Síntesis del Día
Una agresión a un diputado libertario en Tucumán, definiciones políticas en el oficialismo y un fallo judicial que mantiene vigente la reforma laboral marcaron una jornada atravesada por tensión política y anuncios económicos.
Un episodio de violencia sacudió la agenda política en Tucumán. El diputado de La Libertad Avanza Federico Pelli fue agredido con un cabezazo por un empleado del ministro provincial Darío Monteros, lo que derivó en su hospitalización. El hecho generó fuertes repercusiones políticas y reclamos de esclarecimiento.
En la escena nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel buscó bajar el tono de su disputa con el presidente Javier Milei y aseguró que se mantendrá prescindente de internas políticas. En paralelo, Karina Milei se refirió al conflicto en la AFA y sostuvo que, si se comprueban irregularidades, los responsables deberán responder ante la Justicia.
También hubo explicaciones desde el Gobierno por la polémica en torno al viaje de la esposa de Manuel Adorni a Estados Unidos. El jefe de Gabinete afirmó que la acompañó en el avión presidencial sin generar costos adicionales para el Estado. En tanto, la Unión Industrial Argentina expresó preocupación por el tono de las críticas presidenciales al empresariado y advirtió sobre su impacto en el clima de negocios.
En el plano judicial, la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral y mantuvo vigente la Ley de Modernización Laboral 27.802, que incluye cambios como el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, presentó un escrito en Comodoro Py negando la existencia de delito en la causa que lo investiga.
La jornada también dejó señales económicas relevantes. TGS anunció una inversión histórica de USD 3.000 millones para desarrollar líquidos de gas natural entre Neuquén y Bahía Blanca. A la vez, en la Argentina Week de Nueva York empresarios y gobernadores destacaron el potencial del país para atraer inversiones, con elogios a la agenda económica del Gobierno y al marco de seguridad jurídica.
