Síntesis del Día
La Corte Suprema de Justicia ratificó de forma firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la ley de financiamiento universitario, un fallo celebrado por la UBA en medio de la parálisis de gestión. En el plano legislativo, el oficialismo logró que se cayera la sesión en el Senado destinada a interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya continuidad sigue siendo incierta, mientras la CGT formalizó un plan de lucha con un nuevo paro nacional sin fecha. En materia económica, la privatización de Intercargo quedó desierta y se conoció un cierre récord de más de 26.000 empresas en la era libertaria.
El conflicto por el presupuesto educativo sumó una ratificación judicial de peso. La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar de manera efectiva la ley de financiamiento universitario, consolidando la vigencia de la obligación legal. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) celebraron de inmediato el dictamen y recalcaron la trascendencia de sostener la disputa por el cumplimiento irrestricto de la norma. Esta resolución judicial coincide con un fuerte revés en la agenda de reformas del Palacio de Hacienda: el proceso de privatización de la empresa estatal de asistencia en tierra Intercargo fue declarado desierto al no registrarse ofertas de compra, lo que obligará al Gobierno a reevaluar su estrategia de venta, todo esto en un contexto donde el dólar oficial se sostiene en máximos del año y los registros productivos encienden alarmas tras confirmarse el cierre récord de 26.448 empresas durante la gestión de Javier Milei, de las cuales el 98% corresponde al sector pyme.
En el escenario parlamentario y de política partidaria, el oficialismo logró ganar oxígeno frente a la fuerte embestida de la oposición y el sindicalismo. La sesión especial en el Senado destinada a interpelar a Manuel Adorni ?cuya continuidad en la primera línea de la administración central es foco de una marcada incertidumbre? se cayó por falta de quórum. En paralelo, el Ejecutivo avanzó con la designación de 35 nuevos magistrados pero excluyó deliberadamente el pliego de María Verónica Michelli, principal eje de discordia en la Cámara Alta. La tregua legislativa contrasta con la creciente tensión gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), que anunció formalmente la puesta en marcha de un plan de acciones directas contra el rumbo del Gobierno que desembocará en un nuevo paro nacional sin fecha definida. Asimismo, la interna de la oposición aliada sintió el impacto del escenario nacional con la renuncia de Esteban Bullrich al PRO, quien se alejó con duras críticas hacia la protección política brindada a Adorni por parte de ciertos sectores del espacio.
Por último, la agenda internacional y el frente judicial de seguridad sumaron novedades determinantes. En materia de política exterior, la Cancillería argentina avanza en los preparativos logísticos para el despliegue de una misión de Cascos Blancos hacia Venezuela, con el fin de brindar asistencia humanitaria tras el devastador terremoto que provocó 164 muertes y casi un millar de heridos; a la par, el canciller Pablo Quirno formalizó ante las Naciones Unidas una denuncia por la militarización de las Islas Malvinas y exigió al Reino Unido reanudar los canales de negociación bilateral. En los tribunales, las fuerzas de seguridad federales lograron la captura de Eduardo Muñoz, líder del clan criminal imputado por la emboscada y asesinato de un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), en un procedimiento que sumó otros cuatro familiares detenidos. Finalmente, la causa de los Cuadernos de las Coimas arrojó novedades al confirmarse la operatoria de facturación apócrifa de una firma constructora imputada por el pago de retornos ilegales ligados a una obra civil inconclusa en el yacimiento de Río Turbio.
