Aprueban por amplia mayoría la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
La Cámara de Diputados fue escenario ayer de otro triunfo con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años
En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción de la reforma laboral, la Cámara de Diputados fue escenario ayer de otro triunfo con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos, con el apoyo del oficialismo, Pro y la UCR. El bloque de Unión por la Patria, los diputados peronistas que responden al gobernador Raúl Jalil y la izquierda votaron en contra. Tras la aprobación en general, se registró un áspero debate porque los bloques aliados del oficialismo manifestaron sus dudas respecto del financiamiento. El oficialismo logró igual avanzar hacia su aprobación completa. Continúa en la página 10
La iniciativa finalmente sancionada anoche destina $23.739 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20.000 millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
En el debate en particular, el oficialismo rechazó la posibilidad de cambiar el texto. Lo hizo a través de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto. "No se puede dar marcha atrás por una cuestión de pesos", sostuvo la legisladora afín a Patricia Bullrich. La votación en particular volvió a ser favorable al oficialismo.
Resultó un momento emotivo por la presencia en los palcos de familiares de víctimas de la delincuencia, entre ellos Romina Monzón, la madre de Jeremías, adolescente asesinado a puñaladas por menores en Santa Fe. Este episodio motivó la decisión del Poder Ejecutivo de incluir el tratamiento de esta iniciativa -demorado desde hace casi un año- en el temario de sesiones extraordinarias.
Desde la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei calificó de "histórico" el paso dado en Diputados. Mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, repitieron el eslogan "delito de adulto, pena de adulto".
El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales (Pro, la UCR y el MID), como también de bloques provinciales como Innovación Federal; los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo; Independencia (que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo), y el bloque Por Santa Cruz.
El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, un grupo de diputados del Frente Renovador ?que responde a Sergio Massa? votó a favor de fijar en 14 años el piso de imputabilidad.
Ese grupo insistió, sin embargo, en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Su planteo no fue atendido por el oficialismo.
La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de 10 años o más.
Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño.
El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.
El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigor seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el Sistema Penitenciario Federal y los de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.
Los detractores del proyecto aseveran que la asignación presupuestaria para el nuevo régimen es insuficiente y no llegará a las provincias. Se trata de un planteo reiterado por parte de legisladores que responden a los gobernadores.
El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque "criminalizar a los pibes".
"Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso", afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros que los adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.
Bloques aliados
Los bloques aliados al oficialismo aplaudieron la iniciativa. "Celebro que el Gobierno haya puesto este tema sobre el tapete -enfatizó Cristian Ritondo (Pro)-. Bloquear este debate y no responsabilizar a un menor que tiene conciencia de que comete un delito no es un acto de humanidad, sino un acto de abandono, el más cruel que puede cometer el Estado, el de abandonar a un chico de 4 o 15 años que comienza la vida en la delincuencia."
"Me alegra que la política salga de su confort poniendo los pies sobre la tierra legislando sobre la cruda realidad que vive la sociedad, desarmando décadas de doctrina garantista", acotó Pamela Verasay (UCR).
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez expuso los motivos del rechazo de un sector de su bancada. A su juicio, el proyecto "no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni de abordaje a través de los clubes".
También cuestionó la redacción presupuestaria: "Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles". Y concluyó que el presupuesto previsto es "deficiente".
Desde el bloque libertario, el diputado Álvaro Martínez respondió las críticas del kirchnerismo. "El sistema actual rige desde 1980, desde la dictadura. Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley y establecer un régimen penal juvenil. No tuvieron el coraje. Hoy estamos dando un paso donde la ley se cumple. Cuando hay justicia, el que la acelera, paga", enfatizó.
Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador massista que impulsó una propuesta alternativa a la de su bancada, planteó que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años debería instrumentarse con una modificación del artículo 34 del Código Penal. "Solo así esta ley tendrá destino. Sino, será judicializada", advirtió.
La bancada de Provincias Unidas también mostró fisuras. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.
"Hay eslóganes que el oficialismo usa, como cuando dice 'delito de adulto, pena de adulto', que no tienen nada que ver con este proyecto -advirtió la jefa de la bancada, Gisela Scaglia?. Esta ley es mucho más contemplativa de lo que algunos expresan".
"Este proyecto les transfiere a las provincias la totalidad de la responsabilidad de llevar adelante este nuevo régimen penal juvenil; estamos de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad, pero no puede ser que todo el costo lo paguen los gobernadores".
Una vez tratado el régimen penal juvenil, el oficialismo buscó ratificar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que contemplaría una reducción recíproca de aranceles, principalmente para productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.
La Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país de la región en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimió la oposición más dura para cuestionar el tratamiento.
La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.
Fuente: La Nación
