Política

31/12/2020

El Congreso legalizó el aborto, pero el Gobierno admite que habrá dificultades

Tras celebrar la aprobación del proyecto de legalización, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo que "no va a ser fácil de aplicar" en todo el país; prevén dificultades en las provincias donde aparece mayor resistencia

El Gobierno celebró ayer la aprobación de la legalización del aborto en el Congreso hasta la semana 14 de gestación, tras un debate que llevó más de doce horas de discusión en el Senado y luego de definirse por 38 votos a favor sobre 29 en contra. De este modo, la Cámara alta cambió su postura tras el rechazo de 2018. 

Con la nueva ley no serán penalizados los abortos hasta la semana 14 de gestación. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. 

La sanción abre ahora el proceso de implementación del proyecto, donde las autoridades reconocen que las mayores dificultades pueden aparecer, en la práctica, en determinadas provincias donde la interrupción del embarazo enfrenta resistencia. 

Más allá de los festejos por la aprobación, desde la Casa Rosada reconocían que lograr el cumplimiento efectivo de la norma es "una preocupación" a partir de ahora. 

En la promulgación, y sobre todo en la reglamentación de la norma, la idea es conseguir que la flamante ley de legalización del aborto "se cumpla en todos lados. Aunque no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que Formosa", según afirmó un funcionario al tanto del camino que debe seguir la ley luego del voto de los senadores. 

El ministro de Salud, Ginés González García, reconoció ayer públicamente las dificultades para la implementación. 

"Creo que tenemos por delante un gran desafío. Esto no va a ser fácil de aplicar porque por lo que pasó con lo que ya está aprobado, que es la interrupción legal, que tiene incluso hasta fallos de la Corte. No es lo mismo la aplicación en cada lugar del país. Ahora hay que meterle mucho, mucho esfuerzo y voluntad", aseguró el ministro en diálogo con Radio Con Vos. 

La preocupación responde a la resistencia cultural y política de diferentes provincias, como también a las dificultades para controlar su cumplimiento en los lugares más remotos. 

La ley entrará en vigor el mes próximo, una vez que se promulgue. El plazo formal determina que debe ser dentro de los 10 días hábiles posteriores a que el Senado informe formalmente de la sanción al Poder Ejecutivo. 

La Casa Rosada comenzó ahora a trabajar en la reglamentación, es decir, la definición de los detalles de cómo el aborto legal debe llevarse a la práctica. "No veo difícil la reglamentación, pero la implementación va a tener sus bemoles, es imposible que no suceda eso", reconoció ayer, en diálogo con La Nación, una de las principales impulsoras de la legalización en la Casa Rosada. 

La reglamentación de la ley de legalización del aborto va a estar a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra; el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, y el Ministerio de Salud, que preside Ginés González García. 

Según diferentes consultas de La Nación, tanto las obras sociales como las prepagas reconocen que la práctica del aborto tiene una baja o mediana complejidad. Requiere una implementación similar al legrado uterino, que ya se realiza para enfrentar diferentes complicaciones. Para las prepagas y obras sociales, la preocupación que se siguen sumando prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) sin financiamiento. 

Desde el Gobierno estiman que el costo es bajo, porque el sistema ya absorbe los casos derivados de abortos clandestinos que se complican. 

En la Casa Rosada manejan como estadística que, anualmente, el sistema de salud recibe 39.000 internaciones producto de abortos clandestinos. Y pronostican que la legalización reduciría esas hospitalizaciones. 

De todas formas, el número real de abortos legales que se realizarán en la Argentina es todavía un interrogante. 
El proceso que culminó en la madrugada de ayer con la votación comenzó a mediados de octubre, con una reunión entre Cristina Kirchner, Gómez Alcorta y la senadora Anabel Fernández Sagasti, que definió la estrategia para la sanción y la argumentación de la disminución de los abortos clandestinos. 

La preocupación ahora para el Gobierno es lograr que la letra de la ley se aplique en la realidad. 

"Se va a trabajar articuladamente con todas las provincias y de manera integral junto con las políticas de educación sexual integral (ESI) y prevención de embarazos no intencionales", respondieron ayer en la Casa Rosada. 
 

Fuente: La Nación

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