Tras los recortes a los gobernadores, ahora Milei va por los fondos que financian a los gremios

En su disputa con la CGT, el Gobierno planea extender el ajuste a la caja que financia a las obras sociales sindicales. Peligran servicios médicos clave.

Javier Milei está decidido a extender la carga mayor del ajuste sobre los sectores políticos que resisten sus medidas y los lineamientos centrales de su administración. Ya lo comprobaron los gobernadores la semana pasada cuando el Ejecutivo nacional recortó las transferencias discrecionales, subsidios al transporte y fondos para educación tras la caída de la Ley Ómnibus que el Congreso. Pero no son los únicos. Milei también aplicará la motosierra al sindicalismo: prevé una fuerte reducción de los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales sindicales que administran los principales líderes de la CGT. 
Tras el paro general que la central obrera concretó el último 24 de enero, el más rápido dispuesto contra un gobierno desde el retorno de la democracia, el Presidente aceleró en su ofensiva contra la pata gremial de lo que agrupa bajo la categoría de la "casta" y, a través de mensajes informales de funcionarios de su administración, anticipó a los gremios el nuevo recorte que, en parte, ya se puso en marcha: el Gobierno no giró en enero a las prestadoras sindicales unos $ 5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo. 
Pero el ajuste es mucho más amplio y amenaza afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. Según la previsión del Gobierno, adelantada a los sindicalistas, se proyecta una reducción de alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que actualmente se destinan para pagar los servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a financiarlos con recursos propios. 
"Si avanzan con el recorte vamos ir a la Justicia a frenarlo", alertan como respuesta desde la cúpula de la CGT en línea con la contraofensiva judicial que ya pusieron en marcha algunos gobernadores tras la eliminación de los subsidios al transporte y del fondo de incentivo docente. 
En la central obrera recuerdan que desde hace años presionan para que el Estado asuma en forma directa el costo de esos servicios para evitar desfinanciar el FSR, cuyo destino original era el de pagar los tratamientos más costosos. Para eso durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa lograron incluir en el Presupuesto 2023 una partida específica de $132.000 millones para costear los rubros de discapacidad por fuera del FSR, pero hasta diciembre solo se transfirieron $ 70.000 millones. 
La gestión de Milei ya les anticipó que no continuará con esas transferencias. Ahora a esa decisión se suma que sus propias prestadoras deberán pagar una parte de los servicios. 
 

Fuente: Clarín