Devuelven el control de los hoteles y otras 30 propiedades a Cristina Kirchner y sus hijos
Lo decidieron los jueces Obligado y Grünberg, que dispusieron veedores y la inhibición sobre los bienes; la jueza Palliotti defendió la necesidad de mantener la intervención
El Tribunal Oral Federal Nº 5 devolvió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, el control de los hoteles y las propiedades que estaban intervenidas en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se los investiga por supuesto lavado de dinero.
La decisión de levantar la intervención judicial y devolver a los Kirchner la administración de sus empresas fue tomada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que decidieron poner veedores judiciales.
La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia.
Además, se dispuso la inhibición general de bienes de las firmas Hotesur SA, Los Sauces SA y el Condominio de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Juntos involucran a una treintena de propiedades, entre departamentos, casas y cocheras en distintas provincias.
Obligado, el mismo juez que le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou, y Grünberg, perteneciente a Justicia Legítima, entendieron que con el mantenimiento de la intervención judicial se estaría avanzando sobre la presunción de inocencia de los Kirchner.
Grünberg y Obligado escribieron que ?las encartadas y el encartado [Máximo, Florencia y Cristina Kirchner] se encuentran también amparados/ as por el reconocido principio constitucional de inocencia, es dable advertir que la gravosa medida cautelar aquí en estudio, debido a su prolongada extensión temporal, entra plenamente en colisión con el goce del derecho de propiedad?.
Enumeraron que se vulneraría el principio de defensa en juicio, del debido proceso y que implicaría adelantar la ejecución de una pena, y consideraron que "en el presente caso aquellas características de excepcionalidad y provisionalidad se encuentran, a esta altura, más que resquebrajadas, lo que permite considerar seriamente empañado el derecho de propiedad de los procesados".
El fiscal Diego Velazco había pedido mantener bajo intervención Hotesur, porque restaba realizar un peritaje contable. Pero los jueces dijeron que esa no era una razón de peso. "No se advierte el perjuicio que importaría para la consecución del peritaje acceder a lo peticionado por la defensa", dijeron.
Ahora se debe integrar el directorio de las empresas con la designación de autoridades, pero se les prohibió repartir dividendos que generen las sociedades. Y designaron dos veedores de la AFIP por un año, para "vigilar la conservación del patrimonio" e informar sobre toda irregularidad que adviertan.
En disidencia, la jueza Palliotti dijo que se deben mantener las empresas intervenidas hasta el juicio oral y público, pues la idea es "conservar y preservar el cuantioso patrimonio cuyo origen? es investigado, afirmó, para señalar que el juicio oral es ?el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio".
Palliotti recordó las obligaciones internacionales que asumió el Estado argentino con relación a los casos de corrupción, que deben guiar los casos judiciales y que fueron establecidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
La intervención, dijo la jueza, es la medida más idónea para asegurar los bienes que podrían haberse utilizado para la comisión de los delitos o ser producto de ellos. Recordó que la Argentina, a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue instada a adecuar su legislación para castigar el lavado y que se estableció un catálogo de medidas para preservar los activos.
En la causa resta terminar un peritaje contable, por lo que el fiscal recomendó mantener la intervención y los embargos sobre la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner en el Banco de Galicia que contenía US$4.664.000, los US$1.032.144,91 de una caja de ahorros en dólares y los $53.280,24 de una caja de ahorro en pesos.
Además de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas, Los Sauces-Casa Patagónica y La Aldea, la decisión judicial involucra otros 30 inmuebles (entre departamentos, edificios y cocheras) en Santa Cruz y la Capital.
Fuente: La Nación
