Los cortes de calle bajaron a la mitad en la Ciudad de Buenos Aires

Las movilizaciones en Capital Federal cayeron un 50% en el último año debido al protocolo antipiquetes y otras medidas del gobierno, debilitando la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales.

En los últimos meses, las organizaciones sociales han visto una notable disminución en su capacidad de movilización debido a diversas medidas del gobierno. Un dirigente social confesó a finales de marzo que era cada vez más difícil enfrentar el protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta medida ha sido una de las razones detrás de la reducción de las protestas en las calles, incluso en un contexto de recesión y aumento de precios de alimentos. En Buenos Aires, los cortes de calles disminuyeron un 50% en comparación con el año pasado, según la consultora Diagnóstico Político.

A nivel nacional, aunque la caída no es tan drástica, también se observa un retroceso de las organizaciones sociales, que siguen siendo las principales impulsoras de las movilizaciones. Según Diagnóstico Político, los cortes de calle en el país se redujeron un 22% en comparación con el primer semestre de 2023. En junio, se registraron 575 cortes, un 6% menos que en mayo. Las organizaciones sociales protagonizaron 124 de esos cortes, aunque perdieron terreno frente a otros actores como partidos políticos y vecinos autoconvocados.

En la Capital Federal, el reclamo por el reparto de alimentos para comedores comunitarios impulsó la mayoría de las protestas, muchas de las cuales terminaron confinadas a las veredas debido al estricto cumplimiento del protocolo. Además del protocolo, el gobierno golpeó a las organizaciones sociales al desmantelar las Unidades de Gestión del plan Potenciar Trabajo, controladas mayormente por estas organizaciones. Esto les quitó la capacidad de controlar la asistencia de los beneficiarios a sus lugares de trabajo, utilizada, según se sospecha, de forma extorsiva para movilizar personas.

El Ministerio de Seguridad también habilitó una línea telefónica para denuncias anónimas de beneficiarios obligados a asistir a marchas, lo que derivó en una investigación del fiscal Gerardo Pollicita. Esta pesquisa puso en la mira a varios movimientos sociales, con intervenciones telefónicas y allanamientos. La disminución de la capacidad de movilización llevó a las organizaciones a diseñar protestas más estratégicas, eligiendo puntos de concentración fuera de la Capital Federal y anunciando movilizaciones sin anticipar el destino exacto.

El protocolo de Bullrich demostró ser efectivo para desarmar protestas dependientes exclusivamente de organizaciones sociales, aunque tuvo resultados dispares en manifestaciones más amplias. Esto se evidenció durante una masiva marcha en defensa de la universidad pública y otra protesta contra la Ley Bases, que terminaron en disturbios y represión policial. La última protesta significativa de las organizaciones sociales ocurrió hace casi dos meses, cuando se aliaron en torno a la demanda alimentaria, aunque luego se distanciaron tras la investigación de Pollicita.

En mayo, las organizaciones marcharon por diferentes puntos de la avenida 9 de Julio sin afectar el tránsito vehicular. Esta movilización coincidió con la revelación de que el gobierno almacenaba más de 5000 toneladas de alimentos. En otra ocasión, en la primera semana de mayo, el protocolo antipiquetes frustró un intento de protesta frente a la Quinta de Olivos. La última manifestación con corte de tránsito en la 9 de Julio ocurrió hace tres meses, cuando los manifestantes lograron cortar la avenida por poco más de una hora antes de ser dispersados por un operativo conjunto de las fuerzas federales y porteñas.

Fuente: La Nación