Anunciaron un nuevo sistema de contratos con privados para alimentos
El asesor presidencial dio a conocer la modalidad por la que buscan depender de los stocks de las empresas para la entrega de mercadería en casos de emergencia
Luego del escándalo sobre el reparto de comida para los sectores más vulnerables, el asesor y próximo ministro del gabinete presidencial Federico Sturzenegger anunció este domingo un nuevo sistema de compra y acopio de alimentos.
A través de su perfil en X (antes Twitter), Sturzenegger afirmó: "El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema para lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo".
Según informó, el plan del asesor consiste en que el Estado minimice el uso de sus depósitos y, de lo posible, prescinda de ese tipo de dinámicas. En cambio, pretende contratar compromisos para que las empresas alimentarias puedan disponer la cantidad del stock que se disponga ante situaciones de emergencia. "El sector cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se le requiera", explicó.
"Como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito. Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente", agregó.
La administración libertaria presidida por Javier Milei no compró alimentos desde que asumió y los cerca de cinco millones de kilos almacenados que se dieron a conocer a través de una investigación periodística son remanentes de la gestión anterior. Según información del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, hasta ahora se vencieron 40 kilos de arroz y hortalizas y hay diversos lotes de leche en polvo que vencen a fines de julio.
El titular del juzgado, Sebastián Casanello, le había informado el viernes a la Cámara Federal que el Gobierno había incumplido la orden judicial de notificarle cómo repartirá los alimentos acumulados. Al día siguiente, dio lugar a un pedido de la fiscal federal Paloma Ochoa para allanar el "Centro Operativo Martelli", ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli.
De manera paralela, el juez federal José Díaz Vélez, que se desempeña en el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, ordenó la misma medida para el otro galpón investigado, ubicado en Tafí Viejo, a raíz de un pedido del fiscal federal Agustín Chit.
Gendarmería Nacional procedió con el allanamiento y realizó un inventario con 2,7 toneladas de alimentos no perecederos.
Por el momento, más de dos millones de productos están listos para ser distribuidos y alrededor de 600.000 productos están siendo analizados, con el control de calidad correspondiente, para poder ser repartidos.
El conflicto por la mercadería generó gran revuelo en el Gobierno y terminó con Pablo de la Torre fuera del Ejecutivo.
Hasta el jueves fue el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), bajo el ala del súper ministerio que conduce Pettovello.
A través de un pedido de acceso a la información pública, El Cronista accedió a diferentes auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación a comienzos de año sobre las áreas del Ministerio de Capital Humano. Las evaluaciones hechas sobre el exministerio de Desarrollo Social advertían las falencias en el Circuito de Compras y Contrataciones: "Se verifican entre otras falencias recurrentes, la ausencia de un procedimiento formal para el control de las entregas de los bienes".
Este medio contactó a voceros de la cartera para consultar sobre las medidas que se tomaron para reforzar las debilidades del Sistema de Control Interno (SCI). Aunque se prometieron respuestas, no llegaron al cierre de la edición.
Fuente: El Cronista Comercial
