Milei mantendrá los planes, pero busca reducir el poder de los piqueteros

El futuro gobierno quiere implementar una auditoría y reducir la intermediación de las agrupaciones; en una primera etapa se sostendrá la asistencia; los reclamos por un bono de fin de año son el primer desafío de las autoridades

Comenzó la cuenta regresiva para el traspaso de mando y el presidente electo Javier Milei se alista para lidiar con un doble reto apenas asuma. Por un lado, pretende poner en marcha un plan de ajuste e impulsar un paquete legislativo con reformas urgentes para corregir los desequilibrios y domar la inflación. Al mismo tiempo, Milei deberá sostener la gobernabilidad, ya que arrancará su travesía en la Casa Rosada con un contexto político y social incierto y una fuerza minoritaria en el Congreso. La relación con las agrupaciones piqueteras y los dos millones de personas que reciben planes sociales será un determinante de su futuro y el nivel de conflictividad. 
Desde su triunfo en el balotaje, Milei patentó la frase "no hay plata" para ratificar su intención de avanzar con una profunda reducción del gasto público. Sin embargo, anticipó que no desmantelará de arranque la red de contención social. Más bien apostará por una suerte de continuidad temporal para transitar la primera fase de ajuste sin sufrir un estallido o que la pobreza -que ya alcanza al 40% de la población- se dispare a un nivel récord. De hecho, avisó que Sandra Pettovello, la futura ministra de Capital Humano, que tendrá bajo su órbita Desarrollo Social, Trabajo y Educación, será la única funcionaria que podrá disponer de fondos extras para atender las demandas del espectro social mientras dure el período de ajuste y de transición para estabilizar la economía. Petto- vello tendrá, en términos de Milei, la "billetera abierta". 
Si bien no prevé eliminar los planes sociales o avanzar en una drástica reducción en el arranque de su gestión -piensa hacerlo de forma progresiva-, Milei prepara un rediseño del esquema actual. Su objetivo primordial es lograr la desintermediación en la asignación de los programas asistenciales para alcanzar mayor transparencia y eficiencia en el reparto de los fondos y, sobre todo, quitarles poder de fuego a las organizaciones sociales. Prometen no tener una actitud concesiva. 
El equipo de La Libertad Avanza que integran Pettovello; el pediatra Pablo de la Torre, un dirigente del conurbano con estrechos vínculos con la Iglesia, que se encamina a ser secretario de Desarrollo Social, y el abogado laborista Omar Yasín, destinado a comandar la secretaría de Trabajo, delinean por estos días los aspectos centrales de la reforma en materia de política asistencial. 
Pettovello, De la Torre y Yasín debaten, ante todo, la estrategia para lograr el corrimiento de las organizaciones sociales con extremo hermetismo, a sabiendas de que deberán lidiar con las organizaciones piqueteras más combativas a la hora de revisar la entrega de fondos. Preocupa el control de la calle ante las amenazas de protesta. Fuentes al tanto de las discusiones internas anticipan que evalúan distintas opciones para que el Estado pueda entregar la ayuda social de manera directa. En principio, analizan la chance de que la asistencia se otorgue a través de una tarjeta. Entre las principales medidas que piensan impulsar está la transformación del plan Potenciar Trabajo -que tiene más de 1.250.000 beneficiarios, según fuentes oficiales- en programas de empleo, formación profesional y capacitación. A su vez, procuran avanzar con auditorías apenas asuman para evitar irregularidades en el reparto, exigir la contraprestación de trabajo y establecer una temporalidad. Además, De la Torre, quien ya mantuvo dos reuniones con Victoria Tolosa Paz para encarar la transición, habló de la necesidad de atender las condiciones sociales de la primera infancia. Por eso, propuso construir los Centros de Infancia y Familia, donde concentraría la inyección de fondos. 
Yasín, apadrinado por Jorge Triaca, y De la Torre, hermano de Joaquín, senador provincial y exintendente de San Miguel, trabajan en tándem en una reorganización del sistema actual, que cuenta con más de cien planes sociales en la cartera de Tolosa Paz. En especial, les urge atender el traspaso del programa Potenciar Trabajo del área de Desarrollo Social a la cartera laboral, una medida que oficializó Sergio Massa el pasado 31 de octubre, a través del 565/2023, y que entrará en vigor a partir del próximo 1° de enero. Esa modificación del sistema establece que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo tendrán capacitación laboral obligatoria. 
El seguro de desempleo, especulan, no integraría el capítulo laboral de la ley ómnibus de Milei. "En esta primera instancia apuntamos a la simplificación de la registración del trabajo y el tema de la eliminación de las multas", aseguran. 
A la espera de señales La cautela y la incertidumbre marcan los días de las organizaciones sociales durante la transición. Expectantes, aguardan tener señales más claras sobre cómo el nuevo gobierno va a implementar los lineamientos -muy generales- que esbozó hasta ahora en materia social: mantener la asistencia para con los ?caídos? -tal como precisó el presidente electo- y ?transparentar? el proceso eliminando la ?intermediación? de los movimientos sociales en el reparto de los planes sociales. 
En principio, la drástica reducción del gasto público encontraría un freno en el área social y el "no hay plata" no comprendería al auxilio estatal para con los sectores más postergados. Sin embargo, esto no lleva tranquilidad a las agrupaciones sociales, que miran con desconfianza la llegada y los primeros mensajes de un gobierno. 
La eliminación de la "intermediación" que ejercen las organizaciones con los planes, uno de los lineamientos del gobierno entrante, es relativizada por algunos de los referentes sociales. Entienden que la mediación no es tal y que el papel de las organizaciones "va mucho más allá" del manejo de planes sociales. "Los intermediarios son los punteros de los municipios contra los que luchamos en cada barrio", apunta Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, que pide la universalización de la asistencia para cortar de cuajo con la intermediación. 
 

Fuente: La Nación