Acuerdo en Diputados para destinar más fondos al área de Discapacidad

El oficialismo aceptó un conjunto amplio de modificaciones impulsadas por el misionero Herrera Ahuad y bloques dialoguistas; un sector del PJ se aprestaba a acompañar el proyecto

La Cámara de Diputados se apresaba a aprobar al cierre de esta edición el proyecto de ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad, uno de los frentes políticos más complejos para el Gobierno. Luego de una serie de reuniones contra reloj y con negociaciones abiertas en plena sesión, el oficialismo aceptó modificaciones centrales en el articulado y confiaba en reunir los votos para aprobar la iniciativa, con el respaldo de sus aliados habituales, del bloque de Provincias Unidas y gran parte de Unión por la Patria.

Entre las modificaciones más resonantes incorporadas al proyecto, se buscó dejar establecidos por ley los requisitos ?que hoy son dispuestos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo? para acceder a las pensiones por discapacidad. Entre ellos, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica, no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos y tampoco encontrarse percibiendo la asignación universal por hijo con discapacidad o la asignación familiar por hijo con discapacidad.
El texto también mantiene la vigencia de la ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, cuando la intención inicial del oficialismo era volver incompatible la pensión con el empleo formal.
Además, la iniciativa que aún era debatida anoche refuerza los fondos para el área de Discapacidad y establece que, en caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. A su vez, se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.

Otro de los puntos centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que actualmente rondan los $278.323 millones. Este último fue un reclamo expreso de Pro.
En cuanto a las pensiones por invalidez, la propuesta asegura a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. Asimismo, se garantiza la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación, que había sido eliminado en el proyecto del presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso.
Buena parte de estas modificaciones fueron impulsadas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque de Argentina Federal, quien las leyó apenas comenzó el debate de la iniciativa. El exgobernador de Misiones presentó su dictamen y enumeró los cambios propuestos, que el oficialismo aceptó incorporar.

El bloque de Provincias Unidas, por su parte, propuso también sus propias modificaciones a cambio de dar su apoyo al proyecto.
Al momento de presentar su dictamen, Herrera Ahuad envió un mensaje al Gobierno y le reclamó que se comprometa a retirar el capítulo VI del proyecto de presupuesto 2027, que incluye una serie de derogaciones y modificaciones que echaban por tierra la ley de emergencia en Discapacidad vigente y que también iban en sentido contrario a la iniciativa que venían impulsando las principales figuras legislativas del oficialismo: Martín Menem, Laura Rodríguez Machado, Gabriel Bornoroni y Silvana Giudice.

En concreto, el proyecto presupuestario que el Gobierno envió al Congreso propone derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia en Discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Ayer, durante el debate, la oposición expuso las dudas en torno a la posibilidad de que el propio presidente Javier Milei termine vetando los cambios ofrecidos por los legisladores libertarios.
Los diputados del peronismo más crítico no solo enfatizaron como una victoria opositora el giro que dieron los diputados libertarios al impulsar una iniciativa contraria a lo establecido en el proyecto de presupuesto; también, y como expuso el diputado Carlos Castagneto (UP), les exigieron a los legisladores de La Libertad Avanza que "dentro de un mes y medio", cuando se debata ese proyecto de presupuesto, el Gobierno acepte eliminar el capítulo VI y respetar los cambios introducidos anoche en el recinto.

La discusión por Discapacidad comenzó avanzada la tarde, luego de que el Gobierno lograra aprobar los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada, de trazabilidad de los medicamentos de alto riesgo y de vandalismo rural. Desde el arranque, el debate estuvo marcado por los cuestionamientos de los bloques más críticos a la gestión de Milei en materia de discapacidad, que también señalaron las investigaciones judiciales por presuntos sobreprecios y sobornos en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad.
La diputada Laura Rodríguez Machado (LLA) estuvo al frente de las negociaciones, coordinadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En un giro inesperado, ayer el oficialismo "abrió" el proyecto y lo giró a los opositores, incluidos los representantes de UP. Entre ellas, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes anticiparon la intención de una parte de la bancada de respaldar el dictamen si se tomaban en cuenta los cambios.
La bancada que conduce Germán Martínez quedó ante la disyuntiva de acompañar o no una propuesta que terminaría por recoger los reclamos del colectivo de discapacidad, quienes ayer por la tarde expresaron su aval a las incorporaciones que hizo el oficialismo.

Presión de la Iglesia
Según pudo saber LA NACION, autoridades del Episcopado se reunieron anteayer a última hora con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.
La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.

La presión se hizo aún más evidente este miércoles cuando la Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo sobre la emergencia en Discapacidad tras los contactos que mantuvo con los distintos legisladores, en la que expresó su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.

Fuente: La Nación