Quejas en Tierra del Fuego por el control del puerto de Ushuaia

Crecen los reclamos laborales del sector turístico por la intervención de la Nación. Advierten que se favorece a Chile.

La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia. 

Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada. ?Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro?, sostuvo en declaraciones radiales. 

El gobierno provincial, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo por la falta de información oficial. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control. 

El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor, designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación junto a Fernando Ariel Polizzi, extitular del PAMI fueguino y alineado con el senador libertario Agustín Pedro Coto. 

?El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía?, dijo a LA NACION el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez. 

Remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos junto a la Nación para futuras reparaciones. ?Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto; tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que solo canceló una temporada?, dijo. 

?Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. No hay comunicación con la intervención. Ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto; es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación?, argumentó. 

La amenaza del hantavirus: ?Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados desde enero a la fecha?, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero. ?Se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras?, agregó. 

Preocupa que los barcos migren a Chile. ?Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia, que, en vez de estar parando acá, eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas?, enfatizó Ramírez.

Fuente: La Nación