El Gobierno intervino Corredores Viales como paso previo a su privatización
El Poder Ejecutivo inició el procedimiento para la "privatización total" de los tramos de las rutas de Corredores Viales bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, como paso previo a la disolución de la compañía creada en 2017.
El Gobierno dispuso la intervención de Corredores Viales y designó a María de los Ángeles Adem al frente de la compañía, en lo que se considera el paso previo para la privatización, mediante el sistema de concesión, de los servicios de mantenimiento por peaje de casi 20.000 kilómetros de rutas en todo el país. La medida se oficializó a través de la publicación del Decreto 244/2025 en el Boletín Oficial.
El 14 de febrero, mediante el decreto 97/2025, el Poder Ejecutivo inició el procedimiento para la "privatización total" de los tramos de las rutas de Corredores Viales bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, como paso previo a la disolución de la compañía creada en 2017.
La medida abarca a tramos de rutas de todo el país por un total de 19.645,57 kilómetros.
Ese mismo día, el vocero Manuel Adorni señaló en una conferencia de prensa que "a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura mediante la participación del sector privado, que se encargará de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro del peaje a los usuarios".
Qué tramos abarca
Corredores Viales gestiona diez tramos de rutas y autopistas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes y Misiones. Entre ellos se encuentran las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
Adem deberá realizar una auditoría de gestión tanto al inicio como al final de su intervención, con una evaluación del estado financiero, la estructura orgánica y el funcionamiento en general de la empresa.
Asimismo, tendrá que elaborar un plan de acción, reformulación y readecuación para la sociedad, con la eventual modificación del Estatuto societario vigente.
De acuerdo con lo informado, la intervención se hará cargo además de la revisión de la administración de compras y contrataciones, así como también dispondrá una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales.
Fuente: BAE