Estatizan todas las rutas nacionales y el Gobierno toma a 1700 empleados

Cinco de los seis corredores que habían sido adjudicados por PPP por Macri pasan al Estado; solo se mantiene la ruta 5 (Luján-Santa Rosa), en manos de una empresa china que analiza un nuevo esquema financiero

Después de meses de negociación, el Gobierno rescindió la concesión de cinco de los seis corredores viales que quedaban vigentes y que habían sido adjudicados en julio de 2018 a través del régimen de participación público-privada (PPP). Apenas quedó en pie el que corre por la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, y que había sido adjudicado a la empresa argentina Green en conjunto con China Construction America, que evalúa presentar un esquema financiero para salvar el proyecto. 

Termina así una iniciativa que, en resumen, genera un esquema en el que el empresario privado pone el dinero para hacer las obras, que se cobran con un bono del Estado después de terminadas, además de percibir el flujo de la recaudación por peaje por una determinada cantidad de años. 

La rescisión tiene dos consecuencias: la falta de cobro y la estatización y el consiguiente pase a planta de una empresa del Estado de todos los empleados de las concesionarias. "Nos encontramos en el proceso de traspaso de operación y en los próximos días se normalizará el cobro. Esperamos que esto ocurra en no más de una semana. Estamos terminando de armonizar los sistemas operativos recibidos con los propios. Es importante aclarar que solo está afectado el cobro, pero están garantizados todos los aspectos vinculados con la seguridad vial, auxilio mecánico, trabajos de mantenimiento, etcétera", aclararon en el Ministerio de Obras Públicas, que conduce Gabriel Katopodis. 

La otra cuestión es que todos los empleados de las concesionarias pasaron a formar parte de la nómina de una empresa estatal llamada Corredores Viales. Esta firma fue creada en épocas de Guillermo Dietrich como ministro de Transporte. La finalidad fue que allí fueran empleados los trabajadores de la concesión que tenía Cristóbal López en el corredor Ezeiza-Cañuelas cuando fue rescindida, en julio de 2018, y hasta que se volviera a privatizar. 

En total, 1741 empleados pertenecerán a esa empresa estatal. De esos, 512 pertenecen a Corredor Panamericano, un consorcio integrado por la empresa Helport, del grupo Eurnekian; Panedile, comandada por Hugo Dragonetti, un arrepentido en la causa de los cuadernos; Eleprint, del expresidente de la Cámara de la Construcción Gustavo Weiss, y la española Copasa. La firma estaba a cargo de los corredores E y F, que contenían lasautopistas Buenos Aires-Rosario y Rosario-Córdoba y cuyos contratos fueron rescindidos de común acuerdo en septiembre pasado. 

Se suman, además, 222 trabajadores del corredor A, que va desde Las Flores hasta Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires, además de otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata y cuyos concesionarios eran Paolini Hermanos, Vial Agro e INC. 

A esta nómina se suman 295 empleados del corredor C, que atraviesa Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar finalmente a Mendoza, y que estaba en manos de José Cartellone, una de las empresas de obra pública más conocidas de la Argentina, que es, justamente, de origen mendocino. 

Finalmente, nuevamente los 722 empleados que pertenecían a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que estaba en manos de una firma de Cristóbal López, cuyo contrato fue rescindido y luego fue adjudicada en 2018 a un consorcio integrado por Rovella Carranza, con fuerte presencia en San Luis; JCR (las siglas de Juan Carlos Relats, uno de los constructores preferidos del kirchnerismo, el inquilino del Hotel Los Sauces), y Mota Engil, una firma brasileña que está mencionada en varias i n- vestigaciones por el caso Lava Jato en su país. 

De esta manera, el Estado se quedó con los 1751 empleados. Maravillas de un país que elimina el riesgo empresario al estatizar la nómina. 

"A dos años de la fallida implementación del esquema de participación público-privada (PPP), realizado por la gestión anterior, el gobierno nacional rescindió cinco de los seis contratos debido a que las empresas a cargo de los corredores viales incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del plan de obras", comunicó el ministerio. 

"Rescindimos los contratos PPP de cinco corredores viales, después de dos prórrogas otorgadas a las contratistas. Le pusimos fin a un modelo ruinoso del macrismo, que fracasó y perjudicó los intereses de los argentinos y argentinas", dijo el ministro en un comunicado que distribuyó su oficina de prensa. 

"Frente a los incumplimientos por parte de las concesionarias, el pasado 27 de mayo se intimó a todas las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos, y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre", dijo el Ministerio. 

"Fueron contratos diseñados para favorecer al sector financiero. Las obras tuvieron una ejecución de solo el 2% en promedio y le iban a salir al Estado tres veces más. Alcanzar estos acuerdos significa ahorrarle a la Argentina un costo millonario en dólares", señaló Katopodis. 

Según esbozó el ministro, el plan de obras pasará a Vialidad Nacional: "Las vamos a hacer de manera responsable, seria y por etapas. En la Argentina que lidera Alberto Fernández, el plan de infraestructura nacional va a ser eficiente, equitativo y federal", agregó el ministro. 

Lejos de definiciones concretas, Katopodis nada dijo respecto de cómo se financiará un plan de obras que se estimaba entre 5000 y 6000 millones de dólares. Tampoco avanzó en detalles de cómo hará los procesos de adjudicación más transparentes. Dejó en manos de Vialidad un sistema de obra pública que rinde cuentas en la Justicia sobre la forma en que los empresarios y los funcionarios kirchneristas se repartían algo más que los proyectos viales que pocas veces se terminaban. 
 

Fuente: La Nación