Moyano pidió la renuncia del líder de la UTA y tensa más la interna
El líder de Camioneros dijo que Roberto Fernández debe irse del gremio. Justificó los violentos incidentes.
Después de los violentos incidentes que produjo el lunes un sector opositor en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Hugo Moyano los justificó y pidió la renuncia de su líder gremial, Roberto Fernández, profundizando la crisis en el sector gremial peronista, con impacto directo en la relación entre Moyano y el gobierno de Alberto Fernández.
"En los últimos años, hubo elecciones que fueron lamentables. Estos muchachos no pudieron participar de la elección", dijo Moyano, a radio La Red, para justificar la toma y destrucción de la sede de la UTA.
Se trata de "un reclamo justo. Si yo fuera Roberto Fernández ya me hubiese ido, hubiera presentado la renuncia. La gente no actúa por casualidad", agregó el líder del gremio de los Camioneros, pese a que negó tener participación en los incidentes contra el titular de la UTA.
En cambio, la Confederación General del Trabajo (CGT) se solidarizó con el líder de la UTA y expresó su "más enérgico repudio a los hechos violentos y vandálicos". La CGT, liderada por Héctor Daer y Carlos Acuña, rechazó "la intrusión de grupos violentos en la sede de la UTA, la destrucción del patrimonio de todos los trabajadores y la puesta en riesgo de la integridad física de los allí presentes".
En un comunicado, la organización que representa a los trabajadores se solidarizó con Roberto Fernández y toda la comisión directiva de la UTA, "víctimas de la violencia irracional de quienes pretenden arrasar con la institucionalidad del sindicato".
Desde el Gobierno señalaron a Clarín que resolvieron no intervenir en el conflicto, porque consideran que "es un conflicto a todas vistas violento, entre dos sectores internos por el control y la disputa de poder del sindicato", dijeron fuentes oficiales.
Es que 11 personas resultaron heridas este lunes por los violentos enfrentamientos entre un sector opositor, liderado por Miguel Bustinduy -ex secretario de Organización de la UTA-, y la conducción del gremio, que responde a Fernández. Esos enfrentamientos provocaron también la destrucción de la sede gremial, en el barrio porteño de Balvanera.
Durante esos incidentes, el propio Fernández tuvo que refugiarse en los techos de Moreno al 3000, para evitar las agresiones de decenas de gremialistas que ingresaron al edificio por la fuerza. Y un hombre fue detenido "con una pistola calibre .9 milímetros con una inscripción de la Policía Federal", dijeron fuentes policiales.
Facundo Moyano, hijo de Hugo y diputado del Frente de Todos, acusó a Roberto Fernández de carecer de "legitimidad" en su gremio y "esconderse" detrás de "estatutos con cláusulas imposibles de cumplir y la complicidad del gobierno para conservar su lugar".
La relación entre el Gobierno y la familia Moyano se enrareció, luego de que Alberto Fernández resolviera no aceptar las presiones para designar a su asesor Guillermo López del Punta como uno de los principales funcionarios del Ministerio de Transporte. Incluso el ministro Mario Meoni designó como su jefe de gabinete al asesor de la UTA, Abel De Manuele.
El conflicto se desató este lunes, cuando los dirigentes gremiales enfrentados a Roberto Fernández realizaron un paro sorpresivo en 60 líneas de colectivos, principalmente de la empresa DOTA, ligada al gremialista Bustinduy, que afectó a cientos de miles de pasajeros; cortaron algunas calles y quisieron tomar por la fuerza la sede nacional de la UTA.
De hecho, este martes todavía había muchas líneas de colectivos que seguían afectadas por el segundo día de paro en DOTA y otras empresas satélites, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; aunque otras líneas comenzaron por la tarde a restablecer el servicio.
"Puede haber sanciones ante el incumplimiento de la empresa de colectivos DOTA, por la no prestación del servicio", aseguraron fuentes del Gobierno. Y señalaron que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte está "fiscalizando el caso", para analizar la aplicación de sanciones.
Fuente: Clarín
