Detuvieron al presidente de Vicentin y la empresa dice que "no es razonable"

A Omar Scarel lo acusan de violar una restricción de venta de una firma controlada

Otro giro judicial en el caso Vicentin. Personal de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la policía santafesina detuvo ayer en la ciudad de Avellaneda, departamento General Obligado, 322 kilómetros al norte de esta capital, a Omar Adolfo Scarel, presidente de la agroexportadora. 
Scarel fue acusado por el fiscal Miguel Moreno en octubre del año pasado por su actuación previa a ser presidente de la firma, cuando se desempeñaba como contador. 
Lo acusaron de haber confeccionado y presentado ante los bancos internacionales informes trimestrales correspondientes a diferentes períodos de 2017, 2018 y 2019 y julio 2019, los que exhibían una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el supuesto fin de ocultar su realidad económica. 
La medida, concretada durante una serie de allanamientos en forma simultánea en Rosario y Avellaneda, tiene directa relación con la investigación tras una denuncia efectuada por la disposición de activos de la empresa Renova cuando estaban en cautela por orden judicial. 
Scarel fue uno de los directivos que protagonizaron la mayor cantidad de escuchas telefónicas ventiladas en la audiencia imputativa contra Vicentin. El fiscal Moreno detectó supuestas maniobras presuntamente inconsistentes, como el hallazgo de 200.000 dólares en efectivo en la caja fuerte de un hijo del por entonces contador, que no habría podido justificar. En tanto, según trascendió, cuando detuvieron a Scarel los investigadores habrían secuestrado en su casa un total de 40.000 dólares y 600.000 pesos. 
Hoy la firma está en concurso de acreedores por más de US$1500 millones. Logró los avales necesarios de acreedores de granos y ahora aguarda respuestas de bancos internacionales a los que les debe más de US$530 millones. 
Según trascendió, la detención sobrevino porque se habrían violado restricciones para la venta de la controlada Renova. Sobre Vicentin pesan varias cautelares. En el caso de esa firma, en la propuesta concursal de pago la cerealera detalló que iba a vender el 33% que le queda en Renova para conseguir US$310 millones y así afrontar parte de los compromisos. Para la empresa, eso no es violatorio y no se puede dar como una venta como tal porque se trata simplemente de una propuesta en el marco de la presentación del concurso. 
"Este hecho acontecido en el marco de un allanamiento ordenado por el fiscal Sebastián Narvaja, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, no encuentra ningún tipo de justificación; el supuesto argumento esgrimido sobre el que se determina esta medida, que aduce un ?incumplimiento o desobediencia de una medida cautelar dictada, que establece restricciones sobre posibles ventas de activos o acciones de la sociedad?, es absolutamente falso ya que la compañía de ninguna manera ha incumplido estas restricciones y todos los acuerdos concursales alcanzados hasta el momento se encuentran en instancias precontractuales ad referendum de las respectivas homologaciones judiciales y de los levantamientos de las medidas cautelares interpuestas", respondió la cerealera en un comunicado. 
"Por otra parte, tanto el Sr. Scarel como todos los miembros del Directorio de Vicentin SAIC imputados en la causa han estado siempre a derecho, a disposición de la Justicia y han prestado su colaboración cada vez que esta les ha sido requerida", agregó. 
Vicentin consideró que "no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad".

Fuente: La Nación