El Gobierno nacional y Chubut sellan un acuerdo millonario por el financiamiento previsional

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, transferirá 48 mil millones de pesos a la provincia. El convenio incluye el compromiso de suspender reclamos judiciales ante la Corte Suprema.

El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, formalizó un importante convenio de financiamiento previsional con la provincia de Chubut. El acuerdo, canalizado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), busca regularizar y garantizar el flujo de fondos destinados a la caja jubilatoria provincial durante el próximo año.

Del acto oficial participaron figuras clave de ambas administraciones: la ministra Sandra Pettovello, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Arancibia. El encuentro marcó un punto de acercamiento administrativo y político entre la Nación y el distrito patagónico, tras meses de gestiones técnicas.

En términos financieros, el pacto establece un esquema de transferencias que comenzará a ejecutarse a partir del mes de mayo. El monto total acordado asciende a los 48 mil millones de pesos, una cifra destinada a cubrir el concepto de adelanto de financiamiento previsional correspondiente al ejercicio 2026.

Para garantizar la previsibilidad económica de la provincia, los fondos se distribuirán en 12 cuotas iguales y consecutivas. De esta manera, Chubut recibirá aproximadamente 4 mil millones de pesos mensuales, lo que permitirá un ordenamiento más eficiente de sus recursos destinados a los beneficiarios del sistema previsional.

Es importante destacar que el flujo de estos fondos se dará en simultáneo con un proceso de supervisión constante. Según se informó, el avance de las transferencias estará coordinado con las auditorías que el Gobierno nacional se encuentra realizando actualmente para asegurar la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos.

Finalmente, el convenio incluye una cláusula de resolución de conflictos legales de gran relevancia. Tanto la Nación como la provincia acordaron suspender cualquier trámite judicial iniciado ante la Corte Suprema de Justicia relacionado con reclamos por estos fondos, priorizando así la vía administrativa y el consenso político por sobre la judicialización.