El Gobierno oficializó el decreto que cambia la forma de designar jueces

Quita la obligación de poner mujeres en la Corte, entre otros cambios y el rol de la sociedad civil en la selección.

Bajo la premisa de que el país se encuentra ante una "crisis institucional" producto de la gran cantidad de cargos vacantes en el Poder Judicial como en la Procuración General de la Nación, el Gobierno oficializó el Decreto que modifica los requisitos para la designación de magistrados y fiscales. El objetivo es reducir plazos e instancias "duplicadas" en el proceso y así "imprimir celeridad" a los pasos a seguir para cubrir los sillones vacíos. 

Con la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona (sic), se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 467/2026 que modifica la letra del Decreto 222 firmado bajo la presidencia de Néstor Kirchner y que estipulaba los requisitos a cumplir para dar por concluido el recorrido administrativo para la designación de un juez, fiscal e incluso sus máximas autoridades: la Corte Suprema y la Procuración General. 

"La Nación atraviesa una crisis institucional derivada del elevado porcentaje de vacancias de cargos de magistrados en la justicia nacional y federal y la demora en la cobertura de los mismos", sostiene el Decreto de la actual gestión, exponiendo las cifras sin precedentes que afronta el Poder Judicial con el 37,5% de sus sillones vacíos y con mayor gravedad, el Ministerio Público con el 46% de sus despachos sin cubrir. 

Durante los dos primeros años de la administración libertaria, el Ministerio de Justicia que estuvo hasta marzo de este año, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, no remitió al Senado ninguno de los 200 pliegos que retiraron del Congreso cuando se inició la gestión. 

La decisión de retener las ternas que envió el Consejo de la Magistratura como la Procuración General de la Nación, agravó la crisis de las vacancias. En los últimos tres meses, el ministro Mahiques remitió a la Cámara Alta 176 pliegos y espera a finales de este año que esa cifra ascienda a 250. Son más de 313 los pliegos acumulados en la cartera que conduce. 

En el Decreto que modifica instancias de publicación, para así ganar tiempo al momento de cubrir los cargos, se explicó que la cantidad de vacantes "genera una alteración en el funcionamiento normal de los órganos jurisdiccionales de la que se deriva un importante incremento en el tiempo de tramitación de los procesos judiciales que afecta de manera directa el debido proceso y, con ello, los derechos de los justiciables". 

Con ese argumento central, el Ministerio de Justicia sostuvo entre los fundamentos del Decreto 476 (sic) que los cargos vacantes, en su gran mayoría, "corresponden a los de magistrados de tribunales inferiores, cuyo proceso de selección incluye" un extenso y público proceso concursal ante el Consejo de la Magistratura, como la Procuración y la Defensoría General de la Nación, "con etapas de selección técnica y evaluación de antecedentes, caracterizados por la notoria publicidad de su desarrollo". La presente medida, aclara el Gobierno libertario, "no implica la supresión de mecanismos de publicidad, transparencia o participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados, los cuales continuarán plenamente garantizados mediante el procedimiento constitucional y reglamentario desarrollado ante el Senado". 

EL POLÉMICO DECRETO 222 
El colegio de abogados y una ONG critican los cambios del Gobierno 
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por el dictado del Decreto 467/2026 porque elimina cuestiones de género y limita la participación de la sociedad civil en el proceso. "Las modificaciones introducidas eliminan instancias de participación ciudadana que, durante más de dos décadas, permitieron a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía formular observaciones respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo", agregó el colegio que preside Alejandra García. Por su parte, la ONG "Será Justicia" dijo que se trata de "un retroceso inaceptable". En un comunicado firmado por Inés Arias y María Eugenia Talerico, entre otros, se afirma: "el verdadero trasfondo del decreto radica en el gran desgaste político que sufrió el oficialismo con las fallidas postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quienes recibieron numerosas impugnaciones por parte de la sociedad civil".

Fuente: Clarín