El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción

El oficialismo busca aprobar el proyecto de ley en sesiones extraordinarias. Pretenden que lo trate una comisión bicameral para acelerar el proceso. También agravan las penas por coimas y enriquecimiento ilícito

El Gobierno quiere declarar imprescriptibles los casos de corrupción, y para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que enviará al Congreso en sesiones extraordinarias, dijeron a LA NACIÓN fuentes oficiales. 
El texto del proyecto del nuevo Código Penal fue una tarea titánica que realizó una comisión de juristas y magistrados coordinada por el juez Mariano Borinsky. 
Trabajaron además en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el viceministro Sebastián Amerio, y por estas horas está en los despachos del Ministerio de Seguridad que hasta ayer encabezaba Patricia Bullrich. 
En esta última escala es donde se incorporó esta novedad que integrará el proyecto oficial que el Gobierno piensa enviar al Congreso, dijo una fuente del Ministerio de Seguridad a LA NACIÓN. 
"Está a estudio", "dijeron fuentes del Ministerio de Justicia. 
Los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, a contar desde el día en que se cometió el hecho ilegal. Hay algunos delitos imprescriptibles, como los de lesa humanidad o los atentados contra la democracia. La prescripción se relaciona con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable. 
La reforma, en caso de ser aprobada, no regirá hacia atrás en el tiempo, sino que se podrá aplicar a los nuevos casos de corrupción denunciados y cometidos desde que el nuevo Código Penal entre en vigor. 
Es decir, en denuncias posteriores a la aprobación del nuevo Código Penal o por hechos posteriores a su sanción en el Congreso. 
El proyecto de Código Penal agrava las penas para los hechos de corrupción hasta 15 años en los casos de enriquecimiento ilícito y 10 años en casos de coimas. Hoy las penas máximas son de seis años. 
Hubo un debate doctrinario acerca de si los delitos de corrupción son imprescriptibles. En octubre de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. En la causa se había presentado la diputada Elisa Carrió como amicus curiae en favor de la imprescriptibilidad. 
En 2018, los jueces de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la prescripción de la causa IBM-DGI y ordenaron la realización del juicio. 
Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal en Ezeiza, en octubre 
TADEO BOURBON 
En disidencia, Borinsky votó a favor de la prescripción. 
Este fallo fue recurrido ante la Corte, que, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, lo revocó, en coincidencia con el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal. Ordenaron dictar un nuevo fallo. 
La Corte no descartó que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, sino que cuestionó la forma en que la Cámara Federal de Casación se pronunció para arribar a esa conclusión, pues entendió que los dos votos por hechos ocurridos entre 1993 y 1995 no eran convergentes. Es decir, no conformaban una mayoría, debido a sus matices. 
La idea del Gobierno, en caso de que el presidente Javier Milei lo apruebe, es enviar el proyecto de ley al Congreso en sesiones extraordinarias, en diciembre, y que sea tratado por una comisión bicameral de diputados y senadores. 
Es el mismo mecanismo que se usó con la aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCCN), impulsado por una comisión presidida por Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. Esa comisión funcionó en 2012 y el Código se aprobó en 2014. 
Con este mecanismo, el Gobierno quiere ahorrar tiempo, pues podría "tirar" un dictamen conjunto de integrantes de ambas cámaras, que facilitaría la discusión parlamentaria, pues evitaría el reenvío del proyecto de una cámara a otra en caso de haber modificaciones. 
El ministro del Interior, Diego Santilli ?dijeron a LA NACIÓN fuentes de esa cartera?, incluyó el tema del nuevo Código Penal en su gira con los gobernadores, con quienes se reunió para buscar consensos en la aprobación de la ley de presupuesto y la reforma laboral, dos prioridades del Gobierno. 
"Hay consenso en que tiene que haber una reforma del Código Penal. Ahora, va a haber debate con el kirchnerismo, que se va a oponer a las reformas sobre legítima defensa, el rol de la policía y el agravante para la tenencia de armas de guerra o de uso civil", dijo a LA NACIÓN una fuente del Ministerio de Justicia. 
 

Fuente: La Nación