Milei abrió el RIGI a los proveedores extranjeros
Cambios en el cupo de contratación local.
El Gobierno modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y habilitó a empresas de capital extranjero constituidas y domiciliadas en la Argentina a competir como proveedoras locales. La decisión amplía el universo de firmas que podrán abastecer a los proyectos adheridos y disputar el cupo mínimo del 20% previsto para las contrataciones locales. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma modifica la reglamentación del esquema creado por la Ley Bases y entró en vigencia con su publicación. Hasta ahora, las sociedades debían estar constituidas y domiciliadas en el país y contar con una participación mayoritaria de capital o control societario en manos de personas con domicilio fiscal argentino.
Ese requisito quedó eliminado. Una filial de una multinacional radicada en el país podrá acceder a la categoría de proveedora local aunque todos sus accionistas sean extranjeros. El porcentaje mínimo de contratación permanece en el 20% del monto de inversión destinado a bienes y obras, sujeto a que exista oferta en condiciones competitivas de precio y calidad. Para las empresas argentinas, la modificación supone enfrentar a más competidores por esos contratos, en las cadenas de abastecimiento de la minería y la energía.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que busca favorecer la integración de las compañías instaladas en el país a los grandes proyectos y ampliar la concurrencia de proveedores. Consideró que la composición del capital social, por sí misma, no debe impedir su participación. La condición de la empresa y la procedencia de los productos seguirán teniendo requisitos diferentes. Los bienes deberán cumplir las reglas de origen nacional del Mercosur. Por eso, una sociedad domiciliada en la Argentina que comercialice productos importados no podrá computarlos como nacionales dentro del compromiso de contratación local. Editorial RN
El decreto también introdujo ajustes en los plazos de inversión de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Estableció una fecha límite para alcanzar el monto mínimo global en activos computables y distinguió esa exigencia de los compromisos correspondientes a cada etapa del desarrollo. Otros cambios alcanzan a los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras jurídicas que ejecutan las inversiones. La compra de sus acciones por terceros preservará los derechos del proyecto, aunque el dinero utilizado para adquirir esas participaciones no servirá para acreditar el mínimo de inversión requerido.
Las uniones transitorias y otros contratos asociativos podrán ceder participaciones o incorporar integrantes. Deberán comunicar las operaciones dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. Los nuevos miembros tendrán que asumir los compromisos de inversión y las garantías pendientes.
También se amplían las alternativas para computar divisas aportadas desde el exterior por accionistas y sociedades vinculadas. Los fondos deberán ingresar y liquidarse en el mercado de cambios, destinarse al proyecto y contar con registros contables que permitan verificar su recorrido. El Banco Central establecerá los procedimientos para controlar esas operaciones.
Fuente: Perfil






