La justicia frena el tarifazo del subte: ¿El boleto vuelve a $397?

La Justicia anuló el aumento en la tarifa del subte y el Gobierno porteño ya confirmó que apelará la decisión. El fallo retrotrae el valor del boleto a $397, afectando directamente a miles de usuarios. La controversia se centra en la falta de una audiencia pública adecuada y en la sostenibilidad financiera del servicio.

En un golpe inesperado para el esquema tarifario del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia anuló el reciente aumento en la tarifa del subte que había elevado el boleto a $74. El fallo, emitido por la jueza Elena Liberatori, declara nula la resolución 5/2023 de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la cual establecía el nuevo cuadro tarifario. Como resultado, la tarifa del subte se retrotraerá al valor anterior de $397, para alivio de los usuarios que habían manifestado su disconformidad ante el aumento.

El origen de la resolución judicial radica en la falta de cumplimiento de los procedimientos legales requeridos para autorizar un ajuste en las tarifas de los servicios públicos. En este caso, la jueza Liberatori concluyó que la audiencia pública convocada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no fue suficiente para garantizar la transparencia y participación de los usuarios. Según establece la ley, las audiencias deben permitir un debate amplio y la efectiva intervención de la ciudadanía antes de que se puedan implementar modificaciones tarifarias. La insuficiencia de este proceso llevó a la Justicia a retroceder sobre el aumento del boleto del subte.

**Reacciones y consecuencias**

La medida de Liberatori ha sido bien recibida por organizaciones defensoras de los derechos de los usuarios y sectores políticos que criticaban el alza. El fallo representa una victoria significativa para quienes consideran que los aumentos tarifarios han sido desproporcionados en relación con la calidad del servicio y la situación económica de la población. En particular, muchos usuarios del subte habían expresado su malestar ante la posibilidad de que el costo del viaje continuara subiendo en un contexto de alta inflación y recesión económica.

Por otro lado, tanto SBASE como el Gobierno de la Ciudad han manifestado que analizarán la situación y no descartan la posibilidad de apelar el fallo. Según las autoridades locales, el aumento en las tarifas es necesario para sostener las inversiones en mantenimiento, infraestructura y expansión de la red, cuyo costo no puede ser absorbido íntegramente por subsidios estatales. En declaraciones previas al fallo, representantes de SBASE argumentaron que el ajuste en el precio del boleto había sido calculado tomando en cuenta la inflación y los costos operativos del sistema de transporte subterráneo.

**El debate sobre las tarifas del transporte público**

Este fallo no solo afecta a la tarifa del subte, sino que también forma parte de un debate más amplio sobre el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años, los incrementos en los boletos de colectivos, trenes y subtes han sido objeto de controversia, en un contexto donde la crisis económica nacional ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores. Mientras que el Gobierno porteño insiste en la necesidad de aumentar las tarifas para mejorar la infraestructura y sostener los costos operativos, las organizaciones de usuarios denuncian que no se está tomando en cuenta la realidad social y económica de una gran parte de la población.

Además, la decisión judicial genera expectativas en torno a la posibilidad de que otros servicios públicos, como la luz y el gas, enfrenten situaciones similares. Diversos sectores sociales han planteado la necesidad de revisar los aumentos en tarifas de servicios esenciales, que en muchos casos han impactado duramente en los bolsillos de los argentinos.

**Perspectivas futuras**

La medida judicial que retrotrae el boleto del subte a $397 ha traído alivio temporal a los usuarios, pero deja abierta la pregunta sobre cómo financiará el sistema de transporte público en los próximos meses. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como SBASE deberán encontrar un equilibrio entre la necesidad de sostener un servicio eficiente y accesible, y la capacidad de pago de los usuarios en un contexto de alta inflación. Si bien el fallo puede ser apelado, su impacto político y social es evidente, y deja en evidencia las tensiones existentes entre las políticas tarifarias y las necesidades de la población.

Este caso, además, vuelve a poner de relieve la importancia de las audiencias públicas como mecanismos de participación ciudadana en decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de los usuarios. Para muchos, el fallo de Liberatori ha sido una victoria en la defensa de estos derechos.

Fuente: Ejes de Comunicación