La jueza Andrade y la polémica liberación: 'Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución'
En relación con las críticas sobre la liberación de los detenidos, Karina Andrade expresó: "No fue una decisión política, fue una ponderación de derechos, un control de la detención conforme a las garantías constitucionales que corresponden". "Lo único que importa es si una persona tiene un pedido de captura vigente
La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Ciudad, se convirtió en el centro de una tormenta política tras ordenar la liberación de 114 personas detenidas durante las protestas del miércoles. Criticada por el Gobierno de la Ciudad, la ministra Patricia Bullrich y señalada por el diario Clarín bajo el título "Una jueza camporista liberó a barras y militantes", Andrade defendió su decisión en diálogo con este medio: "Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la Constitución Nacional. No había elementos para sostener las detenciones".
El ABC de una decisión judicial
La propia jueza aclaró los términos de su fallo y se defendió de las acusaciones en una entrevista concedida en vivo. "En esta decisión, he tenido muchas comunicaciones de periodistas y demás, sinceramente, prefería, creo que fui lo más clara en la resolución", dijo Andrade. A pesar de las críticas, se mostró firme en su postura y defendió el uso de un lenguaje preciso y transparente en la redacción de su fallo: "Es como se puede ejercer incluso el control sobre las decisiones de los jueces y las juezas".
Andrade recordó que su función en este caso no era emitir una sentencia sobre la culpabilidad de los detenidos, sino verificar la legalidad de la detención. "Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la constitución nacional", insistió, al tiempo que aclaró que las decisiones de los jueces deben basarse únicamente en los elementos que tengan a su disposición en el momento en que resuelvan. "Es una obligación para los jueces que estamos de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento que debemos resolver", añadió.
La réplica a las críticas oficialistas
La propia jueza aclaró los términos de su fallo y se defendió de las acusaciones. "En esta decisión, he tenido muchas comunicaciones de periodistas y demás, sinceramente, prefería, creo que fui lo más clara en la resolución", dijo Andrade. A pesar de las críticas, se mostró firme en su postura y defendió el uso de un lenguaje preciso y transparente en la redacción de su fallo: "Es como se puede ejercer incluso el control sobre las decisiones de los jueces y las juezas".
Andrade recordó que su función en este caso no era emitir una sentencia sobre la culpabilidad de los detenidos, sino verificar la legalidad de la detención. "Mi argumento fue estrictamente jurídico, apegado a la constitución nacional", insistió, al tiempo que aclaró que las decisiones de los jueces deben basarse únicamente en los elementos que tengan a su disposición en el momento en que resuelvan. "Es una obligación para los jueces que estamos de turno tomar decisiones, que resolvemos con los elementos que tenemos en el momento que debemos resolver", añadió.
Además, respondió a las acusaciones que la vinculaban con una postura ideológica o política en favor de los manifestantes: "Se me ha intentado asociar con una corriente ideológica que no tiene base alguna en mis decisiones judiciales. Como jueza, mi único compromiso es con la ley y la justicia, sin importar el perfil político de las personas involucradas", dijo tajantemente.
Además, Andrade detalló el contexto en que se dio la detención de estas personas. Aseguró que no había evidencia suficiente para mantener a los detenidos sin cargos concretos. "No se recibió información del Ministerio Público Fiscal sobre una investigación de organización criminal, ni medidas previas solicitadas por la fiscalía. Tampoco hubo un pedido formal de intervención", señaló.
Un sistema en tensión
Andrade también se refirió a las críticas que la señalaban de actuar bajo presiones externas, especialmente por parte de actores cercanos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "La presión existe, claro, pero mi responsabilidad es mantenerme firme en mi función. No soy una jueza a la que se la pueda influenciar por intereses ajenos al derecho", indicó.
Finalmente, la jueza resaltó que la política no tiene cabida en sus decisiones judiciales. "Cada vez que un juez se ve presionado por estas críticas se pone en juego la independencia del Poder Judicial. Mi trabajo no está influenciado por ninguna ideología, sino por la búsqueda de la verdad y la justicia", concluyó.
El después de la polémica
La jueza admitió que su resolución no impide futuras acciones: "Si se comprueban delitos, habrá condenas. Pero en derecho, la prisión preventiva no es una condena anticipada". Sobre el caso Pablo Grillo "el joven herido de bala", precisó: "Esa investigación es del fuero nacional. Mi competencia era otra".
Al cerrar, reflexionó: "Los jueces resolvemos con lo que tenemos en el momento. Si prioricé la libertad, fue porque la Constitución así lo exige cuando el Estado no cumple con sus cargas".
La resolución de ese momento es, tengo una imputación demasiado genérica como para mantener a esta persona presa por las dudas, mientras tanto que investigue la fiscalía
¿Derechos vs. seguridad?
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y figuras como Patricia Bullrich criticaron la medida, señalando la peligrosidad de liberar a personas involucradas en hechos violentos. No obstante, Andrade insistió en que su papel no era investigar los hechos, sino controlar las garantías constitucionales durante la detención. En este sentido, la decisión abre un debate sobre el equilibrio entre proteger las libertades individuales y garantizar la seguridad pública
La pulseada entre Andrade y el oficialismo trasciende lo jurídico: pone en debate los límites del poder punitivo del Estado en contextos de protesta. Mientras Bullrich apela a la "mano dura", la jueza invoca el artículo 18 de la Constitución: "Ningún habitante puede ser arrestado sin una orden judicial". En el medio, 114 libertades que "para bien o mal" ya son emblema de una grieta que también es legal.
La pregunta clave, "¿derechos o seguridad"", queda en el aire: ¿debe primar la protección de las libertades fundamentales, o las medidas para preservar la seguridad y el orden social deben prevalecer"
Fuente: Ejes de comunicación
