El Gobierno impulsa sumar a la Argentina al Tratado Internacional de Patentes

Lo hará una vez que asuma el nuevo Congreso. Implica el pago de royalties a desarrolladores de nuevos medicamentos. Será parte del acuerdo con EE.UU.

La referencia está en la página 40 del informe 301 de Estados Unidos. Aparece como una simple sugerencia ("Estados Unidos insta a Argentina a..."), pero sin embargo ocurrirá, confirmó Clarín con fuentes directas de dos ministerios: una vez que asuma el nuevo Congreso, el Gobierno impulsará la adhesión de la Argentina al Tratado Internacional de Cooperación en Materia de Patentes, o PCT; un convenio ligado a un debate largo y caluroso, que va cambiando de forma según la grieta política de turno, y que resulta de especial interés para el mundo de la salud y, en particular, para la industria farmacéutica argentina. 
Aunque el tema es bien técnico, la adhesión al PCT podría impactar de forma directa en los precios y en el acceso a los medicamentos, lo que es igual a decir que repercutirá en todos los mojones del sistema de salud. Por eso, ya en la previa, cuando ni siquiera se firmó el acuerdo marco con Estados Unidos, donde esta impronta quedaría plasmada, el tema viene motivando conversaciones que impactan la relación del oficialismo con la industria farmacéutica nacional; los actores que siempre resistieron la inscripción de la Argentina a la lista de casi 160 países miembro de este tratado. 
Clarín abordó el tema en un informe de mayo de 2023. Entonces se cumplían 25 años desde que el proyecto de adhesión al PCT, un tratado gestado en los años 70 con participación explícita de la Argentina en su redacción, esperaba ser ratado en Diputados. Había obtenido media sanción del Senado en 1998 y, por ser un tratado internacional (algo descripto en el artículo 2 de la ley 13.640), ese pulgar para arriba obtenido en la cámara alta seguía y sigue, hoy, vigente. 
Los destiempos y una falta notable de consenso por las diferencias que (al interior de la "farma") genera este sensible asunto, hicieron que la carpeta no llegara nunca a recinto de Diputados. 
Esto, aun cuando cada año, los lineamientos de Estados Unidos en sus informes 301 reclaman enfáticamente la necesidad de que Argentina se sume al PCT. Todo indica que ahora ocurrirá. 
Para muchos asuntos, los laboratorios farmacéuticos se mueven en forma conjunta, pero en esto están divididos. La farma extranjera (nucleada en la cámara CAEME) cree que si Argentina adhiere al PCT, sus innovaciones estarán mejor protegidas de las copias que se hacen de sus remedios, ya que el país tendría una serie de obligaciones a cumplir, ligadas a los estándares del PCT, que por cierto integra el entorno cooperativo de un organismo llamado Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, WIPO en inglés). 
Si Argentina adhiriera, se supone que se abriría una oficina de ese organismo acá y que, por ejemplo, un inventor o una empresa de innovación y desarrollo podría tramitar la patente de su invención (por la vía supuestamente más expeditiva y barata que todos llaman "PCT") para contar con la protección de su producto en cualquier país miembro en donde proyecte comercializarlo. La OMPI asesora a los solicitantes respecto de los países donde su desarrollo podría "funcionar". 
Actualmente, por un tema de tiempos y, sobre todo, de costos, cada vez que grupos de investigación, o el mismo Conicet, quieren patentar una innovación en el exterior, con miras a poner un pie científico en el mundo, se les vuelve indispensable asociarse a alguna institución o equipo de investigadores residentes de un país miembro del PCT. No pueden hacerlo solos porque Argentina no es Estado miembro del tratado. 
CILFA y COOPERALA, y en menor medida, en CAPGEN, representan a la industria nacional (sector que emplea unas 43.000 personas de manera directa y 130.000 en forma indirecta), resalta la contracara de lo que pasaría si se certificara la adhesión al PCT. 
Y es que, así como los locales tramitarían patentes en el exterior más fácilmente y a un costo menor, también proliferarían las patentes de extranjeros acá. No de medicamentos viejos (que quedarían tal como están), pero sí de los nuevos que se desarrollen. Las copias, que a la industria nacional le gusta llamar "biosimilares", sólo se podrían desarrollar luego de (como máximo) 20 años, tras la caída de las posibles patentes que laboratorios multinacionales tramiten acá. 
Esto de tramitar patentes en Argentina es algo que, reclaman las multinacionales. Aseguran que el Instituto Nacional de Protección Industrial (INPI) impone largos obstáculos burocráticos que derivan en trámites rechazados y en consecuentes judicializaciones que nunca se destraban antes de lo dicho a doce años. 
El Gobierno impulsa con tal fuerza que aterricen patentes extranjeras en el país que, además, si esos productos fueran medicamentos o por ejemplo contaran con la aprobación de la FDA, sus desarrolladores ni siquiera precisarían darse una vuelta por la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para pedir la autorización de uso y comercialización de la droga. El "ok" de la FDA sería suficiente certificado en el país. 
 

Fuente: Clarín