La intendenta de La Rioja fue a la Corte por los fondos para el municipio

La ciudad capital y el gobierno de la provincia se encuentran en conflicto

La intendenta radical Inés Brizuela y Doria demandó ante la Corte Suprema de Justicia a la provincia de La Rioja para conseguir que el gobernador peronista Ricardo Quintela le envíe fondos coparti- cipables para hacer frente al pago de sueldo de los estatales. Los trabajadores mantienen desde hace un mes en vilo a la ciudad, con un intento de toma del palacio municipal, el copamiento de las oficinas públicas, basura sin recoger, forcejeos, heridos y denuncias de inacción policial yjudicial. 
El conflicto creció al punto que intervinieron los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio, que pidieron la intervención del presidente Alberto Fernández. 
El gobierno provincial asegura que no tiene fondos para pagar sueldos porque la intendenta pasó a planta permanente a 2.500 empleados. Pero Brizuela y Doria acusó al gobernador Quintela de haber orquestado "un plan sistemático de acciones violentas". 
Representada por el abogado cordobés Antonio María Hernández, Brizuela y Doria acudió a la Corte con un recuso de amparo en el que solicitó "restablecer los órdenes constitucionales federal y provincial, que aseguran la autonomía municipal", que fue "vulnerada por las autoridades de las provincia de La Rioja en sus aspectos institucionales, políticos, financieros y administrativos". 
La intendenta se quejó de que ?el accionar ilegítimo y arbitrario? de la provincia provocó "asfixia financiera" a la comuna "con el objetivo de detraer fondos de la coparticipación impositiva que le corresponden" y creó un "estado de abandono y de exposición al peligro del Municipio, sus dependencias y establecimientos, sus bienes y su personal". 
Además, denunció que la actuación del gobernador creó "una verdadera zona liberada para la comisión de delitos" porque la policía provincial y la justicia demuestran "pasividad e inacción frente a los graves hechos de violencia y las múltiples agresiones y amenazas producidas por grupos de personas que han tomado por la fuerza y ocupado edificios municipales". 
En la misma línea, la presentación del municipio riojano indica que la actuación provincial implica "una verdadera intervención de facto del municipio, al apropiarse y tomar a su cargo los servicios municipales (como viene ocurriendo con el servicio de transporte urbano de pasajeros, el asfaltado de calles de la ciudad, el diseño urbano, la apropiación y disposición de inmuebles municipales". 
Antes de la presentación de esta demanda ante la Corte, el gobernador Quintela se reunió días atrás con el jefe de gabinete Juan Manzur, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y hasta con el presidente Fernández, pero tras esos encuentros voceros oficiales dijeron que no le iban a transferir fondos especiales. 

Fuente: La Nación