacer algo para frenar el decreto. Armó una petición en Change.org, que llevaba más de 33.000 firmas, para pedirle al Presidente que no avance el proyecto. "En el centro de día al que concurre mi hermana me explicaron de la gravedad de esto. El nomenclador facilita la identificación de tratamientos y que las personas con discapacidad reciban atención adecuada, sin discriminación", apunta.
La preocupación llegó al Congreso, donde diputados de distinto signo político como Eduardo Valdés, Miguel Pichetto y Ricardo López Murphy y otros 29 legisladores presentaron un proyecto, aprobado por la Comisión de Discapacidad, para que el Gobierno no avance en este sentido. "Se gestionó una reunión con el director de Andis (la Agencia Nacional de Discapacidad), Diego Spagnuolo; nos va a recibir el viernes, a las 17. La discapacidad no es algo que el mercado pueda regular", apunta Valdés.
la nacion consultó a Andis, pero no hubo respuesta. Fuentes del Gobierno indicaron que se analiza un cambio del valor que fija Andis para las prestaciones que no sea vinculante para los entes financiadores de servicios de salud, como PAMI y la SSS. Y señalaron que se apuntan a romper "el lobby de los prestadores".
Fuente: La Nación
