Las Fuerzas Armadas ganan poder para enfrentar amenazas terroristas y reforzar el control fronterizo

El Gobierno de Javier Milei amplía el rol de las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo en las fronteras y el espacio aéreo. Una medida que promete mejorar la seguridad, pero que también despierta preocupaciones sobre el abuso de poder y la desconfianza en las instituciones civiles.

En un paso decisivo en el ámbito de la seguridad nacional, el Gobierno de Javier Milei aprobó el 20 de diciembre de 2024 un decreto que otorga a las Fuerzas Armadas la capacidad de intervenir directamente en la defensa contra amenazas terroristas. Esta medida se toma en un contexto internacional marcado por el aumento de ataques de grupos no estatales, lo que ha llevado al país a reforzar su estrategia para proteger las fronteras y el espacio aéreo.

Hasta ahora, las Fuerzas Armadas tenían un rol limitado en cuestiones de seguridad interna, pero con este decreto se amplía su radio de acción, especialmente en áreas de alto riesgo, como las fronteras. Según los detalles del decreto, las Fuerzas Armadas podrán actuar en conjunto con las fuerzas de seguridad para prevenir, detectar y neutralizar amenazas terroristas que pudieran cruzar las fronteras o que intenten infiltrarse por el espacio aéreo argentino.

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó que la medida responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de defensa de Argentina ante el crecimiento de amenazas terroristas internacionales, particularmente aquellas vinculadas con grupos extremistas en la región y en otras partes del mundo. En este sentido, la cooperación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad se presenta como una estrategia integral que involucra a la policía, la gendarmería, y otras agencias de inteligencia.

El decreto también resalta que las Fuerzas Armadas tendrán la facultad de colaborar en el control del espacio aéreo y de las fronteras, ámbitos en los que la presencia de aeronaves no identificadas o movimientos sospechosos podrían representar una amenaza. A partir de ahora, estarán habilitadas para intervenir en situaciones que antes eran competencia exclusiva de las fuerzas de seguridad.

Para algunos sectores, este cambio en la normativa es una respuesta esperada, especialmente después de que crecieran las preocupaciones por la vulnerabilidad del país ante posibles incursiones terroristas. Por ejemplo, en la frontera norte, donde las rutas de contrabando y narcotráfico son frecuentes, la posibilidad de que actores terroristas se aprovechen de la falta de control es una amenaza constante. En este contexto, el decreto busca fortalecer la seguridad en puntos críticos como las provincias del norte, en especial Misiones, Salta, y Formosa.

El Ministro de Defensa, Juan Macín, celebró la decisión y destacó que "es necesario que nuestras fuerzas estén preparadas para enfrentar las amenazas contemporáneas que ya no se limitan a conflictos convencionales, sino que incluyen terrorismo transnacional y ataques a la seguridad interna". Desde su punto de vista, esta ampliación de facultades no solo permitirá defender mejor a Argentina, sino que también abrirá un camino para colaborar con otros países de la región en la lucha contra el terrorismo.

Por otro lado, algunos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el alcance de esta nueva medida, temiendo que pueda implicar un aumento en la militarización de la seguridad interna del país. Sin embargo, desde el Gobierno, se ha asegurado que la intervención de las Fuerzas Armadas será siempre bajo la supervisión de autoridades civiles, como parte de un enfoque colaborativo y estratégico.

De forma paralela a este decreto, también se han reforzado los controles en la región fronteriza. Este aumento en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se considera crucial en un momento en que los países vecinos también se ven amenazados por la violencia terrorista, lo que podría tener repercusiones directas para la seguridad nacional.

El Gobierno, a través de este decreto, da un paso más hacia el fortalecimiento de las capacidades de defensa del país. Con una mirada en la seguridad interna y externa, las Fuerzas Armadas jugarán un papel clave no solo en la defensa del territorio nacional, sino también en la lucha contra amenazas globales que podrían llegar a poner en riesgo la paz y la estabilidad de Argentina. 
 

La medida  genera un amplio debate sobre sus implicancias. A continuación, se presentan los pros y los contras de esta nueva normativa.

Pros

Refuerzo de la seguridad nacional: La ampliación de las facultades de las Fuerzas Armadas se presenta como una respuesta necesaria ante el crecimiento de las amenazas terroristas internacionales. La capacidad de actuar en las fronteras y en el espacio aéreo permitirá una mayor cobertura ante posibles infiltraciones de grupos terroristas, especialmente en una región donde las amenazas globales se vuelven cada vez más complejas.

Mejor coordinación entre fuerzas: La nueva normativa facilita una mayor cooperación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, como la policía y la gendarmería. Este enfoque integral promete mejorar la eficacia en la prevención y neutralización de amenazas, tanto en las fronteras como en el espacio aéreo, permitiendo una respuesta más rápida y coordinada.

Fortalecimiento del control fronterizo: Dada la situación en la frontera norte de Argentina, donde los movimientos de contrabando, narcotráfico y posibles incursiones terroristas son una preocupación constante, el involucramiento de las Fuerzas Armadas puede ofrecer un control más eficiente y una mayor capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad.

Protección ante amenazas externas: En un contexto global en el que los ataques terroristas se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticados, la capacidad de las Fuerzas Armadas de intervenir en cuestiones de seguridad interna representa una adaptación a las nuevas amenazas, alineándose con las prácticas de otros países en situaciones similares.

Colaboración internacional: Con la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas, Argentina podría estar mejor posicionada para colaborar con países vecinos en la lucha contra el terrorismo transnacional. La mejora de los controles fronterizos y la cooperación en temas de seguridad pueden fortalecer la alianza regional en la defensa contra el terrorismo.

Contras

Riesgo de militarización de la seguridad interna: Uno de los mayores temores es que el decreto impulse una militarización excesiva de la seguridad interna, desplazando las responsabilidades de las fuerzas de seguridad tradicionales. Esto podría resultar en un mayor protagonismo de los militares en tareas que históricamente han sido de policía, generando tensiones en la sociedad y en los propios cuerpos de seguridad.

Posible abuso de poder: Con la ampliación de las facultades, las Fuerzas Armadas tendrán una mayor capacidad de intervención en la vida civil, lo que podría generar preocupaciones sobre el uso indebido de su poder. Sin la adecuada supervisión civil y judicial, existe el riesgo de que las fuerzas militares se excedan en sus funciones, afectando derechos humanos y libertades civiles.

Reacciones adversas en la opinión pública: Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación sobre la posible exacerbación de la represión interna y la afectación de derechos fundamentales. La intervención de las Fuerzas Armadas podría ser vista como un retroceso en el proceso de desmilitarización de la seguridad pública, especialmente después de la dictadura militar en Argentina.

Desconfianza en la implementación: La falta de claridad en cómo se llevará a cabo la cooperación entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad genera incertidumbre. Si no se establecen protocolos claros y eficaces, podrían surgir fricciones entre las distintas instituciones encargadas de la seguridad, lo que afectaría la coordinación y eficacia de las operaciones.

Desbalance en la división de poderes: Al otorgar mayores facultades a las Fuerzas Armadas, algunos temen que se fragmente la estructura de seguridad del país y se desdibuje la autoridad civil en temas que deberían estar bajo su control. Esto podría acentuar la percepción de que el poder ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, asume competencias que tradicionalmente no le corresponden.

Fuente: Ejes de comunicación