Por el cepo, una firma corre el riesgo de detener su actividad
Dijo que la regla que limita las importaciones al 5% más que las hechas en 2021 la deja "fuera de juego"
La dimensión que pasaron a tomar las restricciones cambiarias hace que cada vez más empresas denuncien que, al tener vedado o muy limitado su acceso al mercado oficial para adquirir insumos, ven afectada su actividad o no pueden cumplir con los compromisos asumidos con otras compañías a las que prestan servicio, lo que les impide en ese caso a ellas producir o hasta exportar.
A comienzos de junio fue Ionar SA, una pequeña metalúrgica dedicada a la nitrocarburación iónica (un tratamiento que mejora el rendimiento de piezas y equipos) con más de 30 años de actividad, 6 empleados y talleres en el conurbano (San Martín), la que denunció públicamente que no lograba autorización para comprar US$6570 en insumos importados que usa para ese proceso.
Necesitaba importar dos sensores de presión absoluta, con precio FOB de US$1260 cada uno y tres controladores de flujo másico marca MKS, con precio FOB de US$1350 cada uno.
Pero "por el cepo a la importación la empresa no puede comprarlos en el exterior (aquí no se fabrican), con lo que no puede cumplir con el servicio para el que fue contratada. La paradoja es que sin eso no puede proveer a una gran empresa que fabrica compresores del rubro gas y petróleo, lo que pone en peligro una exportación por millones de dólares", explicó el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo, encargado de hacer la denuncia pública.
Ayer, la que hizo una advertencia pública similar para poner en evidencia los problemas que el cepo le impone a la actividad productiva es Cimet Opel, la única fabricante nacional de cables de fibra óptica y una de las dos de capital local que producen cables de media tensión.
La compañía, que emplea a 339 trabajadores, tiene plantas en San Martín y Quilmes y es proveedora de otras grandes empresas, como YPF, Genneia, Telecom, Telefónica, Metrotel, Cablevisión y Claro, entre otras, envió una carta al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y al ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, para informarles sobre ?el alto riesgo relativo a la interrupción de los servicios de distribución eléctrica y telecomunicaciones por suspensión de las actividades productivas de industria esencial nacional proveedora de esos sectores?, al no obtener aprobación para acceder al mercado oficial de cambios para importar por caso ?cobre de pureza electrolítica? en su variante de 8 milímetros y plásticos especiales, como polietilenos reticulados, así como aramida y fibra óptica, insumos que no se producen en el país.
En su caso los problemas derivan de la normativa que limita el monto total de importaciones permitidas a, por ejemplo, el 5% más de lo comprado al exterior el año pasado.
"Tanto el cobre como los plásticos, en su calidad de commodities, han tenido bruscos y sostenidos aumentos de precios en los últimos dos años. En el caso puntual del cobre, el aumento de precio entre enero de 2020 y marzo de 2022 fue de 58,2%. Los plásticos aumentaron un 43,5%. En otras palabras, por igual cantidad de dólares pagados, recibimos hoy menos toneladas de cobre y plásticos que en 2020 y 2021", detallan en la misiva firmada por Martín García Maglione, gerente general de Cimet, y dos apoderados.
De allí que pide se revise el criterio, en su caso, y flexibilice el acceso al mercado para poder seguir operando.
Lo paradójico en este caso es que la actividad que esa compañía desarrolla había sido promocionada en el pasado reciente por el Ministerio de Desarrollo Productivo, cuando aún lo comandaba Matías Kulfas, subrayando que produce más de 20.000 kilómetros de cable por año.
Fuente: La Nación
