Síntesis del Día
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio tras presentar su postergada declaración jurada de bienes, admitiendo la existencia de ahorros en moneda extranjera no declarados generados en la actividad privada, aunque descartó su renuncia y ratificó el respaldo absoluto del presidente Javier Milei. La jornada institucional registró además el acuerdo entre el Ejecutivo y los rectores universitarios para un incremento salarial superior al 26% y la suspensión unánime del juez federal Gastón Salmain por parte del Consejo de la Magistratura.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció públicamente, en una nota con José del Río en La Nación+, haber incurrido en un "error" en sus presentaciones fiscales al omitir ahorros en dólares que su grupo familiar generó en el ámbito privado bajo la condición de no registrados, vulgarmente denominados "en negro". El funcionario justificó la evolución de su patrimonio mediante una serie de inversiones tempranas en criptomonedas (Bitcoin) ejecutadas entre los años 2013 y 2018, al tiempo que se comprometió a abonar las multas, tasas e intereses punitorios ante los entes recaudadores federales. Adorni enmarcó los cuestionamientos en una supuesta campaña de desprestigio dirigida contra la administración de Javier Milei y desestimó de forma tajante un alejamiento de su cargo, amparándose en el apoyo político explícito del primer mandatario nacional en medio de las actuaciones que instruye la justicia penal ordinaria.
En el plano de la gestión civil y sectorial, el Gobierno nacional logró destrabar un crítico frente de conflicto que arrastraba dos años de parálisis institucional. Las autoridades del Ministerio de Capital Humano y los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sellaron una recomposición salarial superior al 26% para el personal de las casas de altos estudios, reactivando las mesas técnicas de negociación colectiva; no obstante, los rectores advirtieron que el entendimiento salarial constituye un paso parcial que no resuelve de manera integral el desfinanciamiento operativo de los laboratorios y el mantenimiento de la infraestructura edilicia. El pacto sectorial coincidió con un renovado aval de los mercados internacionales: una de las agencias globales de riesgo crediticio elevó la nota soberana de la deuda argentina al rango "B-/B" para facilitar el acceso al financiamiento voluntario, mientras que la calificadora Moody's otorgó la nota máxima local de "AAA" al perfil financiero de la Ciudad de Buenos Aires. Esta mejora de los indicadores macroeconómicos contrastó con la realidad industrial pesada: la siderúrgica Acindar volvió a paralizar su producción de acero por el desplome de la obra civil y el consumo privado, afectando de manera directa a 200 operarios, al tiempo que YPF resolvió discontinuar su línea de producción de insumos químicos clave para la industria nacional de detergentes.
El plano legislativo y de los tribunales federales procesó debates de alta sensibilidad partidaria. Al cumplirse el primer año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, un bloque unificado de diputados y senadores del peronismo presentó un escrito de queja ante la Corte Suprema de Justicia para denunciar la supuesta proscripción política de la exmandataria y cuestionar las estrictas condiciones de su arresto domiciliario, una postura que fue refrendada en términos institucionales por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En los pasillos de Comodoro Py, la actualidad penal reportó que el juicio oral contra el exministro Julio De Vido por el caso Odebrecht ingresó en sus alegatos finales con un pedido de pena de cuatro años de prisión efectiva, mientras que el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad suspender y enviar a juicio político al magistrado federal de Rosario, Gastón Salmain, acusado de recibir coimas sistemáticas a cambio de resoluciones judiciales. El día cerró con un enérgico reclamo del Hospital Garrahan dirigido a la conducción de IOMA por una deuda acumulada de $8.278 millones en prestaciones de alta complejidad, y con un pedido formal de la Cámara Argentino-China al ministro Luis Caputo para que encabece una misión oficial a Beijing con el objetivo de destrabar inversiones en infraestructura pesada y frenar las nuevas restricciones aduaneras impuestas por la Unión Europea.
