Procesaron a Spagnuolo por asociación ilícita, fraude y sobornos en la Andis

El juez Casanello sostuvo que la Agencia fue "empleada como vía de enriquecimiento" por funcionarios y empresarios. La acusación y los embargos alcanzan a otras 18 personas

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. 
También lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una "asociación ilícita" que cooptó la Andis para enriquecerse, según la hipótesis que sostiene el fallo de Casanello. Los otros supuestos jefes de esa banda, también procesados en el mismo fallo, son Daniel Garbellini -ex número dos de la Agencia-, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. 
Calvete y Atchabahian, dos hombres vinculados a droguerías y con un pasado en distintas gestiones políticas, habrían direccionado las decisiones de la Andis desde afuera, con funcionarios que infiltraron y coordinación con la cúpula del organismo. Según las pruebas de la causa, digitaban licitaciones y pagos irregulares a una serie de empresas. Ese "esquema de "direccionamiento y sobreprecios" -dijo el juez- "tuvo su contracara en el pago de sobornos" a funcionarios. 
Quien pagaba las coimas era Calvete; a veces, a través de terceros. Spagnuolo recibió -siempre según la investigación judicial- cinco millones de pesos en efectivo el 11 de junio pasado, pero además le saldaron deudas que el entonces funcionario tenía con una mueblería que le hizo trabajos para su casa; entre ellos, una mesa. Los pagos al mueblero fueron tres, suman 9.970.000 pesos y los canceló la firma Indecomm SRL (de Calvete). En esa casa, del barrio cerrado Altos de Campo Grande, en Pilar, Spagnuolo hizo además obras por unos 55.000 dólares. Casanello sospecha que la pagó con lo recaudado en sobornos porque son gastos que no se condicen con sus ingresos y porque lo abonó en efectivo. Pero el juez cree además que los sobornos eran tan fluidos que Calvete manejaba una masa de dinero adjudicada a Spagnuolo de la que le "descontaba" (tal era el verbo que usaban en sus chats) los gastos que iba pagando el exfuncionario. 
El fallo da por probado que al menos otros dos funcionarios cobraron también coimas de Calvete a cambio de manipular las contrataciones del Estado. 
En total, los procesados por Casanello fueron 19. A todos, además, les embargó sus bienes. El embargo más alto fue el de Spagnuolo, de 202.828.725.464 pesos. La lista de los procesados incluye a exfuncionarios y empleados de la Andis y a privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia. 
Durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó, según el juez, "un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos". 
"La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad", afirma el fallo de Casanello. 
Pero en el final de su resolución el juez advierte que los delitos podrían haber sido más y que las responsabilidades podrían escalar a "otro nivel de complicidades".
Los audios de Spagnuolo 
La causa se inició en agosto pasado, por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón basada en notas periodísticas. El caso había estallado públicamente horas antes, cuando se difundieron audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo dice que Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le "metió" al funcionario "más importante de todos" (en aparente alusión a Garbellini, que era su número dos) y que lo hizo "para chorear". Habla, además, de que el 3% sería para Karina y de que Javier Milei fue advertido por él de lo que estaba pasando. 
Estos audios no fueron usados como prueba por el fiscal del caso, Franco Picardi, ni por el juez Casanello, que no los menciona en su fallo de ayer. 
La defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker (de la droguería Suizo Argentina) sostuvo que son grabaciones de origen ilícito y reclamó, por eso, que toda la causa fuera declarada nula. 
 

Fuente: La Nación