El Gobierno redefinió el rol de la Policía Federal y avanza hacia un modelo de fuerza investigativa
En un giro estructural, el Gobierno aprobó un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina que la transforma en una fuerza especializada en delitos federales y complejos. El plan incluye modernización tecnológica, redefinición de funciones, controles internos reforzados y protocolos más restrictivos para el accionar policial.
El Gobierno nacional aprobó este martes un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA), a través del Decreto 383/2025, que redefine su misión, estructura y competencias. El cambio busca consolidar a la fuerza como un organismo especializado en la investigación de delitos federales y complejos, dejando definitivamente atrás su histórico rol como fuerza de seguridad urbana, función que fue progresivamente transferida a la Ciudad de Buenos Aires a partir de 2016.
El nuevo marco normativo establece que la PFA tendrá como función principal la prevención, detección e investigación de delitos como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo, el ciberdelito y otros ilícitos federales, bajo una lógica que algunos comparan con el modelo del FBI en Estados Unidos. En ese sentido, se crea el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), acompañado por el Departamento Federal de Coordinación, que incluirán áreas especializadas en inteligencia criminal, análisis forense, ciberseguridad, cooperación internacional y bienestar del personal.
Además de la redefinición de sus tareas, el decreto deroga la normativa fundacional de 1958 y moderniza la estructura organizativa de la fuerza, con una reducción de escalafones y una política de ingreso más selectiva. Se pone en marcha el Programa Presupuestario ?Modernización de la Policía Federal Argentina?, que canalizará recursos hacia la capacitación, la adquisición de tecnología forense, el fortalecimiento de la inteligencia criminal y la innovación en procesos investigativos.
En cuanto a los aspectos operativos, el nuevo estatuto introduce mayores restricciones y garantías en la actuación policial. Las detenciones sin orden judicial solo podrán realizarse en casos de flagrancia, identificación dudosa o peligro inminente, y con un plazo máximo de retención de diez horas, asegurando en todos los casos el derecho a informar a un familiar. Además, se habilita el denominado ?ciberpatrullaje? sobre espacios digitales de acceso público sin necesidad de orden judicial, aunque bajo parámetros que buscan resguardar la privacidad y la libertad de expresión.
El régimen también regula los operativos de prevención: las requisas de personas o vehículos sin orden previa sólo podrán realizarse bajo circunstancias justificadas, manteniendo la proporcionalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos. En paralelo, la Dirección General de Asuntos Internos adquiere mayor autonomía funcional, quedando bajo supervisión directa del Ministerio de Seguridad, lo que refuerza los mecanismos de control interno de la fuerza.
Con esta reforma, el Gobierno busca una PFA ágil, profesional, altamente capacitada en el abordaje de delitos complejos, y con mayor transparencia institucional. La transformación, no obstante, requerirá de un proceso de adaptación tanto en las academias como en la asignación de recursos y en la cultura organizacional de la fuerza.
