CFK llevó su caso a la ONU y pidió suspender su inhabilitación
La expresidenta denunció que durante el proceso judicial se violaron múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reclamó que se suspenda la inhabilitación perpetua que hoy le impide competir en las elecciones de 2027.
Cristina Fernández de Kirchner dio este miércoles un nuevo paso en su estrategia judicial para revertir la condena en la causa Vialidad y trasladó el caso al plano internacional. A través de una comunicación individual presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la expresidenta denunció que durante el proceso judicial se violaron múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reclamó, como medida urgente, que se suspenda la inhabilitación perpetua que hoy le impide competir en las elecciones de 2027.
La presentación fue oficializada en una conferencia de prensa por sus abogados Carlos Beraldi, el jurista brasileño Rafael Valim y el ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. En paralelo, la exmandataria publicó una columna en diarios internacionales como El País de España y Libération de Francia, donde sostuvo que la condena constituye una forma de ?proscripción? política y advirtió que el caso trasciende su situación personal porque afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
El planteo fue presentado al amparo del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una instancia a la que pueden recurrir personas que consideran agotadas las vías judiciales internas. Según la defensa, esa condición quedó cumplida luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena el 10 de junio de 2025.
La comunicación sostiene que el proceso conocido como ?Causa Vialidad? vulneró una serie de derechos protegidos por el tratado internacional. El principal argumento gira alrededor del artículo 25 del Pacto, referido al derecho a votar y ser elegido. Allí los abogados afirman que el verdadero objetivo del proceso fue impedir una futura candidatura presidencial de Cristina Kirchner y califican la inhabilitación perpetua como una restricción indebida de sus derechos políticos.
La defensa también denuncia la violación del derecho a un juicio justo. Según el escrito, la expresidenta fue responsabilizada por actos administrativos que constitucionalmente no le correspondían y la condena terminó apoyándose en la firma del Decreto 54 de 2009, una norma que continúa vigente. Beraldi sostuvo durante la conferencia que ?no la condenaron por las obras ni por sobreprecios, sino por un decreto? y afirmó que se le atribuyó un delito ?imposible de cometer? porque nunca administró la Dirección Nacional de Vialidad.
Otro de los ejes centrales cuestiona la imparcialidad de los tribunales. El documento sostiene que existieron mecanismos irregulares de asignación de la causa, conocidos como forum shopping, y denuncia que jueces y fiscales mantenían vínculos personales con dirigentes políticos opositores.
Como parte de la presentación, los abogados solicitaron tres medidas cautelares al Comité de Derechos Humanos. La principal apunta a suspender de manera inmediata la inhabilitación perpetua mientras se analiza el fondo del caso. Para justificar ese pedido, sostienen que la sanción contradice precedentes del propio Comité que rechazan las inhabilitaciones de carácter permanente.
Finalmente, pidieron modificaciones en las condiciones del arresto domiciliario. Entre ellas figuran el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de las restricciones para recibir visitas, la posibilidad de acceder al aire libre en igualdad de condiciones con otros detenidos y el cese de lo que califican como un trato ?discriminatorio y degradante?. También reclamaron que el Estado argentino deje de responsabilizar a la expresidenta por las manifestaciones que realizan terceros frente a su domicilio.
Fuente: El Cronista Comercial
